Confirmado por Hacienda: adiós al umbral de 3.000 euros para que los bancos informen de todos los cobros con tarjeta de autónomos y empresas

La reforma fiscal que impulsa el Ministerio de Hacienda (y que entra en vigor el 1 de enero de 2026) establece nuevas obligaciones informativas para bancos, entidades de pago y emisoras de tarjetas.

Entre las novedades más relevantes destaca la supresión del umbral de 3.000 euros que hasta ahora limitaba la obligación de informar sobre cobros con tarjeta de autónomos y empresas.

Qué cambia exactamente

Bajo la nueva normativa, incluida en el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, todas las entidades financieras y de pago estarán obligadas a reportar los cobros efectuados por profesionales, autónomos y empresas mediante cualquier tipo de tarjeta (débito, crédito, prepago, virtual), así como pagos realizados a través de teléfonos móviles (por ejemplo, Bizum), independientemente del importe.

Se elimina el límite de 3.000 euros, lo que significa que incluso el cobro más pequeño —por ejemplo, una venta de pocos euros— quedará registrado y comunicado a la Agencia Tributaria.

Además, la periodicidad de estas informaciones cambia: en lugar de ser anual, los datos deberán entregarse mensualmente; los nuevos modelos de reporte (como el modelo 170 o 196) empezarán a usarse con los datos de enero de 2026.

Por qué Hacienda hace este movimiento

Según el Ministerio, el objetivo es modernizar el control tributario ante la creciente digitalización de los pagos, la proliferación de fintech, neobancos, plataformas de dinero electrónico y nuevas formas de cobro, más allá de los métodos tradicionales.

Con esta medida, la Agencia Tributaria pretende contar con datos más frecuentes, completos y detallados que permitan detectar ingresos sin declarar, actividades económicas irregulares o intentos de evasión.

Qué significa para autónomos, empresas y particulares

• Para autónomos y empresas: cada cobro con tarjeta o Bizum quedará bajo vigilancia fiscal. A efectos prácticos, se fuerza una trazabilidad total de las operaciones, lo que exige una gestión rigurosa (libros, facturas, contabilidad).
• Para particulares sin actividad profesional: la obligación de informar no desaparece por completo, pero cambia de foco. La norma que elimina el umbral de 3.000 euros se aplica solo a cobros de profesionales.
• En cuanto al uso de tarjetas de consumo privado, la nueva obligación informativa anual solo afecta a aquellas cuyo volumen de cargos y abonos supere los 25.000 euros al año.

Riesgos, dudas y advertencias

Algunas voces advierten del impacto en la privacidad financiera: al extender el control sobre prácticamente todos los pagos electrónicos de empresas y profesionales, Hacienda recabará una gran cantidad de información sensible.

No obstante, desde Hacienda se ha insistido en que la obligación se circunscribe al ámbito profesional —no a todos los particulares en su vida cotidiana—, aunque la línea puede quedar difusa si un autónomo combina actividad económica y movimientos personales.

Además, esta medida coincide con un contexto general de endurecimiento de la regulación sobre movimientos bancarios, cuentas, tarjetas, efectivo y operaciones financieras, lo que representa un cambio notable en la arquitectura del control fiscal en España.

En definitiva, la eliminación del umbral de 3.000 euros marca un giro decisivo: de un sistema de información fragmentada y limitado a grandes importes, se pasa a un régimen de transparencia casi total sobre cobros profesionales.

Queda por ver (y eludir riesgos operativos lo exige) cómo gestionan autónomos, empresas y sus asesores esta nueva realidad. Y también qué impacto tendrá sobre el uso de métodos de pago digitales, la economía informal y la confianza fiscal.