Los sindicatos reclaman subir el salario mínimo un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes

CCOO y UGT han reclamado que el salario mínimo interprofesional suba un 7,5% a partir del año que viene, pasando así de los actuales 1.183 euros a 1.273 euros brutos mensuales (en 14 pagas). Unos 2,5 millones de asalariados cobran en España el SMI y están a expensas de cómo se actualice este umbral a partir del año que viene. El Ministerio de Trabajo todavía no ha dado comienzo a la negociación con los agentes sociales sobre cómo debe revalorizarse el suelo salarial el próximo año, pero las centrales ya se avanzan y ponen encima de la mesa unas cuantías muy superiores a los niveles de inflación actuales y que pretenden compensar una posible tributación a IRPF que pueda acabar imponeindo Hacienda, como ya intentó hacer el año pasado. Algo que hace muy difícil que la patronal se acabe sumando a un acuerdo tripartito.

Cada año el proceso para revalorizar el SMI el siguiente proceso. Primero, en otoño, el Ministerio de Trabajo convoca a la comisión de expertos gubernamental -formada también por asesores de Hacienda y Economía- para que esta elabore una propuesta de incremento. Este trabajo técnico amaga un proceso de negociación política en el seno del Gobierno. Cuando las posiciones dentro de la coalición ya están consensuadas o pactadas las diferencias, los técnicos entregan su informe al Ministerio de Trabajo y se da inicio a la consulta -obligatoria por ley- con los agentes sociales.

La fase del informe técnico de la comisión asesora todavía no ha concluido, pero las centrales con representación mayoritaria ya han querido anticiparse para tensionar el proceso. Este martes han convocado una rueda de prensa para dar a conocer sus reivindicaciones conjuntas. No se espera por parte de la patronal una contraréplica, mucho más contenida hasta ahora con sus propuestas y reivindicaciones en relación al salario mínimo.

La posición de salida de las centrales, cuando las convoquen, será ese 7,5%. Un porcentaje más del doble de la inflación, que ahora mismo está en el 3,1% y también por encima de las cuantías que los propios sindicatos están firmado cuando renuevan los convenios colectivos (4,15% para los acuerdos firmados este año). Esa subida del 7,5% implicaría un incremento de 88,7 euros brutos al mes. O, lo que es lo mismo, 1.242 euros más al año.

Complicado acuerdo con la patronal

Las centrales reclaman una subida ambiciosa ya que asumen y pretenden que los trabajadores que perciban el SMI tributen IRPF. Hasta ahora estos no tributaban, ya que se entendía que las cuantías eran suficientemente reducidas como para encima exigirles que cedieran parte de sus ingresos al erario público. No obstante, después de las sucesivas revalorizaciones aplicadas durante los últimos años -desde 2018, cuando Pedro Sánchez entró a Moncloa, el SMI ha crecido un 62%- el SMI es una referencia mayor y que cada vez cubre a más trabajadores en España.

Según los datos de Trabajo, alrededor del 14% de los asalariados percibe el SMI y entidades como la Airef advierten de que, en tanto que los sueldos inmediatamente superiores no están subiendo al mismo ritmo, cada vez su cobertura es mayor.

El Ministerio de Hacienda ya intentó que el SMI tributara IRPF el año pasado, mientras que Trabajo se opuso y al final se resolvió el choque posponiendo a este año el debate. Ahora, presumiblemente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, volverá a pretenderlo y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya pidió a la comisión de expertos que preparara dos cifras: una teniendo en cuenta que el SMI tributa y otra que no tributa.

Tras el movimiento de las centrales, el debate presumiblemente se centrará en el primer escenario y ello complica el 'plácet' de la patronal CEOE. Y es que si el SMI tributa, la subida exigida por las centrales será mayor y al final quien acabará pagando la misma son las empresas. Si bien un consenso a tres bandas ya se anticipaba complicado, en tanto que la CEOE hace cuatro años que no apoya una revalorización del SMI -la última vez fue en 2020- y en lo que va de legislatura apenas ha pactado nada con el Gobierno, aún menos con el Ministerio de Trabajo.

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