TELECOMUNICACIONES
El choque dentro del Gobierno calienta el ERE de Telefónica en pleno maratón negociador con los sindicatos
La ministra de Trabajo tacha de “indecente” el recorte de casi 6.100 empleos que propone la compañía y que avala el Gobierno como accionista. Y la ministra de Hacienda le recuerda que la teleco “no es una empresa pública”
La dirección del grupo y los sindicatos montan una agenda de al menos nueve reuniones por semana para reducir los ERE y renegociar convenios colectivos de las siete filiales de Telefónica afectadas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / Candela Ordóñez - Europa Press

Telefónica pone en marcha la negociación del gran recorte de plantilla que quiere aplicar en España para ahorrar costes y apuntalar su nuevo plan estratégico. La dirección de la compañía ha confirmado a los principales sindicatos con representación en el grupo (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) su intención de ejecutar ERE en siete de sus filiales españolas buscan y su propuesta inicial contempla hasta 6.088 salidas, más de un tercio de la plantilla total de las sociedades afectadas (un 35,3%).
La compañía y los sindicatos se preparan para un auténtico maratón negociador durante las próximas semanas y que arrancará hoy mismo. El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. Y los sindicatos rechazan sellar ningún acuerdo si no va a acompañado de una renegociación y una ampliación de los convenios colectivos actuales hasta 2030.
Las negociaciones paralelas de siete ERE y de tres convenios colectivos empuja a ambas partes a montar una agenda con al menos nueve reuniones diferentes por semana, con encuentros en principio que se celebrarán de lunes a jueves, y también algún viernes, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes sindicales. Las reuniones para negociar los ERE de las tres principales filiales españolas (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) se celebrarán todos los lunes y miércoles, y los encuentros para abordar la ampliación y revisión del convenio colectivo al que están sujetas las tres sociedades están previstos los miércoles.
Dirección y sindicatos se reunirán los martes y los jueves para abordar los ERE de la matriz Telefónica SA, y de las firmas corporativas globales Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital, y las reuniones para revisar el convenio colectivo del área corporativa tendrán lugar los jueves. Por su parte, el área audiovisual Movistar+ tiene su propio calendario de reuniones, con ocho encuentros programados en diferentes días de la semana para negociar el ERE hasta mediados de diciembre y otros ocho para abordar el convenio colectivo.
Choque entre socios de Gobierno
A las puertas de la vorágine de reuniones para determinar el alcance y las condiciones económicas y sociales de los ERE, el recorte de plantilla en Telefónica ya ha desatado un choque entre los socios del Gobierno de coalición y con cruce de declaraciones entre vicepresidentas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó este martes con dureza el gran recorte de plantilla de la teleco que está participada por el Estado español (con un 10% a través del holding público SEPI desde el año pasado) y lo tachó de “indecente”.
"El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de un expediente de regulación de empleo (...) Con mayor motivo, porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras [horas después se conoció que el alcance del ERE será de casi 6.100 empleo] se vayan a la calle. No me parece correcto”, sentenció Díaz.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha ido más allá y ha trasladado por carta a la presidenta de SEPI, Belén Gualda, su malestar y su queja por el recorte de plantilla. En los últimos días, varios ministros del ala socialista del Gobierno (como el de Economía, Carlos Cuerpo, o el de Transformación Digital, Óscar López) habían subrayado como posición oficial ante el nuevo ERE de Telefónica la necesidad de que cualquier medida que adoptara la compañía se hiciera tras pactarla con los sindicatos.
Tras las críticas directas de Yolanda Díaz y el ‘señalamiento’ a la SEPI como accionista y miembro del consejo de administración de Telefónica, fue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que salió al paso (SEPI es dependiente orgánicamente justo del Ministerio de Hacienda). "Telefónica es una empresa privada que está participada en un 10% por la SEPI, es decir, que su capital es mayoritariamente privado. No es una empresa pública”, replicó Montero. “El Gobierno siempre intenta minimizar los despidos en todos los entornos en los que le corresponden a él y también en el resto, pero dejemos trabajar a los sindicatos, están ahora mismo en el diálogo y, por tanto, llegando al mejor acuerdo posible". Desde la propia SEPI también confirma su “exigencia” de que haya acuerdos con los sindicatos antes de adoptar ajustes laborales.
ERE con el aval del Gobierno
El nuevo ajuste de plantilla en Telefónica forma parte de las iniciativas de recorte de costes incluidas por la cúpula de la teleco en el nuevo plan estratégico para el próximo lustro. Una nueva hoja de ruta presentada hace tres semanas por el presidente Marc Murtra y que contó con el apoyo unánime del nuevo núcleo duro de accionistas del grupo, entre los que se encuentra el Estado español (con una participación 10% a través del holding SEPI) y también Arabia Saudí, CriteriaCaixa (ambos con un 10%) y BBVA (con cerca de un 5%).
El Gobierno dio así a respaldo a las medidas de reducción de costes contempladas en el plan estratégico, incluido el ajuste de plantilla. En anteriores recortes de empleo por parte de Telefónica, y de otras operadoras de telecomunicaciones, el Ejecutivo ha subrayado de manera permanente que ha velado por que las medidas fueran lo menos dolorosas posibles y por que compañías y sindicatos acordaran las condiciones de las salidas. Pero en esta ocasión se da la circunstancia particular de que el Gobierno es accionista de referencia de la compañía que ejecutará el ERE y se sienta en el consejo de administración que ha refrendado la medida.
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