Catalunya recibirá 4.700 millones de euros con el nuevo sistema de financiación: ¿Son suficientes para resolver sus problemas presupuestarios?

El nuevo modelo de financiación presentado este miércoles a las comunidades autónomas les inyectará a partir de 2027 casi 21.000 millones de euros adicionales, de los cuales unos 4.656 millones de euros irán destinados a las arcas catalanas. El plan pactado entre el Gobierno y ERC busca renovar un esquema caducado desde hace más de una década y, según las líneas trazadas, no será Catalunya el territorio más beneficiado, sino el cuarto, por detrás de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. Tres autonomías gobernadas o bien por el PP o por Emiliano García Page, tremendamente crítico con lo que ha considerado una cesión sin ambages para con Catalunya.

Más allá del debate sobre si el nuevo sistema de financiación -que no está claro que logre los apoyos parlamentarios suficientes para prosperar- blinda o no la ordinalidad o si ahonda o no en la equidad del reparto, ¿son suficientes esos casi 4.700 millones de euros para resolver los problemas presupuestarios de Catalunya? Los tres expertos consultados para este reportaje consideran que no, ni por asomo, si bien dos de ellos también conceden que es un avance y que con la cantidad de recursos que le quedará a la autonomía después de corregir anomalías contables como el déficit sanitario encubierto, "se pueden hacer maravillas".

“No hay ninguna administración del mundo que considere suficientes una nueva transferencia de recursos”, afirma el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. Partiendo de esa premisa, ¿son muchos o pocos 4.686 millones de euros? “Para empezar tenemos que hacer un acto de fe y confiar en la palabra de la ministra de Hacienda, porque la información disponible sobre los detalles del nuevo modelo es muy poca”, se lamenta el economista y presidente del Observatori de la Pime de Pimec, Oriol Amat.

Dando por buenos esos casi 4.700 millones de euros, los mismos implicarían un refuerzo significativo para las arcas catalanas. Para ponerlo en contexto, el techo de gasto aprobado por la conselleria de Economia para los presupuestos de la Generalitat de este año proyecta una cifra de 40.254 millones de euros. Por lo que el refuerzo prometido implica un incremento de cerca del 12% en los caudales.

¿Suficientes?

¿Serán suficientes? “Ni por asomo”, sentencia el catedrático de la UPF Guillem López Casasnovas. Solo en las facturas del sistema sanitario público que cada año se pasan al ejercicio posterior por incapacidad de pagarlas durante el año en curso ya se irían entre 2.500 y 3.000 millones de euros, según explica. Datos en los que coincide su colega Oriol Amat. “Es insuficiente”, apunta, mientras recuerda que, según los últimos cálculos elaborados por la propia Generalitat en 2021, el déficit fiscal con el Estado asciende a unos 22.000 millones de euros anuales. Es decir, el refuerzo no cubre en este sentido ni la cuarta parte.

“Pero no por ello debemos rechazarlo, al contrario, debemos intentar mejorarlo durante el trámite parlamentario”, insiste, optimista. Un elemento que destaca como capital es la propuesta de crear un consorcio conjunto entre Estado y Generalitat mediante el que el primero ingrese en una cuenta bancaria todo el dinero presupuestado para infraestructuras en Catalunya, pero finalmente no ejecutado, un problema habitual y que puede dotar de inyecciones extraordinarias a futuro a las arcas catalanas.

Preguntados estos economistas sobre cuáles serían sus prioridades de gasto para los millones sobrantes tras tapar ese ‘agujero’ del sistema sanitario, ambos coinciden en recomendar pocas partidas, pero nutridamente reforzadas para así generar un impacto real, tangible y significativo. “Yo reforzaría la salud mental, es un servicio donde la Administración tiene todavía poca presencia y cubre problemas bastante transversales”, sostiene Casanovas. Amat es partidario de reforzar las políticas de juventud, como apoyar la compra de vivienda, o invertir en infraestructuras.

El efecto dominó sobre los impuestos

El acuerdo entre el PSOE y ERC, si llega a aplicarse, representará un apuntalamiento del estado de las autonomías, con esos casi 21.000 millones de euros de refuerzo. Refuerzo que saldrá de las arcas estatales, algo que, en opinión del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, no es buena idea. “Es en el Estado dónde hay un mayor déficit y dónde más subirá, con el incremento esperado en el gasto en defensa y pensiones”, afirma.

Según los últimos datos de ejecución presupuestaria ofrecidos por Hacienda, el déficit –entendido como gastar más de lo que se ingresa- estatal equivale al 1,9% del PIB, mientras que las autonomías están en un superávit del 0,2% del PIB.

Los expertos consultados coinciden en que inyectar más recursos desde el Estado hacia las autonomías en un escenario de crecimiento económico y aumento de la recaudación no representa un problema inmediato, pero sí puede tener sus efectos a largo plazo, especialmente cuando el ciclo se invierta y la economía, en un momento u otro, se contraiga. Entonces solo hay dos opciones: o recortar gasto o subir impuestos, apuntan.

El segundo escenario explica, en opinión de López Casasnovas, la posición especialmente crítica de la patronal Foment del Treball con el acuerdo. Pues Catalunya no ha recibido suficientes recursos como para permitirse bajar impuestos –una histórica pretensión de la patronal- y a futuro el Estado puede tener que aplicar incrementos de sus tributos.

El director ejecutivo de Fedea considera que una de las partidas de gasto que se verán afectadas, por su gran magnitud, serán las pensiones, una materia en la que su entidad ha sido muy crítica con las reformas del actual Gobierno. La Seguridad Social arrastra un déficit en el sistema contributivo y, para cuadrar las cuentas, o bien se reducen o se frena su aumento a futuro, según afirma De la Fuente.

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