Fondos oportunistas planean una ola de embargos por 700 millones de bienes de España en EEUU por los recortes a las renovables

España lleva años sorteando el pago de indemnizaciones millonarias que ha ido acumulando en diferentes cortes de arbitraje internacionales por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. A modo de condenas por laudos interpuestos por inversores afectados por el ‘hachazo’ retroactivo a las primas a las plantas verdes, el Estado español acumula compensaciones impagadas por unos 1.755 millones de euros (a los que se suman otros más de 415 millones en concepto de intereses de demora) y sólo ha ejecutado el abono a un único inversor al agotar todas las vías legales para evitarlo.

Las larguísimas batallas legales, ahora comandadas en su inmensa mayoría por fondos oportunistas que han recomprado los derechos de cobro a los inversores originales, se intensifican con un nuevo frente judicial internacional. Varios inversores afectados por los impagos de las indemnizaciones se movilizan para conseguir en Estados Unidos una ola de embargos e incautaciones de bienes del Estado español para poder cobrar cerca de 700 millones de euros.

El fondo Blasket Renewable Investments ha presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (Washington DC) la primera solicitud formal para iniciar el rastreo de bienes y activos del Estado español en EEUU para activar su confiscación, como parte del procedimiento tras sentencias contra el Reino de España con el objetivo de ejecutar los laudos arbitrales internacionales firmes. El fondo oportunista ha activado la solicitud correspondiente al laudo del grupo Watkins contra España, y pretenden adherirse próximamente a la reclamación otra media docena de empresas y entidades.

Los inversores y fondos oportunistas exigen que España proporcione, en un plazo máximo de 30 días, información detallada sobre activos, cuentas bancarias, deudas, préstamos contratos y propiedades ubicadas en Estados Unidos, así como datos relativos a diversas empresas y entidades públicas españolas (así como algunas privadas vinculadas al Estado a través de su accionariado u otro tipo de vínculo).

Entre las compañías y entidades españolas sobre las que se solicita información figuran el holding estatal SEPI, Renfe, Enaire (el grupo encargado del control aéreo y máximo accionista de Aena), Paradores, Ineco o el Instituto Cervantes, con el fin de determinar si actúan efectivamente como ‘alter ego’ del Estado y, por tanto, sus activos pueden ser objeto de embargo. Algunos inversores ya habían conseguido en Europa el embargo, al menos temporal, de algunos activos españoles en el extranjero (como la sede en Londres del Instituto Cervantes, ahora en litigio, o los pagos de Eurocontrol a Enaire) y el Estado se ha visto obligado a consignar fondos para evitar o postergar la incautación en algunos casos.

Los tribunales norteamericanos ya han emitido siete fallos contra España en las últimas semanas, reconociendo el derecho de los inversores a cobrar las indemnizaciones por un total de 688,4 millones. Son los beneficiarios de esas indemnizaciones por casi 700 millones las que se movilizan ahora para conseguir las incautaciones. A la sentencia más reciente, ligada al caso del grupo 9Ren y por valor de 44 millones, hay que sumarle las decisiones correspondientes a casos de otros antiguos inversores como Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) o NextEra (290,6 millones).

El escudo de Bruselas

España hasta el momento sólo ha visto forzada a pagar en una ocasión una indemnización millonaria a un inversor internacional por los recortes a las ayudas a las energías renovables aprobados por el Ejecutivo de Rajoy. Tras años de resistencia por parte del Ejecutivo español a abonar las compensaciones a las que le habían condenado diferentes cortes de arbitraje internacional, los fondos de inversión especializados en gestionar este tipo de pleitos consiguieron el pasado junio romper el bloqueo y encontraron la vía de empezar a cobrar (aunque sólo para una parte muy menor de las indemnizaciones de más de 10.000 millones que se llegaron a reclamar en varias decenas de demandas).

El Gobierno dio por agotadas todas las vías jurídicas para frenar uno de esos casos pendientes y tuvo que ejecutar el abono de un laudo internacional en lo que suponía un punto de inflexión en la gran batalla legal de la última década por el hachazo a las primas que recibían las plantas renovables. El Ejecutivo pagó íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que revendió la gestión del pleito y los derechos de cobro al fondo Blasket Renewable Investment, que controla de hecho la mayoría de los laudos contra España que siguen en marcha. Gobierno y Blasket pactaron el abono de una compensación de 32 millones de euros.

