Iberdrola, Endesa y Naturgy piden al Gobierno de forma oficial retrasar el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

Las grandes eléctricas dan el paso para intentar salvar el cierre a la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, han remitido ya al Gobierno la solicitud oficial para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028. La asamblea de socios de CNAT -la sociedad formalmente propietaria de la central- ha aprobado en una reunión extraordinaria este jueves pedir una ampliación de la licencia de explotación de Almaraz y casi de manera inmediata las compañías remitieron la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica.

Las compañías enviarán también ahora al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para ir preparando el cierre de Almaraz, para cumplir con los plazos legales, que obligan a remitir la información antes del 1 de noviembre. Las compañías querían presentar la solicitud de prórroga antes de remitir la documentación de clausura al supervisor por una cuestión más estética que práctica, para mostrar su compromiso con la continuidad de la planta.

Los accionistas de Almaraz ya habían mostrado públicamente su intención de pedir retrasar el cierre de la central, pero debían aprobarlo en una una asamblea extraordinaria, el órgano con potestad legal para adoptar decisiones estratégicas y que se había convocado para este jueves. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial en Almaraz (con un 52,7%), las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad con los socios minoritarios Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).

“Centrales Nucleares Almaraz-Trillo [CNAT] quiere reiterar su compromiso para seguir operando la central nuclear de Almaraz de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo”, han confirmado los socios de la central en un comunicado conjunto. La central cuenta ya con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hasta 2030, lo que debería agilizar algunos de los trámites a partir de ahora para conseguir el ‘ok’ oficial a la ampliación.

“Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030”, han subrayado las eléctricas. “Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando”.

En busca del ‘sí’ del Gobierno

El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado que ya ha recibido la solicitud de las tres compañías eléctricas para ampliar la vida de la central de Almaraz hasta mediados de 2030. Y también ha anunciado que remitirá la petición al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que la estudie y emita el informe obligatorio en este tipo de expedientes sobre las condiciones de seguridad radiológica. El departamento de Aagesen primero debe revisar la documentación y cumplir con un periodo formal para requerir eventuales subsanaciones de posibles fallos a las compañías, y enviará la solicitud al CSN en aproximadamente diez días.

Las eléctricas buscan allanar el ‘sí’ del Gobierno a su petición y han decidido aparcar de momento su reclamación de rebajar impuestos a las centrales nucleares. Las compañías llevaban meses intentando abrir una vía de diálogo con el Gobierno para abordar una revisión del cierre de las centrales nucleares, con un calendario vigente que establece la clausura escalonada de todas las plantas entre 2027 y 2035, con Almaraz como primera desconexión. Pero ambas partes han estado manteniendo posiciones maximalistas de partida que han provocado una situación bloqueo y que las conversaciones formales no arrancaran.

Las energéticas exigían una rebaja de impuestos para pedir la ampliación de la vida de las centrales y el Ejecutivo se negaba (se niega) a estudiar una solicitud que implique trasladar costes a los consumidores o los contribuyentes. Tras meses de impasse, han sido las eléctricas las que aparentemente han cedido para poder salvar Almaraz. Pero la espera va a hacer que las tramitaciones del cierre y de la ampliación de la central cacereña vayan a solaparse.

Iberdrola y Endesa condicionaban hasta ahora la solicitud de ampliación de Almaraz a una reducción de la carga fiscal del sector, una exigencia que no planteaba Naturgy. Las compañías pretenden presentar la solicitud de retrasar el cierre de Almaraz y en principio queda pospuesta la exigencia de recorte de impuestos.

Las dueñas de la central de momento parece que se conforman con la rebaja de la tasa autonómica prometida por la Junta de Extremadura para iniciar el proceso para salvar Almaraz del cierre, y dejar para más adelante la batalla para conseguir una reforma mayor de la carga fiscal a la que están sometidas las centrales nucleares españolas. El Ejecutivo extremeño ha prometido reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%. Una promesa, no obstante, que ahora queda en el aire por el adelanto electoral y la celebración de comicios autonómicos en Extremadura el próximo diciembre.

Las "líneas rojas" del Gobierno

El Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que mantiene sin cambios todas las “líneas rojas” establecidas para estudiar la petición de las eléctricas. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a analizar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores ni para los contribuyentes.

Las garantías de seguridad radiológica las establecerá el Consejo de Seguridad Nuclear cuando reciba del Gobierno la solicitud presentadas por las eléctricas. La necesidad de la instalación para la seguridad de suministro es más fácil de establecer para una planta ya en activo. Y la 'línea roja' referente a que la continuidad de Almaraz no implique trasladar costes extra a los clientes a través del recibo de luz o a los contribuyentes mediante reducciones de impuestos ahora mismo no es un impedimiento previo porque las eléctricas no lo han incluido como exigencia para pedir el retraso del cierre de la central.

Doble trabajo para el CSN

Las eléctricas piden ampliar la autorización de funcionamiento de Almaraz y lo hacen justo antes de cumplir con la obligación legal ineludible de enviar la información para el cierre al CSN (dos años antes de que tenga que cerrar el primero de los reactores de Almaraz, el 1 de noviembre de 2027). El solapamiento temporal de ambos procedimientos, tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas sobre el futuro de las nucleares y de Almaraz en concreto, anticipa que el Consejo de Seguridad Nuclear se verá forzado a trabajar de manera simultánea, y previsiblemente durante meses, tanto en el análisis del expediente de cierre de Almaraz ya en marcha como también en la nueva petición para ampliar la vida de la central.

Las compañías han hecho llegar su solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, que ya ha confirmado que la reenviará al Consejo de Seguridad Nuclear para que estudie qué condiciones de seguridad deberían garantizar los titulares de la planta para conseguir la autorización de prolongación de la vida de la central.

“El Consejo de Seguridad Nuclear ya trabaja en el expediente preparatorio para el ceso de la central de Almaraz, y si el Gobierno le reenvía la solicitud de ampliación de los titulares de la planta, tendrá que trabajar simultáneamente en los dos escenarios hasta que haya una decisión en firme del Ministerio en uno u otro sentido”, apuntan fuentes cercanas al expediente. “Puede llegar a darse la circunstancia de que el CSN emita los dos informes, dependiendo de los plazos del Ministerio para adoptar una decisión”.

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