Indra saca adelante la compra de Hispasat entre críticas por el "engorde" de la compañía y busca nueva consejera independiente

Los accionistas de Indra aprobaron este viernes en junta general extraordinaria la adquisición del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros, una operación que permitirá al grupo tecnológico tomar también el control de Hisdesat, la rama militar del operador de satélites. La junta, que contó con una participación del 66,98% del capital social, combinó el aval a la apuesta espacial de la compañía con duras críticas de un accionista al modelo de gobernanza.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, defendió la compra de Hispasat como un paso decisivo: supondrá, dijo, “avances estratégicos fundamentales” y se enmarca en la idea de que “los grandes proyectos precisan de grandes alianzas”. El consejero delegado, José Vicente de los Mozos, fue más allá y presentó la operación como la “piedra angular” en la creación de la nueva filial Indra Space y un “avance decisivo” en el posicionamiento del grupo en los sectores aeroespacial y de defensa.

De los Mozos subrayó que las comunicaciones seguras y la vigilancia son “esenciales para garantizar la soberanía nacional y la protección de los datos privados”, en un contexto en el que el espacio se consolida como “dominio estratégico” con “creciente dualidad civil y militar y aplicaciones de carácter multidominio”. La compra, añadió, permitirá a Indra beneficiarse de un “incremento sostenido de la inversión privada, con previsión de crecimiento a largo plazo” en el sector espacial.

El primer ejecutivo recordó también la participación de Hispasat en el programa Iris2, con el que la Comisión Europea busca desarrollar su propia constelación satelital, y la “disrupción tecnológica” que atraviesa el mercado, que ofrece oportunidades para actores con escala y capacidades industriales. “El ámbito espacial presenta una gran complementariedad con las actividades civiles y de defensa del grupo Indra, como la gestión del tráfico aéreo, la defensa o la movilidad”, apuntó.

La operación ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y está pendiente únicamente de la aprobación del Consejo de Ministros, que se espera antes de que acabe el año. Esa autorización se da por un mero trámite, dado que el Estado posee un 28% de Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Empobrecer al resto"

El accionista Manuel Revuelta, presidente de la consultora Axpe Consulting, protagonizó la intervención más crítica de la mañana. Denunció una “concertación clara” entre la SEPI, Sapa y Amber “con la complacencia de la CNMV” y sostuvo que muchas de las decisiones que se están tomando “no son en nada oportunas” para una compañía “crítica para el devenir futuro de este país” por su componente tecnológico.

Revuelta cargó en particular contra la adquisición de Hispasat, que describió como un intento de “engordar la compañía” más que de reforzar capacidades estratégicas. “Comprar Hispasat es como entrar en el negocio aeronáutico queriendo ser un Airbus y nos compramos Iberia”, ironizó, para insistir en que España haría mejor en formar parte de grandes consorcios europeos que en replicar estructuras por su cuenta. En su opinión, el relato del “gran campeón nacional” es “una historia para contar, pero no real”: el Gobierno y la SEPI estarían “acaparando todo el dinero del ecosistema” vía Indra, “empobreciendo el resto” del tejido industrial, al que solo llegarían “las migas” de los grandes contratos.

El accionista cuestionó también que una compañía con una trayectoria de unos 40 millones de facturación anual haya pasado en pocos años a acumular adjudicaciones por 1.000 millones, y advirtió de que se está "vendiendo una compañía estratégica" mientras se “arruina la industria” española. Revuelta pidió “formalmente la restitución del Estado en la cabeza de Indra” –en referencia al control directo y no mediado por otros socios privados– y apeló a los consejeros independientes para que ejerzan su “obligación moral de defender” el carácter estratégico de la empresa.

No todas las voces fueron críticas. La accionista Alicia Acar tomó la palabra para elogiar la gestión de Escribano y De los Mozos. Se definió como accionista “mínima, más que minoritaria”, pero se declaró satisfecha con su inversión y con la forma “directa” con la que el equipo gestor explica la estrategia. Acar se interesó además por la reciente visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y preguntó cómo podría afectar un eventual final de la guerra de Ucrania a la actividad de Indra.

En el terreno del gobierno corporativo, la representante de la Fundación Hay Derecho, Safira Cantos, centró su intervención en el peso de los consejeros independientes. Recordó que en esta junta expiraban los mandatos de dos consejeras independientes y alertó de que la reducción del porcentaje de independientes por debajo del 50% incrementa la rotación y debilita la imagen de buen gobierno, planteando la posibilidad de reelecciones o cooptaciones para corregir la situación.

Busca nueva consejera

La propia junta aprobó una batería de cambios en el consejo. Los accionistas respaldaron la reelección de Juan Moscoso como consejero dominical en representación de la SEPI, que mantiene así tres vocales en el máximo órgano de decisión. También se refrendó la reelección de los independientes Belén Amatriain, Virginia Arce y Bernardo Villazán, y la ratificación y reelección de María Teresa Busto, incorporada a finales de septiembre en sustitución de Ángeles Santamaría.

Asimismo, se nombró como nueva consejera independiente a María Aránzazu Díaz-Lladó, licenciada en Administración de Empresas y actualmente directora de Sostenibilidad y miembro del comité de dirección de Twinco Capital. Díaz-Lladó forma parte de los consejos de Cirsa y ATAM y ha tenido responsabilidades de alto nivel en Telefónica, así como tareas de consultoría para agencias de la ONU, la Comisión Europea y la Cámara de Comercio de Madrid, además de su labor docente en el ámbito de la sostenibilidad.

La intención de Indra era sumar también a Mónica Espinosa como consejera independiente, pero finalmente no ha podido aceptar el cargo. Según fuentes de Endesa, Espinosa se acogió hace años a una prejubilación que incluye una cláusula que le impide entrar en consejos de empresas proveedoras de la eléctrica, como es el caso de Indra.

Por esta circunstancia sobrevenida, el consejo quedará finalmente integrado por quince miembros, con una proporción de consejeros independientes del 46,66% y una presencia de mujeres del 33,33%. Como esta composición “difiere de la propuesta” inicial, la compañía ha anunciado que pondrá en marcha un proceso para seleccionar una nueva consejera independiente, liderado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo con el apoyo de una consultora especializada. El objetivo es someter a una próxima junta las propuestas necesarias para recuperar los niveles de representación de independientes y mujeres que el propio consejo había fijado.

Díaz-Lladó y la futura consejera que se designe sustituirán a Coloma Armero y Olga San Jacinto, cuyos mandatos finalizaron el pasado 28 de octubre y que no han sido propuestas para continuar. Con esta renovación parcial, Indra busca alinear la composición de su consejo con la nueva etapa estratégica marcada por el impulso del negocio espacial y la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación que presenta potenciales conflictos de interés: el propio presidente, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto con su hermano Javier, también consejero de Indra.

Para abordar estos conflictos, el consejo creó una comisión específica presidida por la independiente Belén Amatriain, que ha sido renovada en la junta de este viernes. Entre el respaldo a la adquisición de Hispasat y las advertencias de parte del accionariado, la compañía avanza así en su apuesta por convertirse en un actor de referencia europeo en defensa y espacio, con un escrutinio creciente sobre el equilibrio entre peso público, ambición industrial y estándares de buen gobierno.

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