El Gobierno prepara una ley para elegir en qué lugar de España construirá el gran cementerio nuclear permanente

España trabaja para dar una solución definitiva para guardar de manera permanente todos los residuos radiactivos de sus centrales nucleares. El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado hace un par de años por el Gobierno, establece la edificación de siete almacenes temporales de desechos radiactivos, uno en cada central, para tenerlos allí durante cinco décadas; y contempla también la construcción futura de un almacén geológico profundo (AGP) para guardar los residuos para siempre. Pero antes toca afrontar el gran rompecabezas legislativo, político y social de elegir dónde ubicar y cómo construir el enorme almacén que albergará todos los desechos de alta radiactividad durante milenios.

El cementerio nuclear definitivo -en la práctica un gran agujero en el terreno en el que descansarán los residuos de manera permanente- debe estar listo en principio para 2073 (aunque el objetivo es adelantar esa fecha) y aún está por decidir su diseño y también su localización. Un auténtico megaproyecto con un presupuesto previsto de casi 4.100 millones de euros de aquí hasta el año 2100, según se contempla en el plan de residuos aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y elaborado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

El PGRR -que de momento contempla que todas las centrales nucleares cierren entre 2027 y 2035, a la espera de posibles aplazamientos empezando por Almaraz- establece ocho etapas para el largo proceso hasta tener operativo el almacén definitivo de los desechos nucleares. La primera etapa, que consiste en actualizar todo el conocimiento disponible sobre el asunto, se acaba de dar ya por cerrada.

La sociedad pública Enresa ha elaborado ya un informe final recopilando la información desarrollada hasta la fecha en relación con los posibles emplazamientos, las barreras naturales o de ingeniería, el diseño posible, evaluando las capacidades científicas y tecnológicas disponibles; analizando las necesidades de cara al plan de I+D que se desarrollará antes de la construcción; y también recopilando documentación base para plantear un proceso de elección de la ubicación. El grupo público presentará próximamente el informe al Ministerio para la Transición Ecológica.

La siguiente fase pasa por desarrollar una ley para regular el proceso de elección del lugar donde se instalará el almacén definitivo e identificar a todos los actores que deben participar en el proceso. Esta fase ya está en marcha y ya se trabaja en el diseño del marco normativo que haga posible selección el emplazamiento. El Ministerio para la Transición Ecológica, Enresa y el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) ya trabajan conjuntamente en esta nueva etapa, según confirman varias fuentes próximas al proceso a EL PERIÓDICO. Desde el Ministerio se ha declinado hacer comentarios.

El plazo estimado para contar con la regulación específica y para poder aprobarla se estima que puede ser de tres años, de aquí a 2028. El Gobierno debe ahora analizar toda la información presentada por Enresa para empezar a orientar el proceso de designación de la ubicación del futuro AGP, para después adoptar el texto legal necesario para regular la elección del emplazamiento. El Consejo de Seguridad Nuclear también debe empezar a estudiar la documentación técnica genérica elaborada por Enresa para definirlas bases del diseño del almacén y así poder allanar el proceso futuro de licenciamiento técnico de la instalación por parte del regulador nuclear.

Listado de localizaciones posibles

El almacenamiento geológico profundo es la solución técnica actualmente aceptada internacionalmente para guardar de manera definitiva los residuos nucleares, y países como Finlandia, Suecia, Suiza o Francia ya han activado sus procesos para contar con este tipo de instalaciones. Por lo general, el proyecto consiste en aislar de manera definitiva, para siempre, los residuos en cavidades a unos 500 metros de profundidad en terrenos con condiciones concretas, fundamentalmente arcillosos o graníticos.

Entre los ochenta y los noventa del siglo pasado, Enresa ya desarrolló trabajos de preparación del futuro AGP. La compañía realizó entonces un estudio primigenio de áreas de toda España con características geológicas (tener terrenos arcillosas, graníticas o salinas) y de estabilidad como para acoger el almacén, y también realizó diseños genéricos de cómo debería ser la instalación en función de los diferentes tipo de terreno. En 1996 el plan de búsqueda de emplazamientos se paralizó por el ruido social que generaba la posible ubicación de la instalación definitiva y para apostar por la construcción de un almacén temporal.

