Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de la Seguridad Social: "La brecha de género y el envejecimiento poblacional siguen siendo los principales problemas del sistema de pensiones"

Treinta años después de su aprobación, el Pacto de Toledo se encuentra en una encrucijada y en pleno debate.

Expertos y protagonistas del sistema público de pensiones se reunieron esta semana en un evento conmemorativo organizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Instituto Santalucía para debatir su futuro, señalando los principales escollos que amenazan su equilibrio y sostenibilidad.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, fue tajante al afirmar que los retos ineludibles son el envejecimiento poblacional y la brecha de género, problemas estructurales que "no pueden esperar 30 años más para corregirlos".

Suárez subrayó que la conmemoración es una garantía de que las futuras reformas deberán preservar las cuatro dimensiones de sostenibilidad del sistema: social, financiera, jurídica y política, insistiendo en que el factor contributivo principal debe seguir siendo el de las cotizaciones.

Un pacto cuestionado por los expertos

La jornada sirvió de plataforma para presentar dos informes que analizan la evolución del Pacto de Toledo, ofreciendo visiones complementarias.

El ex secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en su informe 'El Pacto de Toledo en su 30º aniversario: La singularidad de una institución española', lo reivindica como una "rara avis" de la política española.

Granado destacó su capacidad para generar estabilidad y lealtad institucional, evitando que la política de pensiones se convierta en un factor de desestabilización.

No obstante, advirtió que para que el relevo generacional siga siendo posible, es imperativa una política que aborde la baja natalidad en España.

La visión crítica provino de Miguel Ángel García Díaz, profesor de economía aplicada e investigador asociado en Fedea. En su análisis 'El Pacto de Toledo. Lo que fue y lo que es', el experto advierte de la "pérdida de utilidad" del instrumento, señalando que parece haberse convertido en una "suerte de subasta política".

García Díaz argumenta que un cambio estructural desde 2013 ha roto el equilibrio intergeneracional del Pacto, orientándolo hacia políticas expansivas que benefician a los actuales pensionistas en perjuicio de las futuras generaciones.

El estudio llama, también, a recuperar el espíritu fundacional basado en el rigor técnico y la corresponsabilidad.

El contrato intergeneracional, en peligro

Durante las mesas redondas, los expertos coincidieron en que la sostenibilidad del sistema está ligada a la del conjunto de las Administraciones Públicas.

El desafío demográfico fue central, con estimaciones que indican que el envejecimiento duplicará la tasa de dependencia en las próximas décadas, exigiendo entre 3,5 y 4 puntos adicionales de PIB en transferencias públicas.

Ante este panorama, el debate se sigue centrando en la necesidad de:

1. Recuperar un factor de sostenibilidad vinculado a la evolución demográfica.
2. Ampliar el cómputo de la vida laboral en el cálculo de las pensiones.
3. Reforzar la previsión social complementaria (planes de empleo y privados), ya que España mantiene una participación del 8% frente al 32% de la media europea.

Ángel de la Fuente, director de Fedea, resumió el sentir general al señalar que el Pacto de Toledo "debería ser mantenido y, en cierto sentido, recuperado" porque reduce el coste político de tomar "decisiones impopulares pero necesarias para el interés general".

En resumen, en un contexto de polarización, los expertos siguen destacando que estos espacios de consenso son más necesarios que nunca para garantizar la equidad y la solidez del sistema a largo plazo.