Las eléctricas elevan la presión al Gobierno para salvar las nucleares en pleno miedo a otro apagón

Las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas elevan la presión sobre el Gobierno para aplazar el cierre de las plantas, empezando por Almaraz, cuyos dos reactores serán los primeros en desconectarse en 2027 y en 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en Almaraz, preparan un órdago para forzar al Ejecutivo a pronunciarse sobre el futuro de las nucleares y si son necesarias para la seguridad del suministro eléctrico.

La junta de socios de CNAT -la sociedad que formalmente es la propietaria de la central cacereña- se reúne este martes y tiene previsto impulsar el proceso para posponer el cierre de la planta. Los accionistas previsiblemente convocarán asamblea extraordinaria -el órgano con potestad legal para adoptar decisiones estratégicas- para aprobar en ella la solicitud de ampliación de la licencia de funcionamiento de Almaraz hasta 2030. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial en Almaraz (con casi un 53%), las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad de los tres socios.

Las grandes eléctricas habían solicitado una reunión al máximo nivel con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para analizar cambios en el calendario de clausuras. Pero el Gobierno sólo les ha dado largas y no hay previsión concreta para la convocatoria del encuentro. En un principio, Iberdrola, Endesa y Naturgy se inclinaban por no adoptar medidas cruciales para la continuidad de la central de Almaraz hasta poder reunirse con la vicepresidenta y tener señales del Gobierno de que hay posibilidad real de revisar las fechas de clausura y de que se rebajaría la carga fiscal de las plantas. Las compañías ahora están dispuestas a pedir la ampliación de la vida de Almaraz y aplazar la exigencia de recorte de impuestos.

Las compañías energéticas han decidido acelerar y elevar la presión sobre el Ejecutivo en pleno escenario de temor a otro apagón eléctrico. Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico, alertó a Gobierno y Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que en las últimas semanas se vienen registrando cambios bruscos de tensión en el sistema nacional y pidió la adopción de medidas urgentes para controlarlos y garantizar la seguridad de suministro eléctrico.

La CNMC ha aprobado ya aplicar algunas de estas reformas urgentes del funcionamiento del sistema de manera temporal (al menos durante un mes y ampliable hasta tres) y estudiará más en profundidad otras propuestas de REE y el Gobierno para fortalecer aún más el control de la tensión.

En este contexto de aplicación de reformas urgentes por temor a otro colapso energético, las grandes eléctricas subrayan la necesidad de mantener operativa la central de Almaraz y el resto del parque nuclear para asegurar que hay suficiente energía estable en el sistema eléctrico y darle así mayor robustez. Las compañías entienden que retrasar el cierre de Almaraz más allá de 2027 permitiría dar más estabilidad al sistema eléctrico.

Cuenta atrás para el cierre

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a las compañías propietarias de que deben facilitarle antes del próximo 1 de noviembre la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del proceso de desmantelamiento del primero de los reactores. Sin señales del Gobierno de que pueda haber cambios en las fechas de cierre, las grandes eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz han colocado la planta en ‘modo cierre’ y remitirán en plazo al CSN toda la información necesaria para progresar hacia el cierre.

Iberdrola (accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) tienen ya preparada casi al completo la documentación que deben remitir al CSN en los próximos días. Las compañías propietarias trabajan así de manera simultánea tanto para cumplir con sus obligaciones legales en los preparativos el cierre y para intentar convencer al Gobierno de mantener abierta la central cacereña.

Las posiciones de las compañías y el Ejecutivo están tan alejadas de principio y se plantean tantos condicionantes previos que la negociación entre las partes siquiera ha empezado y el escenario es de bloqueo. El encontronazo crucial entre ambas partes es sobre la aplicación de una rebaja de impuestos a las nucleares, que las eléctricas exigían para solicitar ampliar la vida de las centrales y el Gobierno rechaza de plano tramitar una eventual petición de las compañías. Las energéticas se disponen ahora a solicitar la ampliación de la autorización de funcionamiento de Almaraz esperando obtener más adelante garantías de que podrán obtener algún tipo de guiño fiscal por parte del Ejecutivo.

Iberdrola confirmó en su nuevo plan estratégico que daba por hecho el cierre de la central nuclear de Almaraz según el calendario previsto, con clausuras en 2027 y 2028. El plan de futuro de Iberdrola recoge entre las "principales hipótesis" de la evolución del negocio de generación de electricidad que en España se ejecutará el cierre de las centrales nucleares según el protocolo pactado entre las propias eléctricas hace un lustro, y que contempla clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035.

