El creciente papel del Estado en la empresa

Entre las 500 mayores empresas del mundo por volumen de facturación, 125 son propiedad de los Estados, total o parcialmente. De estas, 86 son chinas. Entre las 10 primeras, detrás de las grandes cadenas de distribución americanas, Walmart y Amazon, siguen el conglomerado de electricidad chino State Grid, la petrolera estatal árabe Saudi Aramco y la petrolera China National. En el año 2000, según un informe de la OCDE, el número de empresas con presencia de los Estados entre las 500 mayores sumaba 34. El salto de gigante del país comunista y la irrupción de las potencias árabes del Oriente Próximo han causado este relevante terremoto.

Que China acapare las primeras posiciones mundiales en el terreno empresarial gracias al dirigismo/intervencionismo de su sistema no es una sorpresa. Lo inesperado es que estos movimientos, unidos a la presencia de fondos de inversión soberanos -de Noruega a Qatar- como accionistas de grandes empresas occidentales, han obligado a repensar el papel del Estado en el capital de las empresas consideradas estratégicas.

El caso paradigmático ha sido EEUU. Si la gran recesión iniciada en 2008 obligó a salvar bancos, aseguradoras y compañías automovilísticas, las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, la disrupción tecnológica causada por la IA y la búsqueda y explotación de recursos minerales raros (y no tan raros, pero relevantes) ha resucitado estrategias del pasado.

La entrada del Gobierno americano en el capital de la empresa de semiconductores Intel -el 10% por 11.000 millones- sirva de símbolo. Junto a Microsoft, Intel manejó el monopolio de los sistemas operativos de los ordenadores en los años noventa en la famosa alianza Wintel. Y en los orígenes de esta industria está el impulso dado por los gobiernos americanos tras la Segunda Guerra Mundial. La presidencia de Donald Trump, no precisamente comunista, también ha decidido participar en empresas que explotan minerales raros. Lo del MAGA (Make America Great Again) tiene sus consecuencias empresariales.

En medio de este panorama, los países de la Unión Europea juegan sus guerras particulares. Francia sigue siendo el adalid del Estado intervencionista. El dirigismo francés y la participación pública en sectores considerados estratégicos son parte de su historia reciente. Hoy, el país vecino participa en 11 empresas cotizadas de su país, incluyendo el grupo aeroespacial y de defensa Airbus, con el 10,8%, y donde participan también el Estado alemán -el 10,8% también- y el español -con el 4,1%-.

En España, el intervencionismo estatal en las empresas estratégicas también tiene historia. El régimen franquista creó el INI (Instituto Nacional de Industria) en 1941 para empezar el desarrollo de sectores claves. La vida da tantas vueltas que, un producto de aquella época, Endesa, que fue sumando otras eléctricas regionales, ha acabado en manos de la italiana Enel, participada en un 24% por el Estado transalpino. Y para los curiosos de la historia, la automovilística Seat, otro producto del INI, ha acabado en manos de la alemana Volkswagen, la mayor empresa europea en facturación. ¿Y cuáles son dos de sus principales accionistas? La región de Baja Sajonia -11,8%- y el fondo soberano de Qatar -10,5%-. Este fondo es principal accionista de otra eléctrica española: Iberdrola. Controla el 8,8%.

El Gobierno ha creado un comité de inversiones claves cuyo fin es ver nuevas oportunidades y, dado el caso, participar

Esta semana en ‘activos’, Juan Carlos Lozano analiza el nuevo papel del Estado en España. La entrada del capital saudí en Telefónica fue un acicate para que, a través de la SEPI, el Gobierno ordenara la compra del 10% de la compañía de telecomunicaciones, otra de las piezas empresariales del franquismo. Junto a Telefónica, el Estado participa en otras ocho compañías cotizadas, cada una con su propia historia: desde Aena e Indra hasta Caixabank -donde hereda el capital procedente de la rescatada Bankia-. Entre ellas podrán generar este año hasta 1.800 millones en dividendos.

¿El futuro? El Gobierno acaba de crear un comité de inversiones estratégicas cuyo objetivo es ver nuevas oportunidades para facilitar inversiones y participar, si fuera el caso, en ellas. ¿De qué tipo? Sectores estratégicos fundamentales para la seguridad nacional: telecomunicaciones, energía, defensa, explotación y producción de minerales, agua e infraestructuras de transporte. A estas puede agregarse la creación de agencias estatales, autonómicas y locales en el sector de la vivienda y la construcción.

Cualquier movimiento realizado por un estado de la UE en el sector empresarial se mirará con lupa. Habrá y debe haber límites. Las transformaciones en que está sumida la UE redefinirá el mapa empresarial. La creación de un gran fondo soberano de inversión europeo no es descartable. Y nada debe hacerse sin pensar en los que deben ser los beneficiados: los ciudadanos.

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