El Gobierno es consciente de la enorme dificultad de conseguir en los próximos años el apoyo social y político necesarios para elegir una ubicación para el futuro almacén (como ya sucedió con el proyecto el almacén temporal centralizado que iba a construirse en Villar de Cañas, en Cuenca, y que el Ejecutivo acabó paralizando).

En busca de consenso

Hasta la última versión del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, el Ministerio para la Transición Ecológica mantuvo abiertas dos alternativas para guardar los residuos durante unas décadas: construir siete almacenes por toda España o levantar un único cementerio centralizado temporal (que era el proyecto que estuvo vigente durante años, con la elección de Villar de Cañas como ubicación y que quedó por completo descartado).

El Gobierno alegó precisamente que la falta de "consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de tramitación del nuevo plan de residuos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado. Desde el sector nuclear se apunta que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear, a pesar del interés de algunos ayuntamientos.

España debe ahora afrontar el gran debate de dónde estará su cementerio nuclear definitivo y se prepara para activar nuevas fórmulas para asegurar ese consenso social y político exigible. El Gobierno, Enresa y el CSN reconocen que conseguir esos consensos políticos y sociales es el mayor reto para impulsar el proyecto del almacén definitivo y que el proceso no descarrile. El plan para conseguirlo pasa por dar estabilidad máxima al proceso mediante una ley con un apoyo claro en las Cortes para articular un procedimiento de participación institucional y social que sea la base del consenso para la selección con éxito de una ubicación para el AGP.

Una vez cerrada la segunda fase con una ley reguladora del proceso, el PGRR prevé que entre 2029 y 2032 tocará elegir de facto un listado de ubicaciones posibles del futuro cementerio nuclear; entre 2033 y 2039 se realizará un análisis completo de los emplazamientos y se elegirá la localización candidata final; entre 2040 y 2059 se realizarán los trabajos de caracterización y verificación de la idoneidad del emplazamiento; entre 2060 y 2071 se ejecutarán los trabajos de construcción del almacén y se activará el proceso para recibir la autorización de explotación; y tras una operación en pruebas desde 2072, el objetivo es que el almacenamiento esté operativo desde el año 2073. Pero la intención de todos los implicados es acortar los plazos y adelantar la puesta en marcha del almacén.

Objetivo, adelantar el AGP

Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales, reconoció haber incluido en su propuesta de PGRR el plazo de tener listo el almacén final en 2073 por prudencia. La experiencia internacional actual muestra que el tiempo que hay que destinar para desarrollar todo el proceso hasta la puesta en marcha de un almacén geológico se sitúa entre los 40 y los 50 años. Y Enresa optó por ese plazo mayor, aunque entiende que podrá acortarse.

El Gobierno, Enresa y también el CSN han llegado a respaldar públicamente el objetivo de adelantar el cementerio nuclear definitivo para liberar lo antes posible los terrenos que hoy ocupan las centrales nucleares para dedicarlos a otros proyectos industriales, como exigen las grandes eléctricas propietarias de los reactores.

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, dueñas de los reactores ubicados en España, presentaron un documento conjunto de observaciones al borrador PGRR en el que pedían mantener solo durante dos décadas los residuos nucleares en cada una de las centrales y activar directamente la construcción del cementerio definitivo para adelantar su puesta en marcha 25 años antes de lo previsto por el Ejecutivo, para que esté operativo como tarde en 2050 y no en 2073, como adelantó este medio.

La propuesta de las grandes eléctricas es utilizar los ATI de cada central para dejar allí los residuos durante dos décadas, pero sin llegar a realizar los trabajos para su conversión en almacenes más completos y con instalaciones complementarias en las que albergar los desechos durante más de cincuenta años, como contempla el PGRR para convertirlos en almacenes temporales descentralizados (ATD).

La pretensión de las compañías es adelantar el almacén definitivo para liberar los terrenos en que estarán los silos temporales y así poder utilizarlos para otros usos industriales de manera adelantada. El Gobierno se ha mostrado abierto a adelantar la puesta en marcha de la operación del almacén definitivo y acelerar los plazos, pero sin marcar otra fecha que no sea la de 2073 oficialmente prevista.

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