Baja laboral
Un hombre con trastorno mental e invalidez, embargado en Andorra
El afectado desconocía las diferentes ayudas a las que tenía acceso
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Hombre que padece problemas de salud mental
Por qué confiar en El Periódico Un vecino de Sant Julià de Lòria (Andorra) ha sido embargado por una serie de irregularidades al intentar reconocer su incapacidad laboral por un trastorno mental.
El hombre ha sufrido problemas y retrasos con los procedimientos que tenía que gestionar con la Seguridad Social andorrana.
Solicitud de incapacidad
Todo comenzó cuando el andorrano, tras meses de baja por un trastorno de estrés postraumático que acabó derivando en un trastorno mental, solicitó una incapacidad. Aunque su situación era grave, solo se le otorgó una incapacidad de grupo 1 que, tal y como indica la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), conlleva el cobro de tan solo el 50% de la pensión.
Para poder acceder a una incapacidad del grupo 2, es necesario acreditar la baja laboral definitiva. El hombre afectado tuvo problemas para gestionar su baja y la de su negocio, ya que, al ser autónomo y estar incapacitado, la CASS ponía impedimentos para hacer el trámite.
Bloqueo de cuentas
Al no poder dar de baja su negocio, generó una deuda de 3.656 euros por el impago de las cuotas de autónomos, que acabó con el embargó de las cuentas.
Esta situación nunca debió suceder, ya que el andorrano recibía una pensión de incapacidad de tan solo 224 euros, muy por debajo del salario mínimo de Andorra, que se sitúa actualmente en los 1.447 euros. Estos ingresos no superan el mínimo legal embargable que establece la ley d’embargament de Andorra.
Ayudas sociales
Ante esta situación, nace una crítica al trato y ayuda que reciben los enfermos, ya que el afectado desconocía qué podía acceder a ayudas sociales y a un complemento no contributivo de la pensión, porque nadie le había informado de ello.
Además, tampoco se le había dicho que, al cobrar menos del salario mínimo, quedaba protegido ante un embargo.
Finalmente, y gracias a la ayuda de un asistente social, ha conseguido que le retiren el embargo y la CASS ha reconocido el cambio de grupo de incapacidad. Actualmente, el afectado cobra una pensión de 1.080 euros mensuales, incluidas diferentes ayudas no contributivas.
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