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Financiación autonómica

La Generalitat calcula que ingresará 1.700 euros más por catalán con el nuevo modelo de financiación

Recaudación inmediata, incentivos contra el fraude fiscal y ausencia, por el momento, de recaudación del IRPF son las claves del nuevo sistema

DIRECTO | Última hora de la nueva financiación de Catalunya

CLAVES | ¿Qué han pactado Sánchez y Junqueras? Las claves de la nueva financiación con "singularidad" catalana

La consellera de Economía, Alicia Romero.

La consellera de Economía, Alicia Romero. / EP

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
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La Generalitat de Catalunya pasará a ingresar unos 1.700 euros adicionales por catalán a partir de 2027 si se materializa el nuevo modelo de financiación. Si con el actual esquema percibe unos 3.400 euros por habitante, tras aplicar las nuevas normas, teniendo en cuenta la mayor recaudación y una vez entren en vigor las nuevas condiciones, a partir de 2027 pasaría a ingresar del Estado una cifra aproximada de 5.100 euros por ciudadano. Eso, si el Gobierno y sus aliados logran los apoyos parlamentarios suficientes.

Así se deriva de los cálculos compartidos entre el Govern y ERC, una vez la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho público este viernes algunos detalles de su propuesta para reformar el modelo de reparto de fondos, caducado desde hace más de una década.

El nuevo modelo permitiría a Catalunya una recepción inmediata de los recursos recaudados por Hacienda y más incentivos para practicar una política eficiente contra el fraude fiscal pero con ausencia, por el momento, de recaudación del IRPF, entre otros.

4.600 millones más a la caja

Una de las claves del sistema que presentará formalmente la semana que viene Hacienda a las autonomías es un nuevo indicador, mediante el que se calculará, entre otros, cómo distribuir los fondos. Se denomina "población ajustada" y permite adecuar el volumen de ingresos que el Estado transfiere a cada autonomía, no solo en función de la gente que allí vive, sino también de las competencias que su administración gestiona, el grado de municipios en riesgo de despoblación, si es una isla o no, el volumen de niños, etc.

Lo que no incluye este indicador es el coste de la vida diferenciado de cada territorio, algo que ambicionaba ERC y que no ha logrado.

Este nuevo sistema de cálculo explica que el Govern vaya a incrementar en 1.700 euros por habitante sus ingresos, pues si se aplicara un cálculo bruto en base a la población real, los ocho millones que residen actualmente en Catalunya, el euro por habitante sería sustancialmente menor.

Esta, junto a otras piezas, es clave para consolidar lo que se conoce como el principio de ordinalidad. Es decir, que si un territorio es el tercero que más aporta a la caja común, como es el caso de Catalunya, sea el tercero también en recibir. Algo que si se aplica el baremo de la población real no pasa, puesto que en la actualidad Catalunya es la décima autonomía en recursos recibidos por habitante.

Bajo ese nuevo cálculo, Catalunya es uno de los territorios que sale beneficiado. El Estado inyectará 20.975 millones de euros de sus fondos a las autonomías, reforzando sus presupuestos y sacrificando de su parte de iniciativa propia de inversión. Un apuntalamiento del estado de las autonomías o, en palabras de ERC, una "corrección de un desequilibrio que se ha ido generando desde 2013", periodo en el que el Estado ha ingresado mucho más que las autonomías.

De ese monto de recursos adicionales, a Catalunya le tocarían unos 4.685 millones de euros. Un presupuesto que implicaría un incremento de recursos finalistas del 13%. La inyección, si logra superar las numerosas dificultades parlamentarias, sería significativa. No en vano, equivale prácticamente a todo el presupuesto que destina la Generalitat al año a mantener el sistema de atención primaria, a la mitad del presupuesto destinado a educación o 1,5 veces el dinero que destina a políticas sociales.

La inyección es importante, pero no milagrosa y Catalunya seguirá sufriendo un problema de financiación en varios ámbitos. El catedrático de Economía de la UPF Guillem López Casanovas señala que esos casi 4.700 millones de euros no resuelven, por ejemplo, todo el déficit inversor que arrastra el sistema sanitario catalán.

Ni desde Hacienda ni desde la Generalitat han querido desglosar cómo quedan las cuentas por territorios. Sí han publicitado que Catalunya sale ganando, pero no quien sale perdiendo. Sí han ahondado en que el nuevo modelo recorta las desigualdades y si hasta ahora había 1.500 euros de diferencia por poblador entre el territorio que más recibía y el que menos, ahora dicha brecha se reduciría a 450 euros.

Dinero al instante

Otro de los elementos que con mayor agrado han recibido en la conselleria de Economía del nuevo modelo no es solo la cantidad de caudales, sino la disponibilidad de los mismos. Actualmente, la financiación funciona mediante un esquema de anticipos. El Estado recauda y luego transfiere a las autonomías, pero no lo hace al instante, sino en función del gasto proyectado de cada territorio y a un plazo vista, si bien cada gobierno puede pedir a mitad de año un anticipo.

Ahora el sistema cambia y aquellas administraciones que así lo soliciten podrán disponer inmediatamente de los recursos que Hacienda recaude en sus dominios. Lo que les permite ajustar mejor lo que van gastando en función de lo que van ingresando y no exponerse a correcciones 'a posteriori' y tener que manejar un criterio de prudencia por si no acaban cuadrando los números.

Pendientes del IRPF y del 'dumping fiscal'

La propuesta de sistema de financiación pactada entre el Gobierno y ERC apoya su eje en la óptica de los ingresos tributarios y vehicula la mayor inyección de recursos a través de una mayor cesión de tributos como el IRPF, que hasta ahora se transfería un 50% y ahora será un 56,5%, y del IVA, ahora el 50% y que será del 55%.

Más recursos, pero que, por el momento, seguirá recaudando el Estado, ya que no hay acuerdo para la pretensión de ERC de recaudar el IRPF desde Catalunya. El último objetivo que se había marcado como propio el Govern para dicho menester es empezar a recaudar parte en 2028, pero por el momento Hacienda no ha dado su 'ok' a ello.

Sobre la mesa del Govern y ERC tampoco hay todavía un consenso claro sobre qué medidas le reclamarán a Hacienda para hacer frente al 'dumping fiscal' que puedan practicar desde otros territorios. Una mala práctica que le han reprochado a Madrid y sus rebajas o bonificaciones de impuestos, que desde el Gobierno se quiere limitar, pero sobre la que por el momento no han trascendido fórmulas compartidas.

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