Foment y los promotores catalanes lamentan que el bloqueo político en el Ayuntamiento de Barcelona impida modificar la obligación de reservar el 30% de vivienda protegida al levantar un edificio

La patronal Foment del Treball y la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) lamentan el bloqueo político que impide reformar la normativa municipal que obliga a reservar un 30% de las nuevas promociones de vivienda a protección oficial en Barcelona. La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau introdujo en 2018 una modificación urbanística que obliga a los promotores privados a destinar hasta un 30% de los pisos que construyan, en cualquier barrio de la ciudad, a vivienda asequible. El actual alcalde, Jaume Collboni, anunció el pasado mes de febrero que el gobierno municipal había empezado conversaciones con los grupos municipales para modificar la norma. Sin embargo, la falta de consenso entre ellos ha impedido llevar adelante una modificación en los últimos meses.

Ahora ambas organizaciones empresariales señalan que la falta de acuerdo supone "una mala noticia" para la ciudad y el acceso a la vivienda. El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha criticado la falta de consenso para cambiar esta obligación y ha acusado al alcalde Jaume Collboni de ser "rehén de las políticas de Colau y del tripartido del decrecimiento". Según el dirigente patronal, el Ayuntamiento ha perdido la oportunidad de alcanzar un pacto "de ciudad" en un asunto tan relevante como la vivienda, según un comunicado publicado este jueves.

Por su parte, el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha reclamado a los grupos políticos que retomen las negociaciones para alcanzar una normativa "más eficaz y realista" que permita aumentar la oferta de vivienda y reactivar la construcción. Villajoana ha insistido en que en el actual marco regulador ha tenido un efecto "paralizador" sobre la promoción de nueva vivienda en la capital catalana. Tanto Foment como la APCE sostienen que el problema del mercado residencial en Barcelona no se debe a la especulación, sino a la falta de oferta. En su opinión, la obligación de reservar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida desincentiva la inversión privada y reduce la capacidad de construir nuevos pisos.

Ambas entidades empresariales advierten que el bloqueo político "agrava la escasez de vivienda y encarece los precios", al tiempo que reclaman un marco de colaboración entre administraciones públicas y sector privado para dar respuesta al creciente problema de acceso a la vivienda en la ciudad.

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