Tribunales
La Audiencia de Barcelona ordena revisar la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig
El tribunal considera que la defensa de los tres albaceas de Pere Mir investigados "un plazo realmente exiguo" para estudiar la causa
La jueza del caso Cellex imputa a otros dos miembros de la fundación de Pere Mir

Centre Cellex / vhio
La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de Jordi Segarra, Juan Francisco Capellas y el oncólogo Josep Tabernero, los albaceas del empresario químico Pera Mir, fallecido en 2017, y ha anulado la resolución del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, que los investiga por presunta administración desleal de la fundación Cellex y Mir Puig, en la que se ordenaba la intervención judicial de estas entidades. El tribunal no ha entrado a fondo, pero ha constatado que existe una "indefensión material" de la defensa de los acusados, ya que no tuvieron tiempo de examinar el procedimiento antes de su declaración, ni de la vista en la que se debatió esa medida cautelar.
El Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona investiga a los tres albaceas por los delitos de "administración desleal y apropiación indebida" presuntamente cometidos en la gestión del patrimonio legado. Los Mossos d'Esquadra analizaron la documentación financiera de las entidades y constataron "múltiples actos de disposición patrimonial carentes de toda lógica económica y, además, contrarios a las disposiciones testamentarias" de Mir, como "la autoconcesión de préstamos en condiciones ventajosas, donaciones de inmuebles y sumas de dinero a favor de los propios investigados o de terceros, pagos de sanciones personales con fondos sociales, transferencias dinerarias sin justificación y la omisión de bienes de alto valor en el inventario hereditario".
Los investigadores cifran en 6,2 millones el perjuicio a las fundaciones "con apropiaciones indebidas concretas por 287.968,98 euros y 954.000 euros atribuidas, respectivamente, a los señores Segarra y Tabernero".
Sin embargo, la causa ha sufrido un revés después de que la Audiencia de Barcelona anulase la intervención judicial de las fundaciones investigadas. "Existió un acceso formal del expediente en un plazo realmente exiguo que supone en el fondo la inexistencia de un tiempo real para analizar la documentación adjunta a la causa y los archivos electrónicos, lo que supuso un vaciamiento del derecho de defensa hasta el punto de que su ejercicio y la posibilidad de contradicción en la comparecencia de medidas fue meramente formal, no real y efectivo", señala el auto de la Audiencia de Barcelona adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
La intervención
El tribunal recuerda que el secreto de las actuaciones en este procedimiento se mantuvo del 20 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2025 y que al día siguiente se tomó declaración a los tres investigados además de decidir sobre las medidas cautelares, entre ellas la intervención de las fundaciones. Para la Audiencia de Barcelona se adoptó esta decisión con una causa que, por entonces, "constaba de 1942 folios y varios soportes digitales".
Estos documentos se pusieron a disposición justo después de la declaración de los patronos por lo que el tribunal remarca que: "No podemos dejar de volver a precisar que el derecho de defensa no sólo exigía la información sobre los hechos que son objeto de investigación, sino también el derecho de acceso a las actuaciones, al menos en lo esencial para poder articular una oposición eficaz".
Por eso, la Audiencia de Barcelona anula esta resolución del juzgado de abril pasado y retrotrae las actuaciones para celebrar una nueva comparecencia de los acusados en la que se expongan las razones para que no se intervengan las fundaciones.
Junto con la intervención de las fundaciones y la designación del Protectorado de Fundaciones de Catalunya como administrador judicial, el juzgado también actuó en sociedades vinculadas a las entidades y prohibió el uso de varios inmuebles en Barcelona y Baqueira. El auto también acordaba la intervención de diversas joyas que se hallaron en cajas de seguridad, "hasta la calificación definitiva de su origen y propiedad". Estas decisiones se tomaron para garantizar la "integridad del patrimonio" legado por Pere Mir, químico, empresario y gran mecenas de la ciencia catalana.
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