Competencia lanza su propuesta definitiva de pago por las redes eléctricas sin apenas cambios

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha enviado este jueves al Consejo de Estado su propuesta de pago a las compañías eléctricas por su negocio de redes durante los próximos seis años (2026-2031). Y lo hace sin apenas cambios respecto a su planteamiento inicial, que supuso el rechazo de todas las empresas que alertaron de que pondría en riesgo los objetivos de electrificación del país.

La principal modificación, respecto a los borradores anteriores, es la tasa de retribución financiera. El del organismo que dirige Cani Fernández la eleva hasta el 6,46%, frente al 6,58% de su planteamiento inicial, lo que la sitúa por encima del 5,58% actual, pero lejos del 7% como mínimo que pedía el sector para hacer frente al aluvión de inversiones previsto en los próximos años.

De hecho, decenas de asociaciones empresariales, entre las que se incluyen la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, la Confederación de Empresarios de Galicia o la Cámara de Comercio de Madrid, Oviedo o Cáceres han firmado este jueves un manifiesto en el que instaban a la CNMC a valorar el impacto que sus decisiones en el "desarrollo de la economía del país" y "estar a la altura del momento crítico" actual con un aumento de la retribución en redes eléctricas.

El 'superregulador' ha hecho caso omiso y ha remitido la citada propuesta, sin apenas variaciones, al Consejo de Estado para que de su valoración. Lo ha hecho, además, por trámite de urgencia, lo que implica que el dictamen debe emitirse en un plazo de 15 días en lugar de los dos meses habituales. De esta manera, la CNMC gana tiempo, si no hay objeciones que lo impidan por parte del organismo que preside Carmen Calvo, para aprobar con 'holgura' la propuesta definitiva antes de que acabe el año y que la nueva regulación pueda, así, entrar en vigor el 1 de enero de 2026, justo lo que querían evitar las empresas eléctricas.

La gestión de las redes eléctricas es una actividad regulada en España, que se paga a través de la factura de la luz. El Gobierno es el encargado de establecer el límite de gasto en el que pueden incurrir las empresas, mientras que la CNMC establece el dinero que reciben cada sexenio las empresas por el despliegue de estas infraestructuras, pero ambos suelen tirar a la baja para evitar un gran impacto en el bolsillo de los consumidores.

El 'superregulador' propuso en julio una tasa de retribución financiera para el periodo regulatorio 2026-2031 del 6,46%, frente al 5,58% vigente, así como con una nueva metodología para calcular las inversiones reconocidas, que las empresas calificaron de insuficiente para atender la enorme demanda de electricidad que está llamando a la puerta del país en forma de industria, centros de datos o proyectos de hidrógeno.

Tras varios meses de presión por parte de las empresas y el guiño del Ministerio para la Transición Ecológica a estas, que llevó incluso a advertir a la CNMC de que con sus planteamientos invadía parte de sus competencias, el organismo realizó algunos cambios, que ahora acaba de consagrar como definitivos y que, a falta de conocer la reacción de las compañías --que lo están estudiando-- se anticipa como insuficiente para ellas.

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