Qué es Verifactu: así funciona el sistema de facturación obligatorio para autónomos que el Gobierno ha retrasado

Una nueva era fiscal se aproximaba para los autónomos y las pequeñas empresas en España, pero el Gobierno les ha dado un respiro con una moratoria de un año en su aplicación. Con la aprobación del Real Decreto 254/2025, publicado el 2 de abril de 2025 en el BOE, se activaba un cambio estructural en el modo en que los profesionales deben emitir sus facturas. Esta normativa introduce el sistema Verifactu, que será obligatorio para todos los contribuyentes en los próximos años.

Aunque el uso de Verifactu aún es voluntario, la Agencia Tributaria ya permite emplearlo de forma anticipada desde el 23 de abril de 2025. El nuevo calendario establece dos fechas clave: las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades deberán implementarlo desde el 1 de enero de 2027, mientras que autónomos y otros profesionales tendrán como fecha límite el 1 de julio de 2027. Esta medida, que forma parte de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación.

Esta nueva normativa exige que todos los sistemas informáticos de facturación generen un registro digital inalterable de cada factura emitida. Este registro debe contener medidas de seguridad como una huella digital, el enlace al registro anterior y, si el software está certificado, la remisión automática de los datos a Hacienda. Además, cada factura deberá incluir un código QR que enlaza con la sede electrónica de la Agencia Tributaria, permitiendo a cualquier receptor verificar en tiempo real si la factura ha sido comunicada.

Los autónomos podrán optar por dos tipos de programas de facturación: los certificados con conexión directa a Hacienda (Verifactu) y los no Verifactu, que simplemente almacenan los datos y permiten su entrega posterior. Sin embargo, Hacienda quiere que, progresivamente, todos los sistemas estén conectados en tiempo real, eliminando así cualquier posibilidad de manipulación o pérdida de información. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden ser severas: desde 50.000 euros por utilizar software no certificado, hasta 150.000 euros por la venta de programas fraudulentos.

No cumplir con estas nuevas obligaciones conlleva riesgos fiscales y legales considerables. Además de las sanciones económicas, la no emisión de facturas electrónicas válidas puede suponer la pérdida del derecho a deducir el IVA, posibles denuncias penales por fraude fiscal y hasta la paralización de la actividad profesional. También se corre el riesgo de quedar fuera del mercado, ya que muchos clientes y proveedores exigirán comprobantes digitales para sus propias declaraciones.

Suscríbete para seguir leyendo