La defensa para no cerrar Almaraz ya

Las eléctricas dueñas de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) cuentan con un consenso de mínimos sobre la ampliación de la vida de gran parte de las centrales nucleares españolas y para plantear una revisión de su fiscalidad. El actual calendario de cierres, pactado por las propias compañías hace un lustro, contempla clausuras escalonadas de todas las centrales entre 2027 y 2035.

La posición en principio compartida por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP pasa por solicitar “miniprórrogas” para aplazar entre dos y tres años los cierres de las centrales Almaraz I y II, Ascó I y II y Cofrentes, y dejar para más adelante la posibilidad ampliar la vida de las dos centrales que según el calendario vigente serán las dos últimas en cerrar, Vandellós II y Trillo.

Los cierres de los dos reactores de la central de Almaraz, en Cáceres, son los primeros previstos en el calendario vigente, con clausuras programadas para 2027 y 2028. Los accionistas de la planta -sólo Iberdrola, Endesa y Naturgy- comparten su defensa de la necesidad de postergar el cierre de ambos reactores al menos hasta 2030 porque, por razones técnicas, ven improbable que se vayan a poder cumplir los plazos para iniciar el desmantelamiento de la planta en fecha.

Las compañías advierten de que Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, aún no dispone de un plan de desmantelamiento para Almaraz (de momento sólo ha iniciado el proceso de licitación para diseñar la ingeniería básica del cierre de la planta cacereña) y ven improbable que el almacén temporal donde han de guardarse los residuos de alta radiactiva de la central vaya a estar operativo en 2027 como está previsto y tampoco que dé tiempo para esa fecha a contar con el casi centenar de contenedores donde se guardarán.

Unos problemas técnicos que, según temen las compañías propietarias, podría derivar en una garoñización del proceso de cierre de Almaraz (en referencia a la situación de retrasos continuos que se han venido produciendo en el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña, en Burgos). Las eléctricas alertan de que, si se produce el cese de la central de Almaraz sin que Enresa tenga los medios necesarios, estarían durante un tiempo asumiendo unos costes millonarios similares a seguir operativa, pero sin los ingresos de producir y vender electricidad.

Además, las energéticas defienden la conveniencia de cerrar de manera simultánea los dos reactores de Almaraz (ahora está programado que se realice con un año de diferencia) por la complejidad operativa e incluso jurídica de realizar los trabajos de cese de actividad y de desmantelamiento en fechas diferentes.

Cuestión de impuestos

Las energéticas también aspiran a conseguir una revisión de algunos impuestos y tasas mediante vías que, según sostienen, no implicará trasladar costes a todos los consumidores a través de una subida del recibo de la luz como exige el Gobierno para estudiar una propuesta de ampliación de la vida de las centrales. Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la carga fiscal que asumen y aseguran que la fiscalidad hace inviable la continuidad rentable de las instalaciones.

Las compañías eléctricas hasta ahora condicionaban presentar una propuesta oficial de ampliación de la vida de cada una de las las centrales a que se aplique una rebaja impositiva, porque sin una revisión de la fiscalidad -aseguran- las plantas no son rentables. De momento esa condición pretende posponerse para más adelante. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha advertido de que no tramitará ninguna propuesta de ampliar la vida de las nucleares si las empresas no garantizan antes que ninguno de los costes que ahora soportan será trasladados a los consumidores a través del recibo de luz.

La ampliación de la vida de gran parte de las centrales nucleares conllevará una rebaja casi automática de la tasa que pagan a la sociedad pública Enresa por gestionar sus residuos radiactivos. La cuantía de la tasa se calcula en función de la electricidad que se calcula que producirán las centrales mientras estén en activo, así que si están operativas más años, la tasa puede recortarse sin cargarse nuevos costes al sistema eléctrico ni a la factura de los consumidores.

Las compañías eléctricas también reclaman la eliminación de las tasas autonómicas que aplican las comunidades en que se localizan las centrales (que supusieron un coste de 266 millones el año pasado), y que no suponen ingresos para el sistema eléctrico, solo para las arcas regionales-. Castilla-La Mancha no cobra tasa regional y la presión de las energéticas ha surtido efecto y ha conseguido que la Comunidad Valenciana que la eliminará y que Extremadura confirme su intención de rebajar hasta un 50% el gravamen a Almaraz si la central funciona más allá de 2027. Pero las empresas piden también eliminar la tasa de Catalunya.

Suscríbete para seguir leyendo