La exjefa jurídica de Glovo aclara que Óscar Pierre fue el responsable de negarse a contratar a los 'riders'

La exjefa de legal de Glovo Marita Rancé ha declarado ante el juez que Óscar Pierre, consejero delegado y cofundador de la compañía, es, como es habitual, el último responsable de empresa y, por lo tanto, de todas las decisión, entre ellas la de no contratar durante años a los repartidores de la plataforma pese a las sucesivas actas de Inspección de Trabajo. La hasta hace poco responsable del departamento jurídico de la empresa ha comparecido como testigo este miércoles en sede judicial en el marco de la investigación sobre un potencial delito contra los derechos de los 'riders'. "Las decisiones las tomaba Óscar Pierre", ha declarado ante el juez, según explican a este medio fuentes conocedoras del proceso judicial. La magistrada responsable del caso trata de determinar si existen indicios suficientes para acusar al consejero delegado de delitos penados con hasta seis años de cárcel.

Las declaraciones de este miércoles apuntalan la tesis que han ido construyendo los diferentes empleados o exempleados de Glovo de que todas las decisiones que podrían acabar derivando en responsabilidades penales las tomaba el consejero delegado de la compañía. Tratando de aislar en su figura todo el proceso.

La investigación judicial sobre Glovo -fase previa a un potencial juicio- se alarga ya desde hace casi un año. A finales de junio la Fiscalía presentó una denuncia contra los máximos responsables de Glovo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, acusándoles de privar a sus 'riders' de condiciones laborales elementales, como vacaciones pagadas o prevención de riesgos laborales a costa de la empresa.

Rancé ha sostenido, según esas mismas fuentes consultadas, que Pierre se guió por los informes elaborados por el departamento jurídico y ha insistido en que en Glovo estaban convencidos en el momento de toma de decisiones de la legalidad de las mismas. Tesis contraria a la sostenida por la Inspección, que ve en la negativa reiterada a contratar a los repartidores una desobediencia explícita y consciente.

Fase final de la instrucción

La fiscalía sustanció su denuncia ante la negativa sistemática de Glovo a contratar a sus repartidores y tenerlos como autónomos, lo que provocaba que tuvieran que ser estos los que asumieran los costes propios de la operativa. Y este miércoles, Marita Rancé, la hasta enero de este año -atendiendo a su perfil en Linkedin- jefa del departamento jurídico de la compañía, ha dicho que la orden de seguir operando con autónomos venía directamente de Pierre.

A mediados de septiembre la responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona aceptó a trámite la denuncia e inició las pesquisas, que llevaron a Pierre a declarar ante la magistrada a principios de diciembre. Desde entonces han sido varios los actores que han ido declarando, desde repartidores, hasta inspectores de Trabajo, pasando por directivos de Glovo y este miércoles ha sido el turno de la antigua responsable de las decisiones jurídicas de la compañía. Y esta ha afirmado que el responsable último de las decisiones, de si se acataban o no las actas de Inspección y de si se pasaba a contratar a los repartidores o se persistía en operar con autónomos era de Pierre.

Por el momento, no hay nuevas declaraciones más previstas en la fase de instrucción y esta podría finalizar "en breve", según consideran fuentes vinculadas a la misma.

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