Las claves de Casa 47: qué alquileres ofrece, a qué precios y qué requisitos se necesitan

A un mes de finalizar el año, y 368 días después de anunciar su intención política, la empresa estatal de vivienda pública ha sido formalizada este jueves. La entidad ha sido bautizada como Casa 47, un proyecto que nace de la antigua entidad estatal de suelo Sepes y que gestionará las 40.000 viviendas en propiedad hasta el momento de Sareb, además de otras de entidades como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado. ¿Qué cambia a partir de ahora? ¿Cómo gestionará Casa 47 el parque público? Y, ¿qué tengo que hacer para acceder a una vivienda pública? Estas son las claves de esta nueva empresa de vivienda del Estado:

Qué es Casa 47 y de dónde sale

Casa 47 es la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, heredera de la antigua Sepes. Con la creación de esta empresa, Sepes, que solo se ocupaba de gestionar el suelo, dejará de existir. Y en su lugar, Casa 47 cubrirá todo el ciclo inmobiliario, desde urbanizar, edificar, alquilar y gestionar. Su cartera incluye vivienda y suelos residenciales procedentes de distintos ministerios (Hacienda, Defensa, Interior, Patrimonio) y, sobre todo, el paquete transferido desde Sareb: unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para otras 55.000. ¿Y por qué Casa 47? El nombre alude al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vivienda y sirve de paraguas político para presentarla como nuevo servicio público estable.

En qué se diferencia del antiguo Sepes

Sepes actuaba sobre todo como urbanizador y promotor de suelo (logístico y residencial) que después vendía a promotores privados o administraciones. Es decir, que no gestionaba el alquiler final ni acompañaba al inquilino. Ahora, Casa 47, en cambio, integra en una misma entidad la gestión de suelo, la promoción de vivienda y la explotación en alquiler asequible a largo plazo, con contratos y precios regulados. Es como pasar de una empresa "de back office" o respaldo urbanístico a un gran operador residencial público que se relaciona directamente con cientos de miles de inquilinos.

Cuántas viviendas habrá y dónde

La empresa pública arranca con las viviendas ya recuperadas de Sareb y el resto del patrimonio estatal existente; aunque el objetivo político a medio plazo es superar las 100.000 viviendas en alquiler asequible sumando nuevas promociones sobre suelo público. La ubicación prioritaria serán áreas metropolitanas, islas y municipios de más de 5.000 habitantes, además de localidades de más de 1.000 vecinos con fuerte crecimiento demográfico, donde la presión del alquiler es más alta. Además, el Gobierno ha reservado 100 millones de euros adicionales para comprar viviendas en el mercado privado y sumarlas al parque.

Cómo serán los contratos: hasta 75 años

Más allá del 'rebranding' y la extensión de las funciones empresariales, para el inquilino la gran novedad son los contratos. El esquema previsto es un primer contrato de 14 años y renovaciones automáticas de 7 años mientras se mantengan las condiciones de acceso, hasta un máximo de 75 años. Desde el Gobierno explican que el diseño busca dar estabilidad de largo plazo (un horizonte casi vitalicio) y reducir la incertidumbre típica del alquiler privado.

Cada revisión deberá servir para comprobar si el hogar sigue cumpliendo requisitos de ingresos; y si dejara de encajar (por ejemplo, por un gran aumento de renta), la lógica del programa es que la vivienda vuelva al circuito para nuevos beneficiarios.

Qué precio pagarán los inquilinos

La regla básica es que ningún inquilino deba destinar más del 30% de los ingresos del hogar al pago del alquiler, lo que sitúa a Casa 47 en la franja de “alquiler asequible” frente al mercado libre. Además, se fija otro tope, por el que en ningún caso las rentas podrán superar el 30% de la renta media del territorio donde esté la vivienda, para evitar que el parque público “se contagie” de burbujas locales. Así, por ejemplo, en un municipio con renta media de unos 25.000 euros anuales, el Gobierno estima alquileres en torno a 400 euros mensuales para viviendas de Casa 47 recuperadas de Sareb.

La lógica es que, al concentrar la oferta en áreas con fuerte presión de precios y establecer límites claros (30% de ingresos y 30% de renta media local), Casa 47 se comporte como amortiguador público frente al encarecimiento del alquiler. Sin embargo, su éxito dependerá en el volumen real de viviendas disponibles en cada ciudad, ya que con un parque todavía limitado, el impacto será limitado.

Quién puede acceder: el papel del IPREM

En la práctica, el diseño apunta a hogares que no son los más pobres (que dependen más de vivienda social con ayudas directas) pero pueden asumir precios de mercado. Es decir, trabajadores con ingresos medios o medios‑bajos en zonas tensionadas. Todo ello se concreta bajo el criterio económico que presenta el IPREM: el índice de referencia de rentas para ayudas y vivienda. En 2025 el IPREM anual en 14 pagas se sitúa en 8.400 euros (600 euros mensuales).

Para Casa 47, el Ministerio fija la horquilla de acceso entre 2 y 7,5 veces el IPREM, lo que hoy equivale a rentas anuales aproximadas de entre 16.800 y 63.000 euros, según la composición familiar. Ahora mismo, bajo estos criterios, en torno al 60% de la población podría acceder a una vivienda de Casa 47. ¿Y el resto? "A las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre" explican desde Gobierno.

¿Cómo solicito una vivienda y dónde?

Vivienda prevé lanzar un portal digital específico de Casa 47 a lo largo de 2026, donde se podrán consultar las promociones disponibles, filtrar por territorio y tramitar solicitudes. El acceso se irá abriendo de forma gradual, a medida que se vayan incorporando viviendas de Sareb, nuevas promociones sobre suelo público y las que se compren con el fondo de 100 millones. A falta de la letra pequeña y de conocer los detalles, es previsible que los procesos incluyan listas de espera, baremos sociales adicionales (tamaño del hogar, situación laboral, discapacidad, etc.) y coordinación con comunidades y ayuntamientos.

Suscríbete para seguir leyendo