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Medidas urgentes para el campo

El Parlament accede a rebajar un 95% el impuesto de sucesiones a los agricultores y a aligerarles la carga administrativa

La oposición reprocha a la Conselleria d'Agricultura que se olvide del sector forestal en un decreto que califican de "oportunidad perdida"

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Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
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El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles, con el voto en contra de Vox y Aliança catalana y las abstenciones de los Comuns, la CUP, el PP y Junts, el decreto en el que se contempla un paquete de beneficios fiscales para el sector agrícola, forestal y ganadero, que prevé, entre otras cuestiones, la reducción del 95% -que se eleva hasta el 99% para los agricultores menores de 40 años- en el impuesto de sucesiones y donaciones que se aplica en las transmisiones de explotaciones agrarias. El decreto también prevé un descuento del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales (un 99% para los jóvenes) en las operaciones de compraventa de fincas rústicas. "Se trata de facilitar la continuidad de la actividad agraria, porque se está produciendo un exceso de control administrativo que ya ha perdido todo su sentido", ha afirmado el conseller de Agricultura y promotor de la iniciativa parlamentaria, Òscar Ordeig.

El paquete de medidas, largamente reivindicado por el sector, busca facilitar el acceso a la tierra de agricultores profesionales, especialmente los más jóvenes. Para ello, se incluyen también bonificaciones en actas notariales y una rebaja del 90% por actas de división o agrupación de fincas, con las que se intenta dar respuesta a un sector que lleva años afectado por "las heladas, las inundaciones, la sequía, los incendios forestales y los casos de enfermedades animales, junto con el envejecimiento de los titulares de las explotaciones", ha destacado Ordeig.

Para agilizar también la actividad cotidiana de los payeses, el documento prevé también la eliminación de trámites administrativos, que pasan por la supresión de la obligación de mantener un libro de gestión de fertilizantes (LGF) a los agricultores que gestionen un cuaderno de explotación digital o la exención de la presentación de la declaración anual de gestión de deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados. Así se evita la tantas veces denunciada duplicidad de obligaciones administrativas de los agricultores. En el ámbito de la prevención de incendios forestales, se incorpora el que ya no será necesario pedir autorización para llevar a cabo las actividades con peligro de incendio en zonas boscosas aisladas inferiores a una hectárea.

Las críticas de la oposición

Aunque finalmente el texto ha prosperado, con 62 votos a favor, 11 en contra y 61 abstenciones, las intervenciones de los grupos de la oposición han sido especialmente críticas con "la parte forestal de este decreto, que no satisface a nadie", ha denunciado la diputada de Junts, Jeannine Abella. Para la representante de ERC, Montse Bergés, la iniciativa "se queda corta, como ha reconocido el propio conseller, por lo que se le han trasladado una serie de reclamaciones adicionales para que sean aplicadas en el primer trimestre de 2026".

En el decreto, cuya fórmula ha sido también muy denunciada por los grupos parlamentarios, se reconoce asimismo el pago de lo que se conoce como lucro cesante. Es decir, que se compensa al ganadero por lo que ha dejado de ganar. Por ejemplo, si un lobo o un oso ha matado a una vaca considerada como reproductora, se le añadirá a la compensación de la vaca muerta, correspondiente a otros dos ejemplares. También en el ámbito de la fauna salvaje, el decreto considera "urgente modificar los requisitos de formación exigidos para las personas cualificadas para llevar a cabo actuaciones de control poblacional de especies cinegéticas".

En lo relativo a bosques, el texto prevé flexibilizar la burocracia y eliminar autorizaciones requeridas hasta ahora para trabajar en el bosque. También ha sugerido retirar tasas que se imponían por la declaraciones de impacto ambiental cuando se realizaba gestión forestal con maquinaria. Y en materia de prevención de incendios forestales, el nuevo decreto elimina la obligación de solicitar autorización para realizar actividades con riesgo de incendio en zonas boscosas aisladas de menos de una hectárea.

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