Iberdrola, Endesa y Naturgy se dan hasta fin de mes para pedir al Gobierno salvar la central de Almaraz

Las grandes eléctricas trabajan in extremis para presentar de manera inminente una solicitud formal al Gobierno para ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz y posponer su cierre al menos hasta 2030. Iberdrola, Endesa, y Naturgy, que comparten accionariado en Almaraz, se dan hasta fin de este mes -apenas diez días- para formalizar la petición de ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028.

La junta de socios de CNAT -la sociedad que formalmente opera la central cacereña- se ha reunido este martes y ha reafirmado su compromiso para intentar posponer el cierre de la planta. Ahora tocan diez días de trámites acelerados y aprobaciones en diferentes instancias de las compañías para poder sacar adelante la solicitud. Los consejos de administración de las tres eléctricas han de dar el 'ok' a la petición, para que después la propia comunidad de bienes que comparte la propiedad de la central cacereña lo apruebe formalmente y envíe la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica.

Los accionistas de Almaraz convocarán de forma inminente una asamblea extraordinaria -el órgano con potestad legal para adoptar decisiones estratégicas- para aprobar en ella la solicitud de ampliación de la licencia de funcionamiento de Almaraz hasta 2030. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial en Almaraz (con casi un 53%), las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad de los tres socios.

Diez días a contrarreloj

“Iberdrola reafirma su compromiso con la extensión de la vida de la central de Almaraz, al giual que han venido haciendo públicamente Endesa y Naturgy”, subrayan fuentes de la compañía. “En la reunión de la junta de CNAT se han analizado las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas”, apuntan desde Iberdrola.

Respecto a la solicitud formal de continuidad los socios de Almaraz “trabajan en la gobernanza para lanzarla cuanto antes” y enviarla al Ministerio para la Transición Ecológica, “con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)". Y es que el CSN ha informado a las compañías propietarias de que deben facilitarle antes del próximo 1 de noviembre toda la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del proceso de desmantelamiento del primero de los reactores.

Las compañías quieren presentar la solicitud antes de remitir esa documentación al supervisor por una cuestión más estética que práctica. Primero pedir ampliar la autorización de funcionamiento para dejar claro su compromiso con la continuidad de la planta, y después cumplir con la obligación legal ineludible de enviar la información para el cierre al CSN (dos años antes de que tenga que cerrar el primero de los reactores de Almaraz, el 1 de noviembre de 2027).

Iberdrola (accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) tienen ya preparada casi al completo la documentación que deben remitir al CSN en los próximos días. Las compañías propietarias trabajan así de manera simultánea tanto para cumplir con sus obligaciones legales en los preparativos el cierre y para intentar convencer al Gobierno de mantener abierta la central cacereña.

La batalla por los impuestos, más adelante

Las grandes eléctricas habían solicitado una reunión al máximo nivel con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para analizar cambios en el calendario de clausuras. Pero el Gobierno sólo les ha dado largas y no hay previsión concreta para la convocatoria del encuentro. En un principio, Iberdrola, Endesa y Naturgy se inclinaban por no adoptar medidas cruciales para la continuidad de la central de Almaraz hasta poder reunirse con la vicepresidenta y tener señales del Gobierno de que hay posibilidad real de revisar las fechas de clausura y de que se rebajaría la carga fiscal de las plantas.

Las compañías ahora están dispuestas a pedir la ampliación de la vida de Almaraz y aplazar la exigencia de recorte de impuestos. Las dueñas de la central de momento parece que se conforman con la rebaja de la tasa autonómica prometida por la Junta de Extremadura para iniciar el proceso para salvar Almaraz del cierre, y dejar para más adelante la batalla para conseguir una reforma mayor de la carga fiscal a la que están sometidas las centrales nucleares españolas.

El Ejecutivo extremeño ha prometido reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%. Las compañías eléctricas se agarran a ese pájaro en mano y aparcan la gran batalla para conseguir rebajar otros impuestos que pagan las centrales y que se había bloqueado por completo el inicio de una negociación con el Gobierno central para revisar el calendario de cierre de Almaraz y también otras centrales (que ahora contempla que cerrarán todas las plantas entre 2027 y 2035).

Las eléctricas habían venido condicionando directamente presentar una propuesta de ampliación de la vida de las centrales a que se aplicara una rebaja impositiva, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de plano y que había bloqueado cualquier negociación entre las partes. Ahora las compañías energéticas dan marcha atrás en el caso de Almaraz y pedirán ampliar sus años de funcionamiento sin tener ninguna garantía de que habrá un guiño fiscal en el futuro para mejorar la rentabilidad de las plantas.

El Ministerio para la Transición Ecológica había advertido de que no tramitaría ninguna propuesta de ampliar la vida de las centrales nucleares si las empresas no garantizan antes que ninguno de los costes que ahora soportan será trasladados a los consumidores a través del recibo de luz. Iberdrola, Endesa y Naturgy pedirán posponer el cierre de la central de Almaraz sin exigir ya una rebaja fiscal previa para cumplir ya con las "líneas rojas" que había marcado el Ejecutivo de Sánchez.

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