El Govern aprueba el plan que activa 179 sectores para levantar hasta 214.000 viviendas

Tras el anuncio del president Salvador Illa realizado el pasado mes de octubre en el Parlament, hoy, el Consell Executiu ha aprobado el "Plan de medidas urgentes para el impulso del desarrollo de suelo residencial", el instrumento con el que la Generalitat pretende agilizar la transformación de areas de suelo urbanizable pendiente de trasnfromación en nuevas áreas residenciales.

Así, tras la identificación de 179 áreas urbanísticas en municipios con demanda acreditada de viviendan —que permitirán transformar suelo aún no preparado en solares edificables para construir 214.000 viviendas— se inicia la activación efectiva del marco administrativo y urbanístico que debe permitir acelerar su desarrollo.

Para ello se prevé una inversión de 8.000 millones de euros a través del Institut Català de Finances, que lanzará líneas de crédito para promotores privados con rentabilidades de entre el 4% y el 6% anual. El objetivo, además, es que entre el 40% y el 50% de esas nuevas viviendas sean de régimen asequible.

De este modo, el Govern avanza en la segunda fase de su política pública de vivienda, complementaria al Plan 50.000 lanzado en 2024. Porque mientras que el Plan 50.000 se enfoca en solares ya urbanizados y listos para construir, la nueva estrategia pone el foco en el el suelo que, si bien es potencialmente edificable, a día de hoy no lo es porque "les falta tramitar alguna figura de planeamiento urbanístico, de gestión, o no tienen finalizadas las obras de urbanización, lo que incluye calles, servicios, iluminación, etc." explica el Govern.

El 60% de los suelos están en Barcelona y AMB

Tal y como se explicó, el 60% de los sectores identificados se localizan en Barcelona y su área metropolitana, donde se concentran 107 de los 179 ámbitos. Entre los municipios destacados figuran Sant Boi de Llobregat (sector Fecsa-Endesa), Sant Cugat del Vallès (Can Ametller), Santa Coloma de Cervelló, Granollers (sector 129), Vilafranca del Penedès (Les Bassetes) y Vilanova i la Geltrú (Eixample Nord).

En el Camp de Tarragona sobresalen Cambrils (Les Comes), Tarragona (ARE Pou Boronat) y Vila-seca (ARE la Canaleta). En las comarcas de Ponent, se incluyen ámbitos en Lleida (SUR-19 y ARE Lleida) y Guissona (Residencial Nord-Est), mientras que en las comarcas Centrales destaca Vic (El Graell).

La lista se completa con municipios como El Vendrell (Mas d’en Gual), Salt (Sector Sud), Figueres (ARE Horta Capellera), Puigcerdà (Pla de la Rigolisa) y Amposta (ARE Eixample les Tosses), entre otros.

La mitad de los sectores aún no tiene el planejamiento urbanístico aprobado

Uno de los principales interrogantes es el calendario de desarrollo de estos suelos. Para ello, el Govern ha clasificado los sectores en tres niveles de madurez urbanística, con plazos diferenciados.

El primero es el Nivel 2, que aglutina tan solo 26 sectores (14,5% del total). Son ámbitos con el planeamiento aprobado y la reparcelación inscrita, pendientes únicamente de ejecutar las obras de urbanización. Se estima que permitirán construir unas 22.000 viviendas, el 10,3% del total previsto.

El Nivel 3 incluye 68 sectores (el 38%), donde el planeamiento está aprobado, pero aún no se han finalizado los proyectos de urbanización ni la reparcelación. Aunque requieren una tramitación más compleja, el marco urbanístico ya está definido y concentran alrededor de 38.000 viviendas potenciales (17,8% del total).

Por último, el Nivel 4 reúne al 47,5% de los sectores identificados. Son ámbitos sin planeamiento aprobado o con necesidad de modificarlo, lo que implica una tramitación más larga. Este grupo podría albergar unas 64.000 viviendas, cerca del 30% del total.

El Govern prevé completar el desarrollo de los niveles 2 y 3 entre 2026 y 2029, mientras que el Nivel 4 se extenderá hasta 2030, en paralelo al cierre del Plan 50.000.

El papel del Incasol

Para ejecutar la estrategia, la Generalitat ha creado la Oficina de l’Estratègia de Sectors de Planejament Prioritari, adscrita al Departamento de Territorio, que se encargará de liderar la tramitación urbanística y de contratar los equipos técnicos necesarios.

El Institut Català del Sòl (Incasòl) actuará como administración ejecutora, en coordinación con los ayuntamientos. Incasòl dispondrá del 15% de los derechos edificables de cada sector, que se destinarán principalmente a vivienda de protección oficial, garantizando que parte de la plusvalía urbanística se canalice hacia vivienda asequible y reduciendo la necesidad de ayudas posteriores.

La financiación correrá a cargo del Institut Català de Finances, que pondrá a disposición hasta 8.000 millones de euros en líneas específicas para urbanización y promoción residencial. Para los promotores privados que participen en el desarrollo, el retorno estimado se sitúa entre el 4% y el 6% anual, un nivel que el Govern considera competitivo frente a otras inversiones inmobiliarias.

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