El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos

La Agencia Tributaria aplaza la entrada en vigor del sistema Verifactu para la inmensa mayoría de las pymes y autónomos españoles. La medida, que obliga a un estricto control de la facturación mediante 'software' homologado, se retrasa un año. Y, según ha cofirmado Hacienda este martes, su uso será de obligado cumplimiento a partir de 2027.

Inicialmente, el calendario de implementación se dividía en dos grandes grupos: las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades debían adaptarse a partir del 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos y otros contribuyentes del IRPF lo harían desde el 1 de julio de 2026.

Con la prórroga anunciada, las nuevas fechas de aplicación de la obligatoriedad se moverán a enero de 2027 para las sociedades y a julio de 2027 para el resto del tejido empresarial más pequeño, que suma más de 3,5 millones de contribuyentes.

Lucha contra el fraude y presión de los autónomos

La medida forma parte de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que prepara el Gobierno y tiene como objetivo principal erradicar el uso del denominado "software de doble uso" o "caja B", programas que permiten manipular y ocultar ventas.

Según explica la Agencia Tributaria en su página web, Verifactu es "el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación".

Concretamente, Verifactu exige que estos sistemas informáticos garanticen la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, remitiendo telemáticamente los datos a la AEAT, con la opción de un envío instantáneo y verificado. No cumplir con estas nuevas obligaciones puede conllevar riesgos fiscales y legales considerables. Además de las sanciones económicas, que pueden alcanzar hasta los 50.000 euros, la no emisión de facturas electrónicas válidas podría suponer la pérdida del derecho a deducir el IVA, posibles denuncias penales por fraude fiscal y hasta la paralización de la actividad profesional.

El retraso, que ya venía siendo reclamado por asociaciones del sector como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), otorga un margen adicional a los contribuyentes para implementar los cambios técnicos necesarios.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, había argumentado la dificultad de cumplir con los plazos debido a la complejidad de la adaptación y la falta de un reglamento definitivo y un 'software' público desarrollado por Hacienda.

Este martes, Amor ha celebrado la decisión del Gobierno porque supone "un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tienen más trabas y cargas". "Habíamos solicitado sentido común. Quedaban muy pocos días para finalizar este año y la entrada en vigor estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos", ha subrayado.

El Consell Territorial de la Pyme y la Comisión de Autónomos de Foment del Treball también ha valorado positivamente la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas. La moratoria "permitirá afrontar el proceso de adaptación de forma escalonada y coherente con la realidad de las empresas de menor dimensión, para asegurar que la digitalización se desarrolle sin riesgos para su viabilidad económica", indican en un comunicado.

Es crucial destacar que la Ley Antifraude también impone requisitos a los desarrolladores de 'software' de facturación, quienes deberán certificar que sus programas cumplen con todos los estándares de seguridad y que son inalterables. El incumplimiento, tanto por parte de creadores como de usuarios de programas fraudulentos, está sujeto a sanciones elevadas.

Diferencia entre SIF y factura electrónica

Es importante no confundir este sistema con la factura electrónica obligatoria impulsada por la Ley Crea y Crece. Mientras Verifactu (o Sistemas Informáticos de Facturación - SIF) se centra en la fiabilidad y el control de los registros para evitar el fraude fiscal, la factura electrónica (que también tiene su propio calendario de implementación a partir de 2027 para pymes y autónomos) busca la digitalización total de las relaciones comerciales entre empresas.

Con este aplazamiento, Hacienda busca una transición más suave y eficaz, asegurando que todos los actores dispongan del tiempo necesario para integrar las herramientas que fortalezcan el control fiscal de los pagos en España.

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