Valencia y Extremadura presionan al Gobierno y al resto de regiones con rebajas fiscales a la nuclear

La Comunidad Valenciana anunció a mediados de mayo que eliminaría los impuestos sobre la tecnología nuclear, que afectan a la central de Cofrentes. Y Extremadura ha avanzado este fin de semana un “ajuste” de la ecotasa regional para facilitar la continuidad de Almaraz. Las dos comunidades, gobernadas por el Partido Popular, presionan, así a las otras dos regiones con centrales atómicas (Catalunya y Castilla La Mancha), en ambos casos gobernadas por el PSOE, y al Gobierno, para que muevan ficha en pleno debate sobre el calendario de cierre nuclear.

En 2019, las propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), la empresa encargada de la gestión de los residuos radiactivos (Enresa) y el Gobierno acordaron cerrar las cinco plantas del país entre 2027 y 2035. La primera central en cerrar sería Almaraz, cuya fecha prevista para la clausura del primer reactor es noviembre de 2027, mientras que la segunda unidad cerrará en octubre de 2028. Esto da un plazo de unos seis meses para revertir la decisión, según las compañías propietarias, agrupadas en la patronal Foro Nuclear.

Pero cualquier cambio en los plazos pasa por modificar la tributación de esta tecnología: “Si no hay variación de la fiscalidad, las propietarias no seguirán funcionando”, afirma el presidente de la asociación, Ignacio Araluce. Las grandes eléctricas llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones para hacerse cargo de costes futuros, como la tasa Enresa, la electricidad producida por las centrales nucleares paga 28 euros por megavatio hora (MWh). El precio medio final de la energía en el mercado eléctrico se situó en 2024 en 76,30 euros por MWh.

En total, las grandes eléctricas pagan algo más de 1.000 millones de euros al año solo en impuestos, a los que se suman otros 590 millones de la ‘tasa Enresa’. El sector considera “excesivas” estas cantidades para poder asegurar la rentabilidad futura de las instalaciones. “Hay días en los que no podemos pagar los impuestos”, ha explicado Araluce, que se queja que en el caso de esta tecnología los tributos no afectan a los beneficios ni a la facturación, sino a la energía producida.

Como ejemplo, lo ocurrido el 28 de abril, cuando se produjo el gran apagón en España y 3 centrales tuvieron que parar su actividad porque “se perdían cantidades ingentes de dinero”. "Si hay mucha eólica y solar el precio (de la electricidad en el mercado mayorista) baja mucho y si seguimos funcionando no teníamos ingresos para pagar los tributos. No es ganar o perder, sino que no teníamos dinero suficiente para pagar los impuestos", añade Araluce.

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