El Govern urge a Fiscalía a investigar a Uber por un posible delito contra sus repartidores

La Generalitat de Catalunya urge a la Fiscalía a que investigue si Uber está cometiendo un delito contra sus repartidores. El Ministerio de Trabajo está ponderando instar a dicho organismo a que activen la vía penal si la multinacional de origen estadounidense no deja de repartir con mensajeros autónomos, tal como avanzó EL PERIÓDICO. Y desde la administración catalana consideran que la denuncia debe ser lo más inmediata posible.

"Es imprescindible que el Ministerio de Trabajo actúe para revertir la situación actual en la que está operando Uber", afirma el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en conversación con este medio. Para la Generalitat es prioritario que haya movimientos en el sector de las plataformas digitales, con el fin de obligar a la multinacional a operar con el mismo modelo que su principal competencia, la empresa de origen catalán Glovo. Uber, a preguntas de este medio, ha declinado realizar declaraciones al respecto.

Es imprescindible que el Ministerio de Trabajo actúe para revertir la situación actual en la que está operando Uber

Miquel Sàmper

— Conseller d'Empresa

La multinacional de origen estadounidense opera actualmente con un modelo mixto, formado por repartidores subcontratados y repartidores dados de alta como autónomos. O falsos autónomos, según el criterio mayoritario bajo el que se han ido pronunciando los tribunales. Hasta la fecha, según datos recopilados por EL PERIÓDICO en base a las actas de Inspección recurridas por Uber en los tribunales, la corporación ha sido sancionada hasta el mes de octubre de este año con al menos 23,2 millones de euros, entre cuotas impagadas a la Seguridad Social e infracciones. Si bien finalmente Uber no tendrá que pagar la gran mayoría de esas infracciones por decisión de la Audiencia Nacional.

Y tanto desde Trabajo como desde la Generalitat son de la opinión que el modelo laboral de autónomos puede incurrir en un delito penal. Concretamente, el contemplado en el artículo 311 del código penal, que reza: "Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa".

Todos con las mismas reglas

El conseller explica que desde su departamento, así como desde otras esferas de Govern, llevan tiempo manteniendo conversaciones tanto con el ministerio liderado por Yolanda Díaz como con otros ministerios para obligar a Uber a que "también se adapte al modelo laboral requerido, tal y como han hecho las otras plataformas", según explica. La referencia, indirecta, es a Glovo, que a mediados de este año empezó a contratar directamente a sus 'riders', una década después de su fundación, tras centenares de millones de euros en sanciones y con una investigación por delitos penales a su consejero delegado, Óscar Pierre, en curso.

Uber es la segunda compañía más importante del sector del 'delivery' en España. Glovo es la primera, con una cuota del mercado español del 53,8%, frente al 14,5% de Just Eat y un 28,5% de Uber Eats, según la información aportada en un reciente juicio entre las dos primeras compañías.

Desde la Generalitat han decidido cerrar filas con Glovo en esta nueva etapa. Una empresa fundada en Catalunya, con sede en el Poblenou de Barcelona, si bien de propiedad alemana, tras su adquisición por Delivery Hero. El president de la Generalitat, Salvador Illa, escenificó su apoyo a la compañía catalana, una vez esta aceptó plegarse a las directrices que le mandaban desde la autoridad laboral, con una foto junto a Pierre y los sindicatos mayoritarios durante el décimo aniversario de la compañía.

El mensaje en el que coinciden tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde la Generalitat es que todos deben jugar con las mismas reglas y si la ley dicta que los repartidores deben ser asalariados y no autónomos, todas las plataformas digitales de reparto deben contratar o subcontratar a sus repartidores.

Investigación laboral en curso

Los agentes de la Inspección de Trabajo llevan meses realizando una macro investigación sobre las flotas de Uber, requiriendo información tanto a la empresa como a los mensajeros, con el fin de acabar imponiendo una sanción multimillonaria a la empresa si pueden acreditar que sus autónomos operan como falsos autónomos. En el marco de dicha investigación están implicados más de 10.000 mensajeros en toda España y los agentes de la autoridad laboral tienen indicios de empleo de personas migrantes sin permiso de trabajo en vigor.

La competencia en este terreno es de los agentes dependientes del Ministerio de Trabajo y este, hasta que no tenga la resolución, que se espera para enero, no tomará la decisión de activar o no la vía penal. La sanción multimillonaria que se presume les servirá de carta negociadora para forzar a Uber a acelerar su transición hacia un modelo laboral, sino quiere que sus directivos se expongan a posibles penas de hasta seis años de cárcel. Si bien todo el proceso penal es lento. Como referencia, Yolanda Díaz anunció en 2022 la posibilidad de instar acciones penales, hasta finales de 2024 la Fiscalía no presentó denuncia y actualmente el juzgado todavía no ha decidido si acabará abriendo juicio o no al consejero delegado de Glovo.

"Desde el primer día, desde el Departament hemos colaborado en el procedimiento de la Inspección de Trabajo", insiste Sàmper. La sede de Uber en Barcelona ha sido uno de los focos de la investigación de la inspección. Personal de la unidad especializa que se encarga de esta investigación se desplazó hace unos meses en la capital catalana y requisó documentación en la sede de la multinacional.

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