Antonio Matinero (ASJUBI40): "Tengo 45 años cotizados y como me jubilé dos años y medio antes tengo una penalización del 15% en mi pensión"

Antonio Matinero, presidente de la Asociación de Jubilados Anticipados Sin Penalizar (ASJUBI40), es la voz de una situación que afecta a cerca de 900.000 pensionistas en España. El colectivo agrupa a aquellos que, a pesar de haber cotizado más de 40 años a la Seguridad Social, sufren penalizaciones permanentes en su pensión por haberse visto obligados o haber decidido jubilarse de manera anticipada.

Matinero, en una entrevista en la radio Hit Huesca, explicó su caso personal: "Yo tengo 45 años cotizados y me jubilé dos años y medio antes y tengo una penalización de por vida hasta que me muera del 15% de lo que me correspondería de mi pensión". Una merma que calcula en unos 60.000 euros a lo largo de su vida si vive hasta los 85 años.

Una penalización por contribuir más

La jubilación anticipada en España aplica coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión. Estos varían según el número de meses que se adelante el retiro y los años de cotización.

La penalización se aplica tanto si la jubilación es voluntaria (máximo 2 años de adelanto) como involuntaria (máximo 4 años de adelanto).

El colectivo de ASJUBI40 denuncia que esta penalización resulta "intrínsecamente injusta" cuando se aplica a carreras de cotización tan largas, muy superiores a los 36 años y 6 meses exigidos actualmente para percibir el 100% de la base reguladora.

Los afectados, en su mayoría, se vieron obligados a adelantar su retiro debido a las crisis económicas (como la de 2008), que les dejaron sin empleo a una edad avanzada (mayores de 55 años) y con escasas posibilidades de reincorporación al mercado laboral en condiciones dignas.

"Hay compañeros que tienen hasta 50 años cotizados y tuvieron que jubilarse a los 61 años y tienen una penalización del 40%", señala Matinero.

El presidente de la asociación destaca que muchos de los afectados perciben pensiones de apenas 900 euros, con las que no pueden llegar a fin de mes, a pesar de haber trabajado desde edades muy tempranas.

Voluntad política frente a coste económico

El argumento recurrente del Gobierno para no eliminar los coeficientes reductores es la falta de dinero, estimando que la solución al problema costaría unos 2.000 millones de euros. Sin embargo, Matinero rebate esta postura, calificándola de "problema de voluntad política".

El presidente de ASJUBI40 compara la situación con los colectivos de Clases Pasivas del Estado (funcionarios), que pueden jubilarse antes con menos años de cotización y con penalizaciones mucho menores (3,5% anual) o incluso sin ellas si superan un determinado tiempo de servicio, sin que sus profesiones sean necesariamente de mayor riesgo que las de sectores como la construcción, la metalurgia o el transporte, que sí están penalizados.

Además, recuerda que el Tribunal de Cuentas ha cifrado en 103.000 millones de euros (más intereses) la deuda del Estado con la Seguridad Social por los "gastos impropios" (como las pensiones no contributivas) que deberían estar cubiertos por los Presupuestos Generales. "O sea, que no es cuestión de dinero", concluye.

Lucha en España y en Europa

La asociación lleva una década de lucha. En el ámbito político español, han conseguido la aprobación de proposiciones no de ley en 16 de las 17 comunidades autónomas y varias mociones en el Congreso y el Senado, pero sin efecto legal.

Ante el estancamiento, ASJUBI40 decidió llevar su queja a Europa, presentando una demanda en Bruselas con la unión de 1.860 afectados. Matinero confirmó que el 24 de septiembre lograron ser recibidos en el Parlamento Europeo, donde la Comisión de Peticiones admitió que se "incumple alguna normativa dentro de Europa" y ha solicitado una explicación al Gobierno de España.

Recientemente, el Congreso de los Diputados aprobó una moción (180 votos a favor, 170 abstenciones) para exigir la eliminación de estos coeficientes. "El Partido Socialista y Gobierno votaron a favor", destaca Matinero, lo que ha llevado a la asociación a registrar una carta ante el presidente del Gobierno y las ministras de Hacienda y Seguridad Social para exigir que "no se dilate más" la solución legislativa.

Por el momento, la asociación se encuentra pendiente de que se impulse la Proposición de Ley presentada y de la respuesta de Bruselas para acabar con esta "vergüenza" que castiga a quienes más han contribuido al sistema.