Pozuelo cierra el centro de refugiados y boicotea el traslado de 400 niños asilados desde Canarias

Pozuelo de Alarcón notificó este jueves el cierre cautelar del centro de refugiados que abrió sus puertas en 2022 para acoger ucranianos. Y lo hace solo unos días antes de que el Estado traslade a dichas instalaciones a 400 menores no acompañados que llegaron a Canarias y solicitaron asilo en el sistema de protección internacional. La excusa de la alcaldesa de la localidad madrileña, Paloma Tejero, que es dirigente del PP, tras más de dos años de actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) es que los servicios de inspección revisaron la licencia actual y detectado que la misma se incumple: «Ha pasado de ser un espacio de formación con auditorio y garaje a un centro de acogida para más de 500 personas».

De esta manera la alcaldesa cumplió su advertencia del pasado 3 de julio, cuando aseguró que se oponía a acoger menores migrantes procedentes de Canarias en el Creade del municipio porque su ocupación está «casi al 83%». A su entender, la llegada de 400 niñas y niños asilados «produce mucha sensación de inseguridad», toda vez que el centro está ubicado «al lado de un colegio, al lado de una residencia hotelera donde fundamentalmente viven estudiantes universitarios», por lo que «se ha generado una gran alarma entre nuestros vecinos».

Así que dicho y hecho y de las palabras pasó a los hechos en solo 28 días. Es más, la regidora del municipio madrileño acusó al Estado de usar el centro como una instalación de «acogida estable y permanente» y no «como estancia temporal» y lanzó una advertencia a los responsables ministeriales a través de TeleMadrid: «En Pozuelo se cumplen las normas y el Gobierno de España no va a saltárselas».

Respaldo total de Ayuso

Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz se asegura que no se ha recibido ningún requerimiento del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para el cierre o la paralización de la actividad del Creade e, incluso, aseguran haber colaborado, «aportando toda la documentación y facilitando el acceso a todas las estancias»., en la inspección urbanística de unas instalaciones que son propiedad de la Seguridad Social y que se cedieron a Migraciones en 2022 para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania.

La directora general de Infancia del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez, sostiene que este es un nuevo escollo que tiene que sortear el Gobierno de España, pues hay 400 menores que deben salir de los centros del Archipiélago en los próximos días y deben buscar espacios en los que acogerles

La alcaldesa del PP tiene el total respaldo del gabinete autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso y su portavoz, Miguel Ángel García, aseguró tras conocerse la decisión que el consistorio está «aplicando la normativa» ante la constatación de que el centro «no reúne las condiciones» y «por tanto, no puede utilizarse de manera permanente para la acogida de inmigrantes y en general para ser un centro que pueda acoger a personas que pernoctan». Además, García reclamó el cierre de los centros de Carabanchel y Alcalá de Henares, a los que calificó como «macrocampamentos».

Firgas también se opuso

No es el de Pozuelo, sin embargo, el primer ayuntamiento que utiliza la excusa de las licencias urbanísticas municipales para impedir la existencia de centros de acogida en su demarcación municipal. Ni las del PP son las únicas siglas que ponen obstáculos a los menores no acompañados procedentes del continente africano.

Al igual que el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se unió a las autonomías del PP que recurrieron ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación de la ley de extranjería, el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez (PSOE), bloqueó la apertura de un centro en el antigüo colegio 'Anita Conrad' al no cumplir con las normativas municipales necesarias para alojar personas.

El proyecto en este espacio, impulsado por Fundación Samu, preveía no solo acoger a los niños y niñas sino impartirles también una formación profesional no reglada que les ayudara a integrarse en el mercado laboral tras cumplir la mayoría de edad, así como organizar actividades deportivas.

El consistorio grancanario insistió entonces en que el colegio no podía ser una residencia, pues ese uso no estaba contemplado en el plan de ordenación municipal. Esta postura encontra del ayuntamiento socialista se agrava si se tiene en cuenta que en Canarias está decretada la emergencia migratoria y que el Gobierno regional, ante la falta de infraestructuras, ha llegado a montar carpas en el muelle de Arrecife por la falta de espacios para atender a los menores.

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