Guim Costa i Calsamiglia: "La arquitectura no es un lujo, sino una necesidad"

Guim Costa i Calsamiglia (Barcelona, 1968) lleva ejerciendo como arquitecto desde 1995, siempre en su propio despacho. Le han bastado veintisiete años de experiencia para convertirse en la cara visible de los 11.000 arquitectos colegiados en Catalunya (adquirió el cargo en 2022). A un año de que finalice su mandato, atiende a EL PERIÓDICO en uno de los despachos con las mejores vistas de toda Barcelona, situado en la quinta planta de en un edificio tan emblemático como controvertido durante su construcción en pleno franquismo. Si entonces la polémica giraba en torno a los murales de Picasso, hoy el debate se centra en el papel social de la arquitectura y su capacidad para responder a la crisis habitacional.

El Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) agrupa a más de 11.000 profesionales. ¿Cómo definiría su papel dentro de la profesión?

Ante todo, como un punto de encuentro. Para mí lo fue. No tengo padre, ni abuelo arquitecto. Soy el único en la família, y el COAC siempre ha ejercido esa función. Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pues mi primer contacto con la insitución fue cuando Jesús Alonso se presentó a decano en 2002 y me pidió que fuese vocal de cultura con él mientras trabajaba en la editorial Gustavo Gili y en la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. Al final, la nuestra puede ser una profesión muy dura, y aquí podemos compartir intereses y preocupaciones.

Dice que es una profesión dura.

Sí, por su constante dualidad. Si optas por abrir tu propio despacho, tienes que aprender a relacionarte con promotores, clientes de diversa índole, ayuntamentos de distinto color... Un día puedes estar hablando con un cliente rico danés y, al siguiente, con el yesero que se está construyendo su propia casa. Ejercemos una profesión al servicio de la ciudadanía, cuando hacemos vivienda de protección oficial, por ejemplo; pero también hay quién trabaja con promotores inmobiliarios sin parar de construir pisos, a un paso de convertirse en una herramienta útil para la especulación...

¿Se reproducen esas dualidades dentro del colegio?

Pues como la colegiación y el visado son obligatorios, el COAC reúne a arquitectos de toda índole ideológica. Así que, sí, somos una amalgama de personas con opiniones muy diversas, y eso, ahora que soy decano, hace que representarlos a todos sea complejo. Hay colegiados que piden cosas opuestas: unos te reclaman posicionarte a favor de un plan urbanístico y otros, justo lo contrario. Es un equilibrio delicado.

La apuesta por la construcción industrializada, ¿es uno de esos temas?

Sí. Toca muchos puntos críticos. Es la apuesta política del momento, pero no estamos inventando nada nuevo. La Bauhaus ya industrializaba viviendas dignas y asequibles hace un siglo. Sin duda, permite producir mucho más rápido y en serie, por eso se ha utilizado a lo largo de la historia en momentos de crisis habitacional.

Si convertimos el territorio en un catálogo repetido, perdemos lo más valioso, que es la relación entre el lugar, el entorno y las personas que lo habitan.

Guim Costa i Calsamiglia

— Decano COAC

Ahora estamos inmersos en una.

Pero su apuesta conlleva riesgos importantes, tanto para arquitectos como constructores. Primero porque necesita una gran inversión inicial, por lo que debe regirse por la economía de escala para ser rentable. Y si convertimos el territorio en un catálogo repetido, perdemos lo más valioso, que es la relación entre el lugar, el entorno y las personas que lo habitan. Además, si una empresa fabrica todo desde una planta, el constructor tradicional desaparece. En Europa existen concentraciones similares, pero siempre bajo control público y con mecanismos de transparencia.

¿Y qué propone?

Un modelo mixto, donde convivan la obra tradicional y la industrializada. Somos consicentes de que lo importante es construir. No podemos permitirnos el lujo de la parálisis, debemos inundar el mercado con vivienda asequible y de calidad. La urgencia es real, pero eso no significa que debamos hacer las cosas mal o rápido. Y hacerlo sin sacrificar sostenibilidad, porque un proyecto bien concebido, aunque inicialmente más costoso, puede resultar más económico a largo plazo debido a su eficiencia energética.

El Colegio tiene un papel central en el visado de los proyectos. Si bien no otorgan las licencias, sí son una pieza fundamental. ¿Por qué tardan tanto en salir adelante?

Seguimos arrastrando las secuelas de la crisis de 2008. En los años posteriores, muchos ayuntamientos desmantelaron sus departamentos de licencias porque apenas había proyectos que evaluar. Hoy, con la recuperación del sector y la urgencia de construir vivienda, faltan manos y recursos técnicos. A eso se suma que en los últimos 50 años la normativa ha crecido exponencialmente: incendios, accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia energética... El volumen de trabajo del arquitecto y de la administración es mucho mayor que antes.

