Catalunya obligará a los propietarios a informar del precio máximo de un alquiler y si el piso es de un fondo de inversión

El Govern quiere reforzar la transparencia informativa en los contratos de alquiler, blindado por ley obligaciones que se han ido desplegando en materia de vivienda. Los propietarios de pisos para alquilar deberán informar a sus potenciales inquilinos de cuál es el precio máximo que les pueden cobrar según la zona donde esté ubicada la vivienda y si dicho piso es de un gran arrendador o no. Esta es una de las nuevas obligaciones en materia de vivienda que pretende introducir el Govern a través de sus nuevos presupuestos para 2026, tal como recoge la ley de acompañamiento de las cuentas públicas registrada en el CTESC y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El proyecto de cuentas públicas va cogiendo forma y la conselleria de Economia, a falta todavía de un acuerdo con las fuerzas políticas para llevarlo al Parlament, ya ha iniciado los primeros trámites. Uno de estos es llevar a examen el anteproyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público ante los agentes sociales.

Dicho documento contiene, entre muchos otros, una simplificación del sistema de tasas, mediante la que elimina 19 de las existentes y crea tres nuevas para unificar tributos.

Uno de los campos en los que mayores novedades incluye el proyecto de cuentas del Govern es en materia de vivienda. El Ejecutivo pretende ampliar la información disponible para el inquilino y establece las obligaciones mínimas del casero a tal respecto: "el precio máximo aplicable según el sistema de contención de rentas, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética, y la indicación de si la propiedad es gran tenedor", desglosa el documento.

Para los grandes caseros se especifica una limitación adicional en materia de precio. El arrendamiento que este cobre solo podrá ser el menor entre el índice de referencia y la última renta vigente. En este sentido, para reforzar la capacidad de control de la administración, el propietario deberá registrar ante el Incasòl no solo el contrato de alquiler, sino también el certificado del precio de referencia que se le aplica al mismo.

Sanciones de hasta 12.000 euros

No cumplir con estas obligaciones en materia informativa será considerado como infracción grave, lo que implicará una sanción de entre 6.000 y 12.000 euros, tal como está recogido en la ley de vivienda de 2007.

El Govern también pretende aumentar la oferta de pisos de alquiler disponibles en el mercado penalizando a los propietarios que tengan viviendas vacías. En este sentido, los cambios planteados persiguen facilitar la inspección y el control del impuesto sobre las viviendas vacías y "reforzar la capacidad municipal de aplicar los recargos del IBI previstos en la normativa de haciendas locales".

Estas medidas buscan apuntalar la contención de precios de un mercado del alquiler disparado durante los últimos años y que ha generado una crisis habitacional entre la población de las grandes ciudades. Según los últimos datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), referentes al segundo trimestre de 2025, el importe del contrato medio se situó en 854,7 euros al mes, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 827,8 euros. Unos precios que se ceban particularmente con los colectivos más vulnerables y provocan, entre otros, que el alquiler en Barcelona ya devore el 80% del sueldo de un menor de 30 años, según recoge el último informe de Eurofound.

El anteproyecto que ha remitido el Ejecutivo catalán a los agentes sociales también incluye otras medidas que ya ha ido desplegando. Es el caso de los concursos de suelo público para construir miles de viviendas de alquiler asequible, a través de una agilización de los permisos y flexibilización de los mismos. La semana pasada la conselleria de Territori ya lanzó una convocatoria, pionera en el Estado español, para movilizar solares municipales mediante concesiones a 75 años. El objetivo es crear un parque de vivienda que será siempre público.

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