Falta suelo, agilidad y colaboración: el diagnóstico compartido sobre la crisis de vivienda en Catalunya

En Catalunya, siete de cada diez personas viven en una vivienda en propiedad, pero entre los jóvenes esa proporción se desploma hasta el 20%. Son cifras, publicadas por el Observatorio Social de la Vivienda, impulsado por Banco Santander y Prensa Ibérica junto a beBartlet, con la colaboracón Althena, de que ayudan a explicar por qué en ciudades como Barcelona, la brecha generacional y el encarecimiento del alquiler han convertido la vivienda en la una gran preocupación social que alcanza una puntuación media de 8,3 sobre 10. La percepción de los ciudadanos catalanes sobre la crisis de vivienda es una. ¿Cuál es la lectura de administraciones públicas, empresarios y expertos del sector? ¿Cómo de conscientes son del sentir de la sociedad?

Con estas preguntas sobre la mesa, más de una treintena de alcaldes, diputados, organizaciones sociales y entidades del sector inmobiliario se reunieron en Barcelona para conocer en primicia el resultado de la encuesta. El encuentro abrió el debate sobre las urgencias municipales y los puntos de encuentro -y de fricción- entre administraciones. Todo, con el objetivo, en palabras de Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica, “de recortar la gran distancia entre lo que se debía hacer para resolver el problema de la vivienda y lo que se plantea en el debate público”. Porque, "más allá de los titulares, la urgencia también está en canalizar el debate dentro de las instituciones políticas” secundó Nacho Corredor, vicepresidente y socio de beBartlet.

Los alcaldes de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón (PSC), y otras ciudades como El Prat, Alba Bou (Comuns) o El Papiol, Jordi Bou (Junts), y de municipios como Pontons, Josep Tutusaus (PP) o Manresa, Marc Aloy (ERC) sumaron su visión a la de representantes locales de Barcelona, de la mano de su Comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, Badalona, Sant Adrià del Besòs o Vilanova i la Geltrú y a los también alcaldes de Portbou, Gael Rodríguez, Montgat, Andreu Absil, Santa Coloma de Gramanet, Mireia González o Badia del Vallès, Josep Martínez. Ciudades que suman, juntas, más de 2 millones de ciudadanos y cuyos representantes compartieron sus prioridades junto a las visiones de los diputadas autonómicas Ester Capella (ERC), Àngels Esteller (PP) o Gloria Freixa (Junts) en un debate al que también se sumó la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica Silvia Paneque y otros representantes de organizaciones sociales como Provivienda, Hogar Sí o Talento para el Futuro.

El consenso del diagnóstico: falta suelo, agilidad y visión a largo plazo

Titulares que, en lo que a la percepción sobre la crisis de vivienda por parte las administraciones municipales se refiere, se resumen en una "falta de suelo", en demandar más "agilidad administrativa", y en "mantener una visión a largo plazo". Si en algo coincidieron los asistentes fue en que los ayuntamientos están desbordados. Alcaldes como Mireia González, de Santa Coloma de Gramenet (PSC), reclamaron “agilidad en los procesos administrativos” y más recursos para actuar ante una emergencia habitacional que, a pesar de los discursos, no se trata como tal. "Si durante la pandemia se pudieron activar medidas excepcionales, también se puede hacer ahora con la vivienda”.

De este modo, los consistorios denuncian que el suelo público disponible se agota y que desde 2009 apenas se han promovido nuevas promociones públicas. En este contexto, reclaman una acción coordinada entre Generalitat, Estado y Unión Europea para desbloquear proyectos y reforzar el papel del Incasòl.

Hay que tratar la vivienda pública como una infraestructura. No puede depender de los ciclos políticos.

Mireia González

— Alcalde de Santa Coloma de Gramanet (PSOE)

En paralelo, el sector privado pide reglas estables. Seguridad jurídica. Marcel Prunera, presidente de Althena, insistió en que el problema “no se resolverá sin confianza mutua”. La colaboración público-privada, tradicionalmente estigmatizada, se reivindica ahora como una vía necesaria para ampliar el parque asequible. “Regular no es penalizar, sino crear un entorno que genere seguridad jurídica y atraiga inversión responsable”, apuntó.

