Las eléctricas quieren gastar las inversiones adicionales en redes durante todo el periodo 2026-2030 y no de forma anual

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico permitirá a las compañías eléctricas invertir un 62% más de lo habitual hasta 2030 para desplegar nuevas redes. Esto implica pasar de los 1.800 millones de euros al año que pueden gastarse ahora, a un total de 3.400 millones a partir del próximo año, unos 1.600 millones más cada año, según los cálculos de las empresas. Pero las compañías quieren crear una bolsa con esa diferencia anual (unos 8.000 millones de euros) para poder gastar el dinero acumulado en cualquier momento durante el periodo (2026-2030).

Y así se lo han trasladado al Gobierno en sus alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. La razón que esgrimen es que las empresas realizan sus planes de inversión con dos años vista, de forma que la planificación del próximo año ya está hecha, antes de saber que podían gastar más dinero en el despliegue de esta infraestructura. De hecho, el nuevo periodo regulatorio comienza en menos de tres meses, el 1 de enero 2026.

Las compañías eléctricas tienen limitado por ley su gasto anual en redes eléctricas con cargo al sistema eléctrico para evitar subidas bruscas en el recibo de la luz. El tope se sitúa en el 0,13% del PIB (en el caso de las redes de transporte el límite es del 0,065%) desde 2013, cuando se decidió poner limitaciones a estas inversiones ante la necesidad de contener los costes del sistema eléctrico ante la deuda acumulada por los déficits de tarifa, que rozaba los 30.000 millones de euros.

En la actualidad, los consumidores de luz todavía están pagando esa deuda, a la que le faltan tres años para finalizar, y cualquier subida de los límites a la inversión en redes tendría igualmente impacto en la factura de la luz y con ello impacto en los consumidores. No obstante, para el periodo 2026-2030, el Gobierno ha decidido incrementar el límite máximo de inversión de forma temporal con el argumento de que como las nuevas redes se despliegan para dar cabida a nueva demanda, la factura total de las inversiones se repartirá entre más usuarios.

Además, el proyecto de real decreto también introduce mecanismos de penalización dirigidos a asegurar el cumplimiento de los planes de inversión por parte de los titulares de las redes en el caso de que las compañías realicen menos actuaciones de las previstas en sus planes, algo que las empresas quieren eliminar porque, alegan, no siempre se pueden cumplir con los planes establecidos.

Objetivos acotados

El objetivo al que se destinan esas inversiones adicionales está también acotado. En concreto, el 15% de estas inversiones adicionales debe centrarse en inversiones anticipatorias. Esto es, nuevas actuaciones que sean necesarias realizar para atender solicitudes de nuevos suministros o ampliación de los existentes, pero que no respondan a crecimientos vegetativos de la demanda.

Hasta ahora eran los promotores de los nuevos consumos los que deben afrontar los costes del despliegue de estas redes, asumiendo un riesgo inicial de inversión que podía desincentivar inversiones necesarias para la posterior electrificación de áreas enteras. Las empresas eléctricas quieren aumentar el porcentaje dirigido a esas inversiones anticipatorias, ya que supondrán apenas el 5,9% del total de las inversiones anuales (al ser el 15% del 62% adicional).

Además, el 10% de estas inversiones adicionales deben dirigirse a mejoras en el control, gestión y observabilidad de la red; así como a atender nuevas demandas asociadas a consumos industriales, residenciales, o ligados a la descarbonización del transporte. Y un 5% a actuaciones para proteger la avifauna contra colisión y electrocución.

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