El Govern pretende financiar con 15 millones de euros a la Cambra hasta 2028

El Govern de la Generalitat financiará con 15 millones de euros entre 2026 y 2028 a las cámaras de comercio de Catalunya. Así lo recoge la propuesta de ley pactada entre el PSC, Junts, ERC y PP y registrada de forma conjunta este jueves. El texto consensuado deberá ahora superar un trámite parlamentario para el que los partidarios de la medida tienen una amplia mayoría absoluta. Y llega al Parlament tras años de bloqueo y oposición por parte de las patronales a los conatos de reforma que impulsó la antigua cúpula de la Cambra, cuando gobernaban la institución los independentistas Joan Canadell y Mònica Roca.

PSC, Junts, ERC y PP han acordado cambiar el sistema de financiación de las cámaras, unas corporaciones de derecho público cuyo principal cometido es representar los intereses de todas las empresas y autónomos de Catalunya, así como realizar informes de interés público. Por ejemplo, recientemente la Cambra ha analizado el impacto que tendrán los aranceles anunciados por Donald Trump sobre la economía catalana, cómo la vivienda absorbe ya un tercio del sueldo de los catalanes o qué porcentaje de empresas cumple con las obligaciones en materia de paridad, entre otros.

También asesorar compañías, impartir cursos de formación y ejecutar proyectos y encargos que les llegan desde la Administración. Hasta ahora eran esos encargos, remunerados, y los servicios privados que pudieren ofrecer las cámaras, las que formaban la base de su financiación. Ahora una amplia mayoría en el Parlament ha acordado inyectarle a las cámaras una asignación anual, que forme la base de su presupuesto y que luego puedan ampliarlo mediante la oferta de servicios a empresas.

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La proposición de ley contempla una asignación de tres millones de euros a repartir entre las cámaras que forman el Consell de Cambres en 2026; en 2027 se ampliará hasta cinco millones anuales y en 2028 volverá a ampliarse hasta los siete millones. Más allá de ese horizonte, la propuesta de ley -que puede experimentar cambios durante su tramitación parlamentaria- establece que el Govern y las cámaras pactarán cada tres años un nuevo convenio que especifique las cuantías presupuestarias.

La media anual de financiación fija que recibirá la Cambra durante ese periodo será de cinco millones de euros, algo por debajo de los 6,7 millones de euros anuales que pretendía la actual cúpula de la organización. Esos cinco millones son una inyección fija, que se ampliará luego vía variables en función de la cantidad de encargos que reciban las cámaras de la Administración.

Conflicto salvado con las patronales

Josep Santacreu fue elegido formalmente como nuevo presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona en octubre del 2023, finiquitando así cuatro años de gobierno independentista (los dos primeros años de Joan Canadell y los dos últimos de Mònica Roca). Era la primera vez que una candidatura independentista asumía el mando de la institución y ello no estuvo exento de choques y controversias con parte del tejido empresarial y con el consejo general de cámaras de España.

Uno de los proyectos fallidos del independentismo, tanto de la entonces presidencia de la Cambra, como de los partidos independentistas, entonces gobernando también la Generalitat, fue renovar la ley de cámaras. Y en ello chocaron con las patronales catalanas, especialmente con Pimec, que vieron en ciertos borradores de proyectos de ley un conato de suplantar el rol que ejercían estas organizaciones empresariales.

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El antagonismo entre las partes llegó a tal nivel que, pese a las evidentes diferencias existentes entre Foment y Pimec, acabaron uniendo fuerzas y escenificando un frente común contra la ley de cámaras que pretendía parte del independentismo. En ese sentido, Junts se alineó bastante más con el entonces gobierno de la Cambra que luego ERC, ya que durante su Govern en solitario se acabó desechando esa reforma.

Ahora el texto consensuado por un abanico plural de partidos, en el que coinciden tanto Junts como ERC, especifica que las cámaras de comercio no podrán suponer una competencia para las patronales. “Las cámaras desarrollarán sus finalidades sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial, respetando las funciones y las facultades de representación, defensa y participación de los intereses de trabajadores y trabajadoras y del empresariado que tengan legalmente atribuidas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Catalunya en el ámbito de la negociación colectiva, la participación institucional, el diálogo social y la concertación social", reza el proyecto de ley.

Una declaración de intenciones que lleva la huella de Pimec. Su presidente, Antoni Cañete, se mostró muy duro contra la anterior presidencia de la Cambra y en los pasados comicios, en los que venció Santacreu, llamó a una gran movilización.