Los alquileres suben un 3,2% en Catalunya en el segundo trimestre del año

El precio medio del alquiler en Catalunya ha vuelto a crecer en el segundo trimestre de 2025. Según los datos del Institut Català del Sòl (Incasòl) hechos públicos el miércoles, el importe del contrato medio se situó en 854,7 euros al mes, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 827,8 euros. La subida, que se produce tras la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado de marzo de 2024, muestra que el mercado catalán se mantiene al alza, aunque con diferencias notables entre los municipios regulados y el resto del territorio.

Este crecimiento del 3,2% en los precios representa solo la foto de los últimos tres meses analizados, aunque desde el Govern, en boca de la consellera responsable de este ámbito, Sílvia Paneque, se ha destacado que en el conjunto de los municipios declarados tensionados la reducción global desde que se aplica la normativa ha sido del 1,9% y, en las localidades fuera de la regulación, el precio ha incrementado mucho más, hasta un 6,6%, lo que avalaría la aplicación de los controvertidos topes, que el sector no ve con buenos ojos porque asegura que frena la oferta.

Tendencia a la moderación

En las zonas declaradas tensionadas, donde se aplica ese régimen de contención de rentas, entre abril y junio el alquiler medio alcanzó los 871,2 euros, frente a los 845,2 del primer trimestre. Es decir, un incremento del 3%, que contrasta con la tendencia a la moderación registrada en el primer trimestre de aplicación de la ley, un año atrás. En cambio, en los municipios no tensionados, donde no existe limitación de precios, el crecimiento fue más pronunciado: de 595,9 a 622,4 euros mensuales, un 4,4% más.

En conjunto, la media catalana se sitúa así por encima de los 840 euros de principios de año, manteniendo una evolución similar a la observada en Barcelona, donde el precio ha repuntado también tras una primera fase de moderación vinculada a la regulación.

Diferencias por demarcaciones

Otra cara del mercado que desvelan los datos del Incasòl es el descenso de la actividad contractual. Entre abril y junio se firmaron 26.416 contratos de arrendamiento en Catalunya, un 4,8% menos que en el primer trimestre. La caída es generalizada tanto en los municipios tensionados como en los no tensionados, aunque el descenso es ligeramente más acusado en los primeros (24.663 frente a 25.809). En las zonas no reguladas se pasó de 1.939 a 1.753 contratos.

El mercado del alquiler en Catalunya revela también diferencias crecientes entre demarcaciones. Durante el segundo trimestre de 2025, si la renta media contractual se situó en 854,70 euros al mes, en Girona la renta se mantuvo prácticamente estable (669,84 euros frente a 668,80 euros); en Lleida ascendió levemente (494,65 euros a 502,27 euros); en Tarragona pasó de 586,16 euros a 596,44 euros; y, en la de Barcelona, de 912,44 a 945,94 euros.

58 inspectores

El mercado catalán, con una media de casi 55.000 contratos anuales en el arranque del año, continúa así ajustándose a las nuevas condiciones. Desde el Govern se insiste en que las cifras deben leerse con cautela, dado que los efectos de la regulación tardan meses en consolidarse y se trata de un mercado que fluctúa. Desde Territori se fía el cumplimiento de la ley a través de nuevos inspectores de la Agència de l’Habitatge, que EL PERIÓDICO anunció que se publicarían esta semana. De hecho, esta convocatoria se hizo oficial el martes, con 58 plazas, confirman fuentes de la Conselleria. También se sumarán 2 coordinadores para crear el grupo de 60 personas acordado con los Comuns.

Cinco trimestres después de la entrada en vigor de la contención de rentas en los municipios tensionados, es decir, aquellos en los que el acceso a la vivienda es más complicado ya sea por el elevado coste de la misma o por carencia de oferta, la Generalitat quiere dar también un paso más que evite la picaresca del mercado. La consellera Paneque ha revelado que han abierto 30 expedientes por incumplimientos de la ley. Justamente el despliegue del nuevo personal inspector debería ayudar a tirar adelante las posibles sanciones que se deriven, ya que la tramitación de un expediente de este tipo no es administrativamente ágil.

No obstante, los Comuns han advertido de que no avalarán los presupuestos de la Generalitat hasta que no se apliquen las multas porque el régimen sancionador está vigente desde el mes de febrero y, en cambio, no se ha impuesto todavía ninguna.

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