Empleo público
El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 10% hasta 2028 e indigna a los sindicatos
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública no quiere comprometer más de un 4% para este año y el que viene y las centrales ven como se les complican las negociaciones

Un funcionario atiende una llamada desde su oficina. / EPC

El Gobierno ha ofrecido a los funcionarios subirles un 10% el salario en un periodo de cuatro años, es decir, entre 2025 y 2028. Así se lo ha expuesto este miércoles el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a los sindicatos mayoritarios en la función pública, que coinciden en calificar de insuficiente la cuantía y ven como la negociación se les complica. Más de tres millones de empleados públicos, tanto de la Administración General del Estado, como de las comunidades autónomas o de los municipios están pendientes de esta negociación.
Las cuantías puestas encima de la mesa por el Ejecutivo dan cuenta de las limitaciones presupuestarias y políticas que atraviesa y amenazan con generar un agujero en el poder adquisitivo de los empleados públicos. Desde Función Pública no han detallado las cuantías concretas para cada uno de los ejercicios, si bien sí han transmitido a las centrales que para este año y para el próximo no pueden exceder el 4% de aumento. Teniendo en cuenta que el IPC está avanzando a un ritmo del 2,6% acumulado este año y las previsiones para el que viene son de una moderación muy suave, se hace difícil que entre 2025 y 2026 la inflación acumulada no exceda ese 4%. Es decir, los sindicatos temen que los empleados públicos se empobrezcan.
"Es un insulto", han manifestado desde CCOO. "El Gobierno está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y, por tanto, pensamos que hay margen para elevar la oferta", han afirmado desde Csif. "Es insuficiente y nos complica la negociación", han apuntado desde UGT. Existe consenso entre las tres centrales sobre la insatisfacción con una propuesta que, según anticipó el Gobierno, pretendía cubrir el poder adquisitivo de los funcionarios durante los próximos cuatro años. Y, con la horquilla que ha puesto este miércoles encima de la mesa el Ministerio dirigido por Óscar López, difícilmente sucederá, a ojos de las centrales.

El Gobierno plantea una subida salarial fija para los funcionarios del 10 % entre 2025 y 2028 / EFE
Ante el enojo de los sindicatos, desde el Ministerio han afirmado que "se ha comprometido a estudiar los planteamientos realizados por las organizaciones sindicales" y les han citado a una nueva reunión este próximo jueves para seguir abordando el asunto. El Gobierno tiene la potestad para decidir unilateralmente los incrementos salariales que aplica a sus funcionarios, aunque sí está obligado a consultarlo previamente con los sindicatos mayoritarios en la función pública. En años anteriores el Ejecutivo ha sacado adelante acuerdos parciales con las centrales, si bien es inhabitual hacerlo con todos los sindicatos en contra.
El anterior acuerdo plurianual con los funcionarios fue para el periodo 2022-2024. En este tiempo, el incremento salarial acumulado fue del 9,5%, frente a una inflación del 14,7% registrada durante ese mismo periodo. Las centrales reclaman compensar al menos parte de ese poder de compra perdido y temen que, ante las cuantías puestas encima de la mesa por Función Pública, ese 10% no sea suficiente para ello.
Limitaciones presupuestarias
El Gobierno tiene por delante un encaje de bolillos complejo. Con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados desde hace tres ejercicios y sin previsión de poder tener unos nuevos a corto plazo, el Ejecutivo debe revalorizar las nóminas públicas. Estas, ante la situación de bloqueo parlamentario, llevan congeladas en toda la Administración desde principios de año. Y no solo debe desbloquearse las de este ejercicio, sino las que deben regir a partir del 1 de enero del año próximo, para lo que apenas queda mes y medio.
Para cuadrar números y teniendo en cuenta que la senda de gasto planteada por Hacienda para el año que viene carga prácticamente toda la reducción del déficit sobre la administración central, en favor de dar más margen a las autonomías, desde Función Pública han afirmado que el porcentaje acumulado para este año y el que viene no podrá ser superior al 4%. Ya que ello supondría superar el techo de gasto, según el argumento que las centrales afirman que les han dado desde Gobierno.
Las centrales no dan por definitiva la oferta del Gobierno y las negociaciones continúan este próximo jueves. Antes de que el Gobierno decidiera reanudar las conversaciones para tratar de pactar una nueva senda de subidas, las centrales se planteaban organizar algún tipo de huelga en la función pública para finales de año. Por el momento, los sindicatos no han descartado ni confirmado oficialmente que esa potencial acción de protesta la estén valorando o no.
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