La Generalitat visitará 250 grandes obras para atajar los accidentes mortales, que se disparan un 114%

Los catalanes que pierden la vida en el trabajo van al alza. En lo que va de año, un total de 68 trabajadores han perdido la vida durante su jornada laboral o yendo y viniendo de la misma, lo que representa un incremento del 19,3% respecto a las cifras registradas durante el año pasado para ese mismo periodo.

No obstante, si se mira por sectores hay ramos de actividad en los que dicho repunte es especialmente preocupante, como es el caso de la construcción, donde la proporción de siniestros mortales ha aumentado un 114% de un año a otro.

Desde la Generalitat de Catalunya ven con preocupación esta tendencia. Aumenta la actividad económica, aumenta la ocupación y con ella los accidentes mortales, una lacra histórica que arrastra el mercado laboral catalán y español y que ninguna de las últimas administraciones, de uno u otro signo, ha logrado doblegar.

Para tratar de cambiarlo, el Departament de Treball ha puesto en marcha un programa piloto mediante el cual un equipo de cuatro técnicos en prevención de riesgos laborales, uno por provincia, visitará a lo largo del próximo año y medio unas 250 grandes y medianas obras públicas a lo largo de todo el territorio. Con el objetivo de supervisar los sistemas de seguridad, advertir a las compañías en caso de deficiencias y proponer mejoras.

Bajar al terreno

“Hemos de ir a los sitios donde pasan las cosas y hacerlo antes de que pasen”, resume la directora general de relaciones laborales de la Generaltiat, Núria Gilgado, en conversación con EL PERIÓDICO. Desde su departamento tienen identificado como uno de los principales focos de accidentes graves y mortales las caídas desde altura en las obras. Sobre cómo prevenirlas se han escrito ríos de tinta y el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) ha editado múltiples guías, infografías y campañas publicitarias.

No obstante, ello no está siendo suficiente para contener esa hemorragia de fallecidos que, en muchos casos, podrían evitarse. “Vemos que en muchas obra o bien falta material de prevención, o bien lo tienen, pero no se usa o bien las personas que deben usarlo, no saben cómo. Lo que denota una falta de cultura preventiva y de sensibilización con los riesgos”, explica la directora.

Es por ello que, como resume Gilgado, desde la Generalitat han apostado por desplazarse hasta el terreno y complementar así las visitas que ya periódicamente realiza la Inspección de Trabajo, que cuenta con unos efectivos limitados para garantizar los derechos de la creciente población ocupada catalana.

Treball recupera como piloto un programa que ya existía durante la fiebre de la burbuja inmobiliaria y que se eliminó en 2010, en contexto ya de recortes y tras la reestructuración ejecutada cuando Catalunya asumió las competencias en materia inspectora.

Pendientes del plan de choque

La idea es comenzar por la construcción y, si ven que funciona, extenderlo a otros sectores. Por el momento el presupuesto y la dotación de presupuesto destinados son mínimos, de unos 250.000 euros –principalmente, el salario de los cuatro técnicos-.

No obstante, la plantilla de técnicos de prevención del Departament tampoco es mucho más holgada y actualmente el ICSSL no supera los 50 efectivos, que se complementan en esta y otras muchas tareas con poco más de 100 inspectores y subinspectores. Todo ello para una población trabajadora que, en la suma de todos los sectores y regímenes profesionales, roza los 3,4 millones de personas.

La creación de este programa piloto para desplegar sobre el terreno técnicos de prevención se enmarca en el plan de choque que lleva meses diseñando la conselleria de Empresa i Treball. Un plan de choque contra la siniestralidad laboral anunciado por el conseller Miquel Sàmper el pasado 5 de mayo y que, casi seis meses después, todavía no ha visto la luz. Principalmente, por el rechazo que hasta ahora ha manifestado la patronal Foment del Treball para participar de un programa similar al que pone ahora en marcha, por su cuenta, la Generalitat.

Y es que Sàmper quería crear un cuerpo de delegados de prevención territoriales, formado por técnicos seleccionados, a mitad y mitad, por patronales y sindicatos. Pimec, CCOO y UGT están de acuerdo con este modelo, pero Foment lo rechazó y ahora desde la conselleria llevan varios meses tratando de convencer a la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre de que este es programa no ‘demoniza’ a las empresas y será útil para contener esa hemorragia que, a fecha de hoy, se ha cobrado 15 vidas en la construcción, un 180% más que el año pasado.

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