Bloqueo a las pensiones: la AIReF entierra el examen 'a la carta' del Gobierno y deja a la Seguridad Social sin su cálculo más optimista

El pulso por la independencia institucional ha llevado al bloqueo del nuevo examen sobre la sostenibilidad de las pensiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha anunciado la paralización del informe que el Ministerio de Seguridad Social le había encargado por decreto, con el objetivo de incorporar los datos más recientes de crecimiento del PIB y empleo, anticipando un resultado más favorable para el sistema.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha sido tajante al señalar que el Real Decreto, impulsado por el departamento de Elma Saiz, contraviene la ley que rige las funciones del organismo, como recogen diversos medios.

La decisión de congelar el trabajo, que estaba previsto para publicarse en junio, se produce tras la consulta de la AIReF a la Abogacía del Estado, que ratificó la necesidad de cumplir estrictamente con los límites de la norma.

Una cuestión de legalidad y autonomía

El origen del conflicto reside en la figura que el Gobierno intentó imponer: un informe.

La ley de la AIReF es restrictiva: solo le permite elaborar informes sobre once materias taxativamente tasadas, como las previsiones macroeconómicas o el endeudamiento público. Las pensiones no están incluidas en esa lista.

Herrero defendió ante el Congreso que el Gobierno está "mermando" la capacidad supervisora de la institución al intentar imponer criterios y trabajos que exceden su mandato.

"Para esto no hace falta la AIReF", indicó la presidenta, sugiriendo que la simple actualización estadística de PIB y empleo la podría realizar la propia Seguridad Social.

La AIReF, respaldada por el criterio de la Abogacía, ha lanzado un ultimátum técnico al Ejecutivo: para que el informe se realice como ellos lo desean, deberían cambiar la Ley Orgánica 6/2013.

Si no se modifica la norma, el Gobierno debe optar por la única vía legalmente factible: un estudio o evaluación.

El Gobierno pierde el control sobre los plazos

La vía de la evaluación/estudio es la única que permite a las administraciones públicas solicitar trabajos a la AIReF, pero lo hace con una condición clave: la Autoridad Fiscal fija el calendario, la metodología y los criterios, en función de su carga de trabajo. Además, se requiere una dotación presupuestaria específica.

Al negarse la AIReF a trabajar por la vía del "informe", el Ministerio de Seguridad Social pierde el control sobre los plazos.

Será la Autoridad Fiscal, y no el Gobierno, quien decida cuándo publicar el trabajo y bajo qué condiciones técnicas.

En la práctica, esto hace que sea "prácticamente improbable" que el análisis pueda presentarse el próximo mes de junio.

Varios medios afirman que el Ejecutivo insiste en que el encargo es un "informe de seguimiento" y que está amparado por una "cláusula de cierre" de la reforma de pensiones que contó con respaldo parlamentario.

No obstante, la presidenta Herrero ya ha anticipado que los resultados, aunque se realizaran, "no supondrán un gran cambio" respecto al informe de marzo, diluyendo las expectativas generadas por el Gobierno sobre un cálculo mucho más optimista.