Bruselas se alinea con las aerolíneas y expedienta a España por multar a cinco 'low cost' por cobrar el equipaje de mano

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano. Bruselas afirma que esta decisión es contraria al Derecho de la Unión Europea en materia de servicios aéreos e insta al Gobierno español a adaptar su legislación a la normativa comunitaria.

En un comunicado, la Comisión Europea explica que "la Ley de Navegación Aérea española no permite a las aerolíneas someter el transporte del equipaje de mano a un coste adicional", mientras la legislación europea (Reglamento 1008/2008) establece lo contrario: la libertad de las compañías aéreas para fijar precios. Las multas de Consumo, según expone el órgano comunitario, se basan en una interpretación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-487/12), que se ajusta a esa Ley de Navegación Aérea española y, por tanto, también infringen el reglamento europeo.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha calificado como "lamentable" la decisión de la Comisión Europea al posicionarse como "abogado defensor" de un "puñado de grandes multinacionales" que "se están lucrando de los consumidores". "Es lamentable que en un contexto geopolítico como el actual hayamos visto a la Comisión Europea ser tan débil y blandita con los poderosos y que no dude en intervenir e inteferir en un proceso judicial en curso para proteger los intereses de unos pocos", ha afirmado Bustinduy.

El titular de Consumo ha reiterado que el Gobierno español defenderá "las veces que haga falta y ante quien haga falta" los derechos de los consumidores y el interés general por encima del "lucro y el beneficio desmedido de un puñado de grandes multinacionales".

La Asociación de Líneas Aéreas, que representa al 85% del tráfico aéreo español, ha celebrado la decisión e instado al Ministerio de Consumo a retirar las multas. "Consumo se extralimitó al imponer una sanción unilateral, injustificada, de espaldas a la Unión Europea y saltándose la legislación europea”, ha asegurado el presidente de la patronal, Javier Gándara.

La apertura de este expediente tiene forma de "carta motivada" y establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. En caso de no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un "dictamen motivado" con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implicaría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sin impacto en las multas

El expediente de la Comisión Europea no altera las sanciones a las cinco aerolíneas 'low cost' por parte del Gobierno español, que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial (cuatro de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra en la Audiencia Nacional). Según el Ministerio de Consumo, la Comisión Europea "no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE".

El departamento que dirige Bustinduy se reitera en que la argumentación jurídica que sustenta sus sanciones "se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como la jurisdicción europea", al referirse a la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia dice que el equipaje de mano “debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables”.

Cronología

El caso se remonta a enero del pasado año, cuando la Comisión Europea estableció un diálogo "informal" en el marco del mecanismo 'EU Pilot' que marcó el inicio de una investigación preliminar, a raíz de la denuncia presentada ante Bruselas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E).

El Ejecutivo comunitario señaló entonces que apoyaba de "manera general" las medidas de protección al consumidor dentro del Mercado Interior, "siempre y cuando que estas cumplan con la libertad de fijación de precios y transparencia de precio". Pero no fue hasta este mes de septiembre que el departamento del comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, afirmó contar con la "información suficiente" para tomar una decisión con respecto al caso.

Esa consideración se produjo, además, de que el comisario se reuniera en su despacho con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, y conversara por videollamada con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien se había quejado públicamente de que el comisario hacía caso omiso a todas sus solicitudes de reunión. Y ya entonces fuentes de su departamento revelaron que el ministro se había quedado "sorprendido" con las "similitudes" entre los argumentos del comisario Tzitzikostas y la línea general de las intervenciones de Ryanair.

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