Si el transporte no acelera en la carrera contra el cambio climático, Cataluña no cumplirá con Europa

Cataluña se enfrenta a un reto complejo y urgente: reducir en un 34% las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte antes de 2030, tomando como base el año 2023. El objetivo no es negociable. Forma parte de los compromisos adquiridos con la Unión Europea en materia de acción climática, con el fin de alcanzar la neutralidad climática para 2050, y se enmarca en la planificación que el Govern debe aprobar en aplicación de la Ley catalana del Cambio Climático de 2017.

Este reto, sin embargo, no parte de una situación favorable. Si se analiza la evolución desde 1990, el transporte es el sector que más ha incrementado sus emisiones en términos absolutos en la comunidad autónoma, con un aumento de 2,42 millones de toneladas de CO₂ equivalente entre 1990 y 2023 (de 10,73 a 13,15 millones de toneladas). Aunque otros sectores como el residencial o los servicios también han crecido porcentualmente, el volumen adicional emitido por el transporte es significativamente mayor, lo que lo convierte en el principal desafío a abordar para lograr los objetivos de reducción de carbono.

Las razones de este desajuste estructural son bien conocidas. Cataluña es una comunidad con una elevada densidad de movilidad, un sistema de transporte de mercancías muy dependiente de la carretera, y unas flotas que, en su mayoría, siguen funcionando con combustibles fósiles. Aunque lidera en algunos indicadores a nivel estatal, como las matriculaciones de vehículos electrificados, sigue por detrás de Europa en la transformación de su parque móvil. En Cataluña, solo un 7 % de los vehículos tienen etiqueta “Eco” o “Zero”, frente al 15,6% de nuevas matriculaciones de eléctricos en la UE, según datos de la DGT. A pesar del discurso institucional sobre electrificación, los avances reales han sido hasta ahora lentos.

Mientras tanto, otros sectores han empezado a mostrar resultados más tangibles. La industria, históricamente uno de los principales focos de emisiones de Cataluña, ha logrado contener su impacto gracias a la presión regulatoria del sistema europeo de comercio de derechos de emisión y al efecto de los altos precios energéticos. Las grandes empresas industriales, por razones económicas y normativas, han adoptado medidas de eficiencia energética, integración de renovables o proyectos de captura de carbono.

El contraste con el transporte es evidente. Las medidas aplicadas hasta ahora —ayudas al vehículo eléctrico, proyectos piloto de electrificación del transporte público, o ampliación de puntos de recarga— son necesarias, pero insuficientes. La electrificación del parque móvil privado avanza lentamente, las concesiones de transporte interurbano no se renovarán hasta 2028, y la intermodalidad con ferrocarril aún está lejos de alcanzar la ambiciosa meta del 30% del transporte de mercancías por tren.

Frente a esta situación, es imprescindible recurrir a todos los instrumentos disponibles. Uno de ellos es el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y gestionado en Cataluña a través del Institut Català d’Energia (ICAEN). Este mecanismo permite certificar ahorros energéticos derivados de actuaciones de eficiencia en procesos, instalaciones o vehículos, y transformarlos en activos negociables. Estos certificados pueden venderse a las comercializadoras energéticas —obligadas por ley a cumplir cuotas anuales de ahorro—, generando así un retorno económico para las empresas que invierten en medidas de eficiencia energética.

La lógica del sistema es clara: medir y monetizar el ahorro energético para incentivar la inversión privada en actuaciones que reduzcan el consumo final de energía. Pero su implantación, especialmente en el sector transporte, ha sido limitada. Según los datos más recientes del ICAEN, solo se han registrado 25 actuaciones de eficiencia en el ámbito del transporte en Cataluña, con un ahorro total de apenas 1 GWh. Esta cifra contrasta con las más de 200 actuaciones en el sector industrial, que han generado más de 300 GWh de ahorro energético certificado.

Este menor protagonismo del transporte en Cataluña también difiere de la tendencia observada a nivel estatal, donde el sector transporte concentra el 27,7% del volumen total de ahorro energético solicitado, situándose como el segundo sector más activo tras el industrial (62,4%), según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este desequilibrio revela una oportunidad desaprovechada. Aunque el transporte es un sector de difícil electrificación y alta fragmentación —donde muchas empresas son pymes con márgenes estrechos—, existen múltiples medidas que podrían acogerse al sistema CAE: optimización de rutas logísticas, renovación de flotas con vehículos 100% eléctricos, asistencia de reducción de consumos mediante telemetría o plataformas intermodales, entre otras.

El problema no radica únicamente en la falta de voluntad. En algunas ocasiones hay dificultades de acceso a financiación y una falta de familiaridad con el funcionamiento técnico del sistema por parte de muchas empresas del sector. Por ello, el papel de las administraciones públicas es clave, no solo como reguladoras, sino como facilitadoras y divulgadoras: simplificando trámites, adaptando los modelos de cálculo a las particularidades del transporte y apoyando técnicamente a quienes quieran acogerse al sistema. A su vez, las empresas interesadas cuentan con el apoyo de entidades especializadas que pueden acompañarlas en la búsqueda de compradores, preparación de expedientes, validación y seguimiento de las actuaciones necesarias para generar ahorros reconocidos.

Si Cataluña quiere cumplir con los objetivos marcados para 2030, el sector del transporte no puede seguir siendo una excepción. Es necesario introducir cambios estructurales, pero también acelerar la adopción de mecanismos ya disponibles, como los Certificados de Ahorro Energético. Estos no resolverán todos los desafíos, pero sí pueden convertirse en una herramienta útil para reducir el consumo, optimizar inversiones y generar retornos económicos.