Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón

El escudo antiapagones que puso en marcha el operador del sistema eléctrico tras el 28 de abril ha supuesto un sobrecoste para los consumidores de 371 millones de euros entre mayo y septiembre, según ha desvelado la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, en el Foro de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Desde el cero eléctrico, Red Eléctrica opera el sistema en lo que ha denominado como 'modo de operación reforzado', que supone tener a su disposición más centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares o hidráulicas) de las habituales para poder utilizarlas ante cualquier desequilibrio del sistema eléctrico. En concreto, según ha informado Corredor, cada día Red Eléctrica programa más de 20 grupos térmicos, más del doble de las 9 centrales convencionales que había en el sistema el fatídico 28 de abril.

Y eso se traduce en la práctica en un incremento de los ingresos para esas tecnologías, que son retribuidas por actuar como 'salvavidas' del sistema eléctrico, y que va en detrimento del bolsillo de los consumidores, al suponer un alza del precio de la electricidad. Por primera vez desde el apagón, Red Eléctrica cuantifica en esos cerca de 400 millones de euros ese sobrecoste, a los que hay que añadir el sobrecoste 'habitual' que se pagaba en la factura de la luz porque Red Eléctrica mantuviera la seguridad del sistema.

Modo reforzado

El mercado diario de electricidad –que organiza OMIE-- se rige por la conocida subasta (‘pool’) entre consumidores y generadores, en la que se acuerda un intercambio de ofertas para el día siguiente, en función de las estimaciones de demanda y de generación. Pero ese pacto se reduce a un intercambio económico sobre papel, que luego hay que ‘adaptar’ a la realidad para evitar desequilibrios en el sistema.

Esa adaptación se realiza en un segundo mercado, que gestiona Red Eléctrica y que se conoce como servicios de ajuste. Dentro de esos servicios de ajuste se encuentran los servicios de ‘restricciones técnicas’, que buscan evitar que haya problemas de seguridad de suministro. Y cuyo funcionamiento se basa en que Red Eléctrica pide a las centrales disponibles reducir o aumentar su producción en función de las necesidades del sistema.

Hasta hace dos años, el coste de esos servicios de restricciones técnicas era casi imperceptible para el consumidor, pero en los últimos años se ha incrementado hasta suponer entre el 10% y el 15% del precio total de la energía. La razón es que las renovables no son gestionables y están descentralizadas, de forma que son más impredecibles que las centrales convencionales.

Y tras el apagón lo que ha hecho el operador del sistema es reforzar todavía más esos servicios de restricciones técnicas (lo que ha denominado 'restricciones técnicas reforzadas' o 'modo de operación reforzado'), que supone aumentar su peso en el coste de la electricidad hasta representar el 20% del total el pasado mes de septiembre. El mayor peso lo registraron en mayo, un mes después del apagón, cuando supusieron el 40% del coste eléctrico.

Control con renovables

Este refuerzo extra por parte del operador del sistema se mantendrá hasta que un buen porcentaje de instalaciones renovables puedan controlar la tensión, algo que está previsto que puedan empezar a hacer el 1 de enero de 2025, cuando entra en vigor la normativa técnica aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el pasado 12 de junio y que Red Eléctrica lleva reclamando desde 2020.

Las tecnologías renovables tienen que adaptar sus sistemas a esa nueva operación que supone controlar la tensión, algo que empezaron a hacer la semana pasada, según fuentes de Red Eléctrica. Según ha avanzado Corredor, el operador del sistema "está valorando" permitir a estas instalaciones renovables incorporarse al control de tensión antes del 1 de enero de 2025, según vayan capacitándose para ello.

El ex director general de operación de Red Eléctrica Miguel Duvison calificó esta normativa como "absolutamente imprescindible" para operar el sistema eléctrico actual y recordó que el operador propuso su actualización "antes de que llegaran estos episodios de sobretensión", durante su intervención en la comisión de investigación del apagón en el Senado. Duvison negó que la CNMC hubiera bloqueado o frenado su desarrollo, pero sí sugirió que de haber estado en vigor el 28 de abril, el escenario habría sido distinto.

Riesgo de apagón

Beatriz Corredor ha aprovechado la ocasión para desmentir que haya un nuevo riesgo de apagón, después de los "episodios de variaciones bruscas de tensión" de los últimos días. "(Estas variaciones) no significan que se encuentre en riesgo la seguridad de suministro", ha afirmado, antes de explicar que la obligación del operador del sistema es "tomar las medidas necesarias" para evitar cualquier mínimo riesgo.

La presidenta de la empresa semipública (el 20% del capital es del Estado) ha explicado que estas variaciones de tensión se producen en un contexto de baja demanda, alto recurso solar y "respuesta no adecuada de la generación que tiene el control continuo de tensión, que no es la fotovoltaica, sino la térmica y la hidráulica", volviendo a señalar, así, a las grandes eléctricas. Pero se ha olvidado, en este caso, de mencionar a las instalaciones renovables que, por sus características técnicas, varían su producción de manera muy rápida, lo cual influye para que se den esas variaciones bruscas, tal y como se recoge en su propuesta de medidas urgentes la CNMC.

Nuevas medidas

El operador del sistema pidió hace una semana a la CNMC modificar varias normativas técnicas (procedimientos de operación) para reducir esas variaciones bruscas de tensión. En concreto, se trata de actuar sobre la generación renovable para que inyecten energía en la red de forma más lenta, así como de "incentivar" a la generación convencional a "mejorar su respuesta".

Además, se da la posibilidad al operador del sistema para resolver las restricciones con más antelación, de forma que tiene más tiempo de reacción. Estas medidas entrarán en vigor en los próximos días, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de que el plazo de alegaciones dado por el 'superregulador' para valorar la propuesta haya finalizado este miércoles.

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