El Gobierno ofrece a los funcionarios subirles el sueldo al mismo nivel que el IPC hasta 2028

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública han comenzado a negociar cómo subirán los sueldos de más de tres millones de empleados públicos durante este año y los venideros. Y los negociadores del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública han ofrecido un incremento a tres años que permita a los empleados públicos al menos mantener su poder adquisitivo. Fuentes sindicales consultadas explican que la hoja de ruta planteada por el Gobierno fija una revalorización hasta el 2028 y que la subida salarial pendiente para este año se negociará a parte y tendrá un carácter particular. La negociación entre el Ministerio y las federaciones estatales que ha arrancado este miércoles fija los parámetros que luego deberán aplicar el resto de administraciones, desde las autonomías hasta los municipios.

"El objetivo es establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo", ha manifestado el Ministerio en un comunicado emitido tras la reunión. El equipo de Óscar López no ha especificado si el formato final incluirá una clásula cada año para equiparar la subida salarial de los empleados públicos a la inflación, como sucede con las pensiones contributivas, o tendrá una cláusula de cierre para que a final del periodo el Gobierno de turno -sea del color que sea, pues en 2028 la presente legislatura ya estará vencida- deba corregir la diferencia con una paga extraordinaria.

No es casualidad que las negociaciones para nuevos incrementos salariales arranquen ahora. En primavera ya hubo un conato negociador por parte del Gobierno, si bien este no tuvo más recorrido y hoy día el ministro López vuelve a intentarlo, con el horizonte de los Presupuestos Generales de Estado de 2026 como elemento clave. En paralelo, los sindicatos se han ido movilizando ya para reclamar tanto el presenta acuerdo de subidas para los años venideros, como el incremento que se les debe para el presente curso. Pues desde enero en la Función Pública los sueldos están congelados y sobre la mesa había una amenaza de huelga general en los servicios públicos para diciembre. "Esta presión ha dado su fruto", han considerado desde CCOO.

"Hemos dejado claro que el año 2025 tiene que tener bien diferenciada la subida salarial, no estamos dispuestos a una congelación", ha afirmado la portavoz de UGT Isabel Araque. "Exigimos que la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año", ha declarado el secretario de acción sindical de Csif, Francisco Lama.

La de este miércoles ha sido una primera toma de contacto y ahora las partes se han fijado un calendario de reuniones para tratar de cerrar un acuerdo, que por ahora no está claro cuando aplicaría si se alcanza. El Gobierno tiene potestad para legislar y subir el sueldo a sus empleados sin el plácet de todos o parte de los sindicatos, si bien habitualmente se ha acabado llegando a acuerdos unánimes o parciales con las centrales.

Pendientes de los PGE

Los empleados públicos en España llevan desde que empezó el año con el sueldo congelado. Y es que el anterior acuerdo plurianual de incrementos venció en 2024 -contempló una subida acumulada de hasta el 9%- y la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) -los actuales son los prorrogados desde 2022- ha complicado al Ejecutivo de Pedro Sánchez tener margen para negociar una nueva. Ahora, el Gobierno hace un nuevo intento de pactar una subida de salarios, en un contexto político turbulento.

La pretensión públicamente manifestada por Sánchez y sus ministros es la de intentar aprobar unas nuevas cuentas públicas para el año que viene. Y en las mismas quedaría recogido ese acuerdo plurianual que trata ahora de pactar con los sindicatos. Si las cuentas prosperan, el cumplimiento del acuerdo podrá ser automático, mas si fracasan, la capacidad del Ejecutivo para cumplir con sus compromisos queda limitada -no bloqueada, pero sí coartada-. El Ejecutivo todavía está definiendo esos nuevos Presupuestos y, a fecha de hoy, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarlos.

"El pacto al que Función Pública quiere llegar con las centrales sindicales contempla además un conjunto de mejoras organizativas, así como seguir avanzando en la consolidación de derechos de los empleados públicos", ha publicitado el Ministerio en su comunicado. El anterior acuerdo plurianual -que firmaron dos de los tres sindicatos más representativos (CCOO y UGT), mientras que lo rechazó Csif- ya incluía diversas mejoras organizativas, si bien no todas se han acabado aplicando. Es el caso de la promesa de reducir la jornada laboral de los empleados públicos de las actuales 37,5 horas semanales a las 35 horas semanales. En la Administración General del Estado (AGE) no aplica, así como en la gran mayoría de servicios autonómicos.

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