Los inspectores de Hacienda alertan de que la nueva tasa de basuras rozará un déficit de 2.000 millones

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha alertado de que la nueva tasa de basuras, traspuesta por España desde una directiva europea y obligatoria desde el pasado 10 de abril, provocará un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos, además de indicar que la falta de desarrollo de la ley que la regula provoca "una gran inseguridad jurídica y desigualdad" para el contribuyente.

Los 2.000 millones de euros de déficit han sido estimados por la Fundación ENT, fuente que los inspectores consideran fiable, y se sustentan en que el gasto relacionado con la nueva tasa ascenderá, en 2025, hasta los 5.325 millones de euros, mientras que el ingreso recibido por las entidades públicas será de 3.488 millones. Esto choca frontalmente con la normativa de la tasa, que establece que esta debe ser no deficitaria, además de preceptiva y obligatoria para todos los ayuntamientos.

En cuanto a las características de la tasa, el Observatorio para el Laboratorio de Residuos, entidad que los inspectores consideran fiable, ha estimado que la nueva tasa de basuras recaudará unos 2.400 millones de euros anuales, lo que la convertiría en el segundo ingreso a nivel local, solo por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y por encima de la plusvalía.

Incertidumbre y problemas presupuestarios

Otro de los problemas de los que han alertado los inspectores tiene que ver con los "agujeros presupuestarios" que puede generar la imposición de la tasa. Según adelantan, "si prospera la cascada de denuncias que se avecina por parte de los contribuyentes", debido a la deficiencia en el desarrollo de la medida, las tasas de algunos ayuntamientos serán anuladas por sentencia, con tiempos estimados entre tres y cuatro años desde la aprobación de la ordenanza correspondiente y la anulación por parte de la justicia.

Además, el colectivo de inspectores ha remarcado que llevan señalando desde hace tiempo que la regulación de esta tasa es "escasa e ineficiente", y que provocará incertidumbre e inseguridad jurídica, especialmente en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación. Según su interpretación, esto se produce a causa del "desinterés e inacción" por parte del Ministerio de Hacienda, así como "la falta de diálogo real con las entidades locales" a la hora de legislar.

"En los últimos 30 años y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios conocían cómo regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica. Ahora, por primera vez en la historia de la tributación local, estamos ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria", denuncian los inspectores. Tal y como advierten, en este nuevo caso aplica el principio del pago por generación, que es consecuencia de otro conocido principio: “el que contamina paga”.

En este sentido, ANIHPL opina que todo ello está provocando "una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa, que van a resolverse igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo", por lo que la imposición de esta medida generará, previsiblemente, un caos administrativo considerable.

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