Más de 25.000 trabajadores de la industria porcina catalana, en vilo tras una semana de crisis sanitaria

La industria del puerco catalán ha superado la primera semana de crisis sanitaria, con pérdidas económicas pero sin grandes ajustes laborales. Desde que las autoridades detectaron un nuevo brote de peste porcina africana en la montaña de Collserola, los contagios no han saltado a las granjas y las compañías aguardan a la expectativa de a qué velocidad se volverán a abrir las exportaciones internacionales más allá de la Unión Europea, una de las principales fuentes de ingresos del sector. Mientras tanto, los alrededor de 25.000 trabajadores de mataderos, granjas e industrias auxiliares dedicados al tocino en toda Catalunya también aguantan la respiración. Y es que en la industria cárnica catalana, en su conjunto, operan unas 33.816 personas, según los últimos datos que maneja la Associació Catalana de Productors de Porcí. Y el 80% de los animales criados y matados en Catalunya son cerdos.

El pasado martes hubo un conato de pánico entre los trabajadores de la industria porcina, cuando trascendió que el Grupo Jorge rescindía un contrato con una de sus empresas de trabajo temporal y un total de 458 empleados quedaron suspendidos. Las primeras informaciones que llegaron a los delegados sindicales hablaron de despidos, si bien luego se matizaron y se rebajaron a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Un erte como los del covid, que permiten ahorrar gran parte de la masa salarial pero que no implican un despido. Smilar a aquellos que llevaron a la 'nevera' a millones de empleados cuando las restricciones sanitarias obligaron a cerrar todo negocio imprescindible, pero luego les permitieron reincorporarse a su mism puesto. Precisamente, gran parte de la industria cárnica no paró durante la pandemia, dado ese estatus de 'trabajadores esenciales'.

Desde los sindicatos temieron a principios de semana que ese anuncio del Grupo Jorge pudiera generar un efecto dominó y que otras compañías del sector, al ver que uno de los gigantes del gremio alijeraba masa salarial a las primeras de cambio, imitaran la práctica. La Generalitat, según ha podido saber este medio, actuó rápidamente y mantuvo una reunión con cuatro empresas dedicadas al despiece y ubicadas en Osona, el epicentro de la matanza de cerdo de Catalunya. La administración catalana reclamó a Le Porc Gourmet, Rivasam, Marcjoan y Productos Porcinos Secundarios (PPS), todas sociedades propiedad del Grupo Jorge, que aguantaran la posición y no optaran por ajustes de plantilla.

Posteriormente, el conseller de Agricultura, Oscar Órdeig, se reunió con las cinco principales exportadoras del tocino catalán, para tenderles la mano, escuchar sus demandas para gestionar esta crisis y, a su vez, repetir ese mensaje de "calma", según explicó el mismo en una comparecencia posterior. Desde el sindicato CCOO explican a este medio que "de momento las reuniones han causado el efecto deseado" y no tienen constancia de nuevas reestructuraciones, ni temporales, ni definitivas.

Osona es uno de los focos más sensibles laboralmente, según apunta el historiador económico y profesor de la UB, Pere Castells, ya que la industria del cerdo se ha articulado a través de grandes empresas y economías a escala. Como dato, cinco compañías crían el 30% de los cerdos que se ceban en Catalunya. Y Osona se ha erigido durante las últimas décadas como el punto donde las principales compañías, tanto catalanas como aragonesas, van a matar a sus marranos.

No es baladí que Osona forma parte de la provincia de Barcelona, mismo límite burocrático que Collserola, el foco del brote. Lo que ha provocado que países como China hayan aceptado seguir comprando puerco catalán, pero hayan excluido, para minimizar riesgos, los puercos de la provincia de Barcelona.

Países como Japón, Corea del Sur, Chile, Vietnam o Taiwán están negociando con el Ministerio de Agricultura en qué condiciones se reabren las exportaciones, si es que se reabren -por ejemplo, Japón no está por la labor y es el segundo exportador-. La industria porcina catalana mueve cada año 1.000 millones de euros en exportaciones más allá de la UE.

Ayudas económicas para el sector

La especialista en derecho laboral y profesora de la UPF, Consuelo Chacartegui, considera que el erte es el mecanismo idóneo para gestionar la actual crisis del porcino. En conversación con este medio, asume que serán necesarios ajustes temporales, dado que el bloqueo temporal de parte de las exportaciones más allá de la Unión Europea provocará una disminución de actividad generalizada. Si bien también que esa disminución de la actividad será "coyuntural" y que ello, sumado a las ayudas económicas que desde la Administración ya se han anunciado a las compañías del sector, reducen la causa objetiva para justificar despidos.

Por el momento, el Govern ya ha anunciado que aprobará en el Consell Executiu de este próximo martes un fondo de 10 millones de euros en subvenciones para empresas afectadas. Fondo que será ampliable con 10 millones de euros adicionales si la administración considera que son menester para ayudar a capear las crisis.

Pendientes del Mecanismo RED

Actualmente, en el Departament de Treball únicamente han recepcionado un expediente temporal, el de la ETT del Grupo Jorge (la sociedad GCT plus). Los técnicos del Departament todavía no han decidido si incurren o no las causas de fuerza mayor que justifiquen el expediente. Los sindicatos recelaron inicialmente de ello, ya que la compañía tardó apenas 48 horas en aplicar la medida y todavía no había pasado suficiente tiempo, según consideran, como para que las afectaciones de la crisis sanitaria, por más que previsibles, fueran ya notorias. Treball tiene hasta el jueves de esta próxima semana para decidir si acepta o no el expediente.

La actual normativa ya permite a las empresas recurrir a un erte, en similares condiciones a las que operaron durante la pandemia, si bien el Gobierno tiene en su potestad activar ayudas adicionales. Sería el caso del Mecanismo RED, un apoyo extra que descarga de mayores costes laborales a las compañías de un sector en crisis que recurran al mismo. Para activarlo, debe hacerlo el Gobierno a través de un Consejo de Ministros.

De momento, esa opción no se ha planteado públicamente, si bien la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó a mediados de la semana pasada que "seguimos con atención la evolución de la peste porcina, que sigue limitada a jabalíes y, por ahora, sin impacto en las explotaciones ganaderas. Si fuera necesario, los ERTE de fuerza mayor podrían activarse de inmediato para proteger a empresas y personas trabajadoras mientras dure la situación".

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