La crisis habitacional en Mallorca dispara el 'mobbing' inmobiliario: "Muchas víctimas son personas mayores que viven solas y les genera ansiedad"

La emergencia habitacional que vive Baleares, con el mercado inmobiliario tensionado y unos precios por las nubes tanto para alquilar como para comprar una casa, también ha hecho despuntar los delitos relacionados con la vivienda o el urbanismo.

Así, los delitos de acoso inmobiliario se han disparado un 79% en las islas, según se desprende de la estadística de la memoria de la fiscalía de Baleares de 2025. El número de casos denunciados en 2024 e investigados en diligencias previas, según los datos informáticos del ministerio público, fue de 52. Mientras, un año antes, en 2023, se incoaron 29 diligencias previas por mobbing inmobiliario. No todas estas causas luego prosperan y acaban en juicio con condena.

En 2024, los juzgados del archipiélago tenían abiertos tres procedimientos abreviados por acoso inmobiliario. Además, otros dos procedimientos abreviados ya habían sido calificados por la fiscalía.

El mobbing inmobiliario está contemplado como un delito en el artículo 173.1 del Código Penal que castiga al que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Este comportamiento está penado con condenas que van desde los seis meses de prisión a los dos años de cárcel. “Se impondrá la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”, indica el Código Penal.

En los delitos de acoso inmobiliario el acusado trata de expulsar u obligar a abandonar la casa a la persona que tiene derecho a residir en ella, ya sea un inquilino o el legítimo propietario, pero sin hacer uso de la violencia sobre personas o cosas.

Mientras, si se emplea la violencia con los mismos fines, ya no nos encontramos con un caso de mobbing inmobiliario, sino de un delito de coacciones, agravado por el hecho de querer impedir el legítimo disfrute de la vivienda. En estas circunstancias, la condena que contempla el Código Penal va desde un año y nueve meses de prisión a los tres años de cárcel o una multa de 18 a 24 meses, según el artículo 172.El mobbing inmobiliario puede traducirse en diversas conductas: desde constantes llamadas de teléfono, mensajes, buzoneo, corte de suministros como la luz y el agua, pintadas en la fachada hasta por ejemplo aparcar siempre delante de casa y dificultar el libre acceso a la vivienda.

El buzoneo

“El buzoneo es una práctica contra la que normalmente no se hace nada. Por ejemplo, en el barrio de Santa Catalina, en Palma, donde los vecinos han explicado en varias ocasiones que reciben de forma reiterada en sus buzones anuncios con números de teléfono para vender la casa”, explica Gloria Olmos. “Hay que tener en cuenta que en muchos casos las víctimas son personas mayores, ancianos indefensos, vulnerables, que viven solos en casa y todo esto les puede generar ansiedad. Porque esto no ocurre una vez, constantemente están recibiendo estos anuncios en su hogar y esta situación te altera, te afecta y supone una alteración de la paz y de la convivencia”, recalca la abogada penalista.

Por su parte, el letrado penalista Víctor Soriano, con despacho en Palma, Madrid y Valencia, apunta que los casos reales de acoso inmobiliario son “anecdóticos”. Según indica, hay una costumbre por parte de la Policía de calificar como acoso inmobiliario otros delitos que en realidad son unas meras coacciones. “Pese a que en Mallorca hay un problema de ocupación muy extendido y que los abogados y otros operadores jurídicos vemos con frecuencia, el acoso inmobiliario real parece muy residual”, opina Soriano.

“Por otro lado, hay una casuística muy extendida de ocupación que lleva a denuncias por coacciones por cortes eléctricos o llamadas hacia propietarios. Por mi experiencia, las condenas son anecdóticas”, concluye el abogado penalista Víctor Soriano.