ALTO RIESGO JURÍDICO
Esta es la razón por la que Fedeca ve un "fraude de ley" en la subida de sueldo a los funcionarios: "Esa subida se quedará en nada"
Fedeca advierte de que el acuerdo hasta 2028 podría no tener base legal, y alerta de que sin vincularlo al IPC real los funcionarios seguirán perdiendo poder adquisitivo
Subida salarial para funcionarios: consulta aquí cuánto ganarán en 2026

Óscar López, quien firmó la subida salarial de los funcionarios, en una imagen de archivo. / EFE - ARCHIVO

La federación que agrupa a los altos funcionarios del Estado, Fedeca, ha lanzado una advertencia contundente contra el reciente acuerdo de subida salarial para el personal público: aseguran que, tal como está planteado, podría ser un "fraude de ley".
Según explicó su presidenta, Ana Ercoreca, el problema radica en que el pacto fija incrementos hasta 2028 (más allá de la legislatura vigente, que concluye en 2027) sin que tenga respaldo parlamentario. Esto, a juicio de Fedeca, vulnera los requisitos normativos para revalorizaciones salariales.
Además, aunque el acuerdo prevé una subida acumulada de hasta el 11% (11,4% con efecto arrastre) entre 2025 y 2028 (2,5% este año, 1,5% en 2026 más un 0,5% ligado al IPC, 4,5% en 2027 y 2% en 2028), desde Fedeca advierten de que esa mejora puede no servir para recuperar poder adquisitivo.
No se vincula al IPC real ni a la inflación acumulada
La federación denuncia que la subida no se vincula al IPC real ni a la inflación acumulada, sino a estimaciones que podrían quedarse cortas frente al coste de vida real.
En su comunicado recuerdan que desde 1982 los funcionarios han perdido más del 44% de su poder adquisitivo; por ello, advierten de que "esta senda de incrementos se quedará en nada" si no se corrige el método de revalorización.
Ligar las revalorizaciones al IPC
Como alternativa, Fedeca propone ligar las revalorizaciones anuales directamente al IPC —similar al mecanismo de ajuste de las pensiones— para garantizar que los salarios se mantengan a la par del coste de la vida.
Pese a las críticas, la federación valora positivamente la voluntad de fijar una senda de aumentos, aunque insiste en que el acuerdo debe revisarse para proteger el poder adquisitivo real y asegurar su vigencia más allá de la lógica electoral.
El acuerdo, firmado entre el Gobierno —a través de su Ministerio de Función Pública— y los sindicatos UGT y CSIF (con la ratificación de CCOO aún pendiente), busca actualizar los salarios de los más de tres millones de empleados públicos tras años de pérdida salarial por inflación.
Pero para Fedeca, el pacto tal como está carece de garantías jurídicas y económicas. Su advertencia pone de relieve una tensión central en la discusion de las retribuciones públicas: ¿basta con fijar porcentajes futuros o debe garantizarse que los salarios sigan el ritmo real del coste de vida y la normativa aplicable?
En las próximas semanas será clave ver si el Ejecutivo opta por reformular el acuerdo o si, por el contrario, pasa de puntillas sobre las objeciones de los altos funcionarios: de ello dependerá que esta subida se convierta en una mejora real o en, según Fedeca, una promesa incumplida.
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