Sin la participación activa del sector privado no será posible ofrecer una respuesta efectiva.

Marcel Prunera

— CEO de Althena

El pacto de Estado: un consenso ciudadano, no político

Uno de los datos más llamativos del Observatorio es que nueve de cada diez españoles reclaman a los partidos que trabajen juntos por un gran Pacto de Estado por la Vivienda. Pero el consenso social choca con la realidad política.

Al menos, así lo reconoció con franqueza la diputada del PP, Àngels Esteller. “Será complicado por las diferencias ideológicas. Las distintas visiones sobre la función social de la propiedad o el grado de intervención en el mercado dificultan el acuerdo”. Aun así, defendió que la prioridad debe ser aumentar la oferta y garantizar seguridad jurídica a los inversores.

Regular no puede equivaler a penalizar al propietario, sino a fomentar la inversión responsable.

Àngels Esteller

— Diputada del PP en Catalunya

Desde Junts, Glòria Freixa coincidió en que el 80% de los temas tratados generaron consenso, especialmente en materia de inversión pública, de colaboración con el sector privado, y de rehabilitación. En cuanto a las discrepancias, que situaría en ese 20% restante, lamentó especialmente la falta de evaluación posterior de las políticas, que son recomendaciones que lanza la OCDE y que resultan imprescindibles para analizar qué ha funcionado y qué no. ¿Un ejemplo? “Hace un año que se aplican precios topados en zonas tensionadas y aún no se ha analizado su impacto ni bajo qué criterios se ha aplicado en municipios sin una situación de emergencia real", ha lamentado Freixa. Por ello, según la diputada, "Catalunya necesita una técnica legislativa más rigurosa y políticas basadas en evidencia”.

Catalunya necesita una técnica legislativa más rigurosa y políticas basadas en evidencia.

Glòria Freixa

— Diputada de Junts

También se pronunció en materia legislativa la consellera de Territori y portavoz del Govern, Ester Capella (ERC), quién defendió la importancia de una actualización legislativa que modernice el marco normativo. "Eso incluye modificaciones en las leyes de territorio, urbanismo, suelo y haciendas locales (la conocida LRSAL), que actualmente limitan la capacidad de actuación de los ayuntamientos" ha dicho.

Si queremos diseñar el país de acuerdo con nuestras necesidades, la Generalitat debe poder disponer de todas las herramientas competenciales necesarias.

Ester Capella

— Diputada de ERC

La diputada ha querido remarcar que en este proceso Catalunya no puede dejar ir ninguna de las competencias autonómicas que le corresponden en materia de vivienda. "La Generalitat tiene competencias en materia de vivienda y urbanismo, y debemos preservarlas y ejercerlas plenamente. Si queremos diseñar el país de acuerdo con nuestras necesidades, debemos poder disponer de todas las herramientas competenciales necesarias". En esta línea de consenso, la prioridad, según Capella, debe ser el alquiler asequible y permanente como “respuesta estructural a la emergencia habitacional”.

Los municipios, primera línea del frente habitacional

Todas las mesas de trabajo coincidieron en que los ayuntamientos son la primera trinchera del problema. “Somos los que recibimos a las familias cuando pierden su casa, pero no tenemos las herramientas suficientes para responder”, resumió Marcel Prunera, presidente de Althena. De este modo, la falta de recursos, tanto humanos como financieros, se suma a un reclamo transversal de realizar procesos urbanísticos más ágiles que reduzcan los costes y tiempos de tramitación. "No es solo un problema político, también económico, porque la lentitud en la tramitación incrementa los costes finales de la vivienda".

Somos los que recibimos a las familias cuando pierden su casa, pero no tenemos las herramientas suficientes para responder

Jordi Bou

— Alcalde del Papiol (Junts)

En ese sentido, para los ayuntamientos es evidente que hace falta construir más vivienda, pero también garantizar que sea asequible y que su resultado se adapte a nuevas formas de convivencia y promueva la diversidad habitacional, especialmente entre los jóvenes. Porque “la crisis de la vivienda no es solo una cuestión cuantitativa, sino un riesgo de ruptura de la cohesión social y generacional”, expresó Prunera.

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