Un estudio reivindica los mataderos locales en tiempos de crisis ganaderas

La potencia ganadera que es Catalunya en el sector porcino se puso a tiritar el pasado 28 de noviembre, cuando el Ministerio de Agricultura confirmó los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) en dos jabalís hallados muertos en Cerdanyola del Vallès, cerca del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En estas casi tres semanas, más que la evolución del virus (que también), lo que más ha preocupado a la industria cárnica catalana ha sido ver qué mercados se mantenían abiertos a las exportaciones, habida cuenta de que, si España es el segundo vendedor mundial de carne de cerdo (y el primero de la Unión Europea), Catalunya aglutina, ella sola, el 40% de la producción estatal. Es un negocio que suma más de 10.000 millones de euros de facturación anual y más de 500 millones de beneficios, con 2,5 millones de toneladas de carne producidas al año.

La crisis de la PPA ha llevado a algunas voces a plantear la necesidad de un cambio de modelo, que no se base en un sistema "altamente industrializado y concentrado en un grupo muy reducido de empresas", según recoge un informe que ha hecho público este miércoles el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). El problema, constatan los autores de esta investigación, es que, mientras se producía la concentración fundamentalmente en cinco grandes compañías (Vall Companys, BonÀrea, Costa Brava Foods, Casa Tarradellas y Olot Meats Group), "en los últimos 50 años, han cerrado 15.000 fincas dedicadas a la producción porcina, el tamaño de las explotaciones se ha multiplicado por cinco y el 80% de los ganaderos se ganan la vida vendiendo sus producciones a esas cinco empresas, con las que trabajan de manera integrada", agrega el mismo análisis.

"Las magnitudes físicas y territoriales de esta potencia son abrumadoras", prosigue el estudio, que cifra el censo porcino catalán por encima de los ocho millones de cabezas y los sacrificios en mataderos en más de 23 millones de cerdos al año, el 42% del total español. En la última década, el número de animales ha crecido en torno a un 27%, y los sacrificios han aumentado aún más porque a Catalunya llega también ganado de fuera de la comunidad. Y esto, subraya el informe de IDRA, tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente, sobre el territorio y sobre las condiciones del empleo.

El sistema local

En contrapartida, este crecimiento "ha ido acompañado de un declive de los mataderos locales, que han pasado de ser infraestructuras comunales o públicas a ser privatizadas". Estas instalaciones han sido víctimas, entre otras razones, "de una sobrerregulación sanitaria que, bajo criterios homogéneos, aplica las mismas exigencias a un matadero local de 50 cabezas semanales que a una planta industrial de 15.000. Esta desproporción hizo inviable la continuidad de los mataderos de baja capacidad, ahogados por unos márgenes económicos estrechos y costes fijos elevados".

El análisis, que basa buena parte de sus conclusiones en el caso del matadero local de L'Armentera (Alt Empordà), concluye que estos equipamientos "son infraestructuras críticas y verdaderos cuellos de botella: allí donde desaparecen, los ganaderos se ven abocados a acudir los macromataderos, perdiendo margen, autonomía y capacidad de decisión". Los autores proponen mantener y revitalizar este modelo de proximidad, mediante un sistema de gestión público-comunitaria, ya que, a su entender, son claves para la reducción del impacto ambiental, para fijar la población en todo el territorio (y no solo en algunas zonas) y, de paso, para conservar razas de ganado autóctonas.

Por ello, reclaman establecer un plan de mataderos de baja capacidad con financiación específica para la recuperación, modernización, la cooperativización y la certificación ecológica, así como promover la contratación pública alimentaria de productos de proximidad elaborados en obradores locales. Finalmente, reclaman "una moratoria en la construcción de nuevas macrogranjas y macromataderos y definir un plan de desescalada con el objetivo final de reducir al 50% la cabaña porcina y ganadera, acompañando la reconversión del sector".

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