El Gobierno quiere blindar a los empleados que revelen secretos de su empresa si está incumpliendo la ley

El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una reforma de la normativa laboral para blindar a aquellos empleados que revelen secretos o información confidencial de su compañía para denunciar acciones ilegales de la misma. Los trabajadores no podrán ser despedidos ni sancionados y si las corporaciones lo hacen deberán readmitirlos y pagarles una indemnización. También se aumentan las garantías

El departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sacado a audiencia pública una batería de cambios para promover la lucha contra la corrupción en el seno de las empresas, ya sean públicas o privadas.

Después de obligar hace dos años a las grandes compañías a tener habilitado un buzón anónimo de denuncias para que aquellos empleados que vieran algo irregular pudieran denunciarlo internamente, ahora trata de dar un paso más allá y blindar ante represalias a esos denunciantes.

La reforma incorpora expresamente la mención a las comunicaciones o revelaciones del informante como causa protegida frente a cualquier represalia por parte de la empresa. Según consta en el borrador de reforma, no podrán ser represaliados de ningún modo, ni con el despido, ni con la degradación del puesto ni con suspensión de empleo y sueldo aquellos “que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción salvo que concurran motivos no relacionados con estas actividades”.

Más protección durante el periodo de prueba

Una de las novedades relevantes que han puesto encima de la mesa desde el Ministerio es una mayor protección a las personas que están todavía en periodo de prueba. Esto está pensado para proteger a las nuevas incorporaciones, que llegan a una empresa y no participan del supuesto circuito de corrupción, pero precisamente por es estatus de recién llegados están poco protegidos, ya que la empresa puede aducir falta de competencia o confianza y despedirlos sin más justificación ni indemnización.

Aquí la normativa pretende declarar nula cualquier resolución empresarial durante el periodo de prueba cuando esta persiga penalizar la denuncia del informante. Trata así de eliminar una de las represalias más difíciles de acreditar.

El texto elaborado desde Trabajo, que todavía deberá superar varios trámites normativos y remitirse al Congreso de los Diputados, también deja claro que la revelación de secretos, siempre que estos escondan acciones ilegales, no puede ser motivo de sanción.

Muchas empresas tienen códigos internos que califican como faltas muy graves la relevación de información confidencial, con el fin de protegerse ante el espionaje entre compañías. Ahora deberá ser la empresa la que acredite que la sanción es totalmente ajena a la actividad habitual de denunciante informante y, si el cese es disciplinario, justificar muy rigurosamente las faltas cometidas por el empleado.

El texto ha salido ya a audiencia pública y el trámite de aportaciones de los potenciales interesados termina el día 26 de diciembre de 2025. Es decir, hasta como pronto ya entrado el año que viene no podría entrar en vigor.

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