Pero, al menos en Catalunya, todo sigue pasando por los colegios... ¿Eso no ralentiza el proceso?

Es verdad que los colegios profesionales tienen un papel muy relevante, que se remonta a la dictadura franquista hasta hoy. En los años cuarenta, el Estado les delegó la función de revisar y “visar” los proyectos antes de que llegaran al ayuntamiento. Cualquier obra debe pasar por el colegio profesional, que cobra una tasa y certifica que el proyecto cumpla la normativa técnica.

En Europa no existe esa obligación.

En la mayoría de países europeos los proyectos no pasan por un colegio profesional, sino que la responsabilidad recae directamente en el arquitecto y el ayuntamiento. Desde Bruselas se considera que nuestro modelo restringe la libre competencia y piden que se liberalice. Somos conscientes de que el sistema debe modernizarse, pero creemos que eliminar por completo la figura del colegio supondría un riesgo para la calidad y la seguridad de las construcciones.

En un sector tan delicado como la construcción, el control técnico debe mantenerse en manos de profesionales cualificados

Guim Costa i Calsamiglia

— Decano COAC

Algunas comunidades autónomas han empezado a externalizar este servicio para agilizar los tiempos. ¿Es una solución?

Es un drama, porque la potestad de conceder una licencia debe seguir siendo pública. Como los ayuntamientos están desbordados, algunos contratan a empresas privadas, pero no debería ser la vía. En un sector tan delicado como la construcción, el control técnico debe mantenerse en manos de profesionales cualificados y bajo supervisión pública.

¿Cómo debería agilizarse?

Nosotros abogamos por los informes de idoneidad técnica. Es un documento que certifica que un proyecto cumple toda la normativa, ya sea de incendios, accesibilidad, habitabilidad... Lo redacta el arquitecto o una entidad técnica bajo su responsabilidad y lo presenta al ayuntamiento junto al proyecto. Así, la administración ya no revisa todo desde cero, sino que confía en ese informe y solo verifica aspectos urbanísticos como la altura, la densidad o el volumen... En Barcelona este sistema ya está en marcha, y queremos extenderlo a toda Catalunya. El riesgo, eso sí, es que si se liberaliza demasiado, grandes empresas privadas, como aseguradoras o consultoras, entren en el negocio sin ofrecer las mismas garantías.

La semana pasada publicaron un Código de Buenas Prácticas para asesorar a la administración pública sobre cómo deben realizarse los concursos de arquitectura. ¿Por qué?

Porque durante años ha habido prácticas poco transparentes, a veces por desconocimiento, otras por falta de control. Con el código queremos garantizar transparencia, profesionalidad y meritocracia. Lo enviamos a todos los municipios de Catalunya con el apoyo de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), para que no se vea como una iniciativa de lobby, sino como una herramienta útil para todos.

¿Existen todavía malas prácticas en las administraciones?

Más que malas prácticas, diría que hay desconocimiento... Muchos ayuntamientos pequeños no saben cómo organizar un concurso público o cómo calcular los costes de un proyecto. Y eso acaba afectando a la calidad de lo que se construye. Por eso insistimos en acompañarlos. Si un proyecto nace bien, tiene más probabilidades de acabar bien. Si empieza mal, seguro que acaba mal. Es así de simple.

La administración debería entender que, antes que funcionarios o técnicos, somos todos arquitectos. Nuestro trabajo es proyectar para que la ciudad funcione.

Guim Costa i Calsamiglia

— Decano del COAC

¿Y entre los arquitectos?

También tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Hay quien acepta trabajar por debajo del precio justo, y eso devalúa la profesión. No podemos competir a base de honorarios a la baja. En un proyecto de cuatro millones, la diferencia entre pagar 220.000 o 180.000 euros en honorarios es mínima, pero el impacto en la calidad es enorme. Si queremos edificios sostenibles, confortables y duraderos, debemos valorar nuestro trabajo.

Para terminar, dice que hay que inundar el parque de vivienda, ¿cuál debería ser el papel del arquitecto?

La administración debería entender que, antes que funcionarios o técnicos, somos todos profesionales. Y que nuestro trabajo es proyectar para que la ciudad funcione. La arquitectura no es un lujo, sino una necesidad. Ahora hay una sensación de urgencia por construir que puede llevar a hacer las cosas muy mal. Vivimos, dormimos, estudiamos y trabajamos en espacios diseñados por arquitectos. Somos imprescindibles para el bienestar colectivo.

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