La Comisión Europea ha concedido a España una gran escudo para evitar pagar indemnizaciones milmillonarias a las empresas energéticas afectadas por el hachazo a las ayudas a las renovables, pero sólo en el caso de que las compañías sean de alguno de los países de la Unión Europea. Si España paga las indemnizaciones pendientes por demandas de empresas europeas se consideraría una ayuda de estado ilegal, según la nueva doctrina de Bruselas. Pero los pleitos activados por inversores no comunitarios quedan fuera de ese blindaje y los fondos oportunistas han conseguido romper el cerrojo, por lo que España se expone a tener que pagar compensaciones en total por unos 200 millones de euros en cuatro laudos de inversores no europeos.

España se enfrenta a cuatro procedimientos arbitrales iniciados por inversores extracomunitarios, por los que ha sido condenada a pagar en total más de 167 millones de euros, y ascenderán a más de 200 millones con los intereses de demora acumulados. El Ejecutivo ya había conseguido rebajar sustancialmente las cifras que exigían los cuatro grupos, con un montante total reclamado de 586 millones, según las cifras de la Abogacía del Estado adelantadas por este diario.

El Gobierno circunscribe la batalla con inversores de fuera de la Unión Europea sólo a los pleitos con JGC (con 23,5 millones de indemnización reconocida por el laudo arbitral), Eurus (106 millones), Itochu (93 millones) y Mitsui (31,5 millones). Ninguno de ellos se encuentran entre los inversores que pretenden activar la batalla legal en Estados Unidos para ejecutar embargos de bienes estatales españoles.

Fuentes del sector energético incluyen los pleitos de otras varias compañías más en el mismo saco de las extracomunitarias, elevando sustancialmente la cifra potencialmente afectada por la nueva vía para que España pague (hasta el entorno de los 500 millones). Pero el Gobierno sólo reconoce estos cuatro pleitos, porque en otros casos, incluso si el grupo matriz es de fuera de la UE, la compañía acabó presentando la demanda de arbitraje mediante filiales europeas que quedarían afectadas por el escudo avalado por Bruselas para impedir los pagos de las compensaciones.

España ya ha conseguido reducir drásticamente el importe demandado por los inversores internacionales. Las empresas energéticas y posteriormente los fondos buitre que recompraron los derechos de cobro llegaron a acumular reclamaciones por un importe de 10.635 millones de euros en un total de 51 pleitos. Pero las condenas de laudos de las cortes arbitrales acumulados contra el Reino de España sólo han reconocido compensaciones por algo más de 1.700 millones. España aún tiene cerca de una decena de laudos pendientes de resolución con indemnizaciones reclamadas por 1.291 millones, pero todos los casos corresponden a empresas europeas.

La ‘venganza’ por la reventa de pleitos

Bruselas en efecto ha decidido eximir a España de abonar las compensaciones pendientes por laudos arbitrales a empresas europeas. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez pretende movilizarse para blindarse por completo de tener que realizar los pagos en caso ante la posibilidad de que algún tribunal decida forzar el abono de las indemnizaciones.

La gran mayoría de las empresas energéticas que iniciaron los procesos de demanda contra España han revendido sus derechos de cobro de los laudos a fondos buitre. El fondo estadounidense Blasket ha llegado a tomar el control de la gestión de la mayoría de los pleitos contra el recorte de las renovables, según confirman fuentes del sector, apuntando que la firma tiene en sus manos entre un 60% y un 70% de los derechos de cobro de las indemnizaciones.

El Gobierno está diseñando una ofensiva legal contra las compañías europeas de renovables que revendieron los pleitos a fondos buitre para blindarse por completo. En caso de que estos fondos oportunistas consigan que algún tribunal trate de obligar a España a pagar las indemnizaciones a pesar de la decisión de Bruselas, el Ejecutivo abrirá una batalla legal contra las empresas energéticas que trapichearon con los laudos y les reclamará a ellas todas las cantidades para recuperar lo que la Comisión Europea consideraría ayudas ilegales.

Suscríbete para seguir leyendo