El Gobierno incluye en el ‘plan antiapagones’ un salvavidas para cientos de industrias con ampliaciones exprés de la red eléctrica

El Gobierno aprovecha el ‘plan antiapagones’ para intentar poner solución al gran atasco de peticiones de conexión a la red eléctrica desatendidas y que amenaza con provocar la pérdida de cientos de proyectos industriales en España. El Ejecutivo ha incluido en el ‘macrodecreto’ de medidas tras el gran apagón reformas legales para reducir al máximo los procesos administrativos para poder ejecutar ampliaciones exprés de las infraestructuras de las redes eléctricas y enchufar de manera acelerada estas instalaciones industriales.

El objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, es agilizar los largos trámites actuales para la ampliación de los equipos de las subestaciones eléctricas para adaptarlos todo lo posible a las necesidades reales de conexión de la industria, y hacerlo sin tener que esperar a los grandes cambios en la planificación eléctrica, que se hacen cada varios años, y sin tener que pasar por el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha ordenado a Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico, elaborar a partir del próximo octubre y cada cuatro meses un informe con todas las instalaciones de la red eléctrica en que es posible incluir nuevos enganches sin necesidad de realizar grandes inversiones, en los que hay capacidad de acceso para alimentar demanda eléctrica adicional y en los que también existen peticiones de conexión pendientes de atender. Posteriormente, la Secretaría de Estado de Energía dispondrá de dos meses para publicar una simple resolución administrativa para permitir directamente la ampliación de las subestaciones que cumplan con los requisitos.

El Ministerio para la Transición Ecológica podrá incorporar nuevos puntos de enganche a la red eléctrica que se consideren necesarios o cambiar la finalidad de los que ya están previstos en el plan de desarrollo de red para poder conectar a los proyectos industriales que hayan demostrado madurez y firmeza en su desarrollo. Si hay capacidad de acceso disponible o posibilidad de ampliarla sin grandes inversiones, y también hay solicitudes de conexión de proyectos industriales viables, el Gobierno se compromete a dar el ‘ok’ para evitar que se pierdan esas oportunidades económicas y esas inversiones en nueva industria.

En paralelo, el Gobierno se da doce meses para aprobar un real decreto que desarrolle un mecanismo especial para poder atender de manera acelerada las demandas firmes de acceso a la red de transporte de REE cuando las subestaciones no puedan ser ampliadas, cuando una compañía esté dispuesta a hacer un intercambio para engancharse a otro punto de la red o cuando una energética con redes de distribución (la mayoría en manos de las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa o Naturgy) tenga peticiones para conectarse que cumplan las anteriores condiciones.

Planes de red cada tres años

El objetivo del Gobierno es atender las peticiones de proyectos industriales para conectarse a la red de manera rápida y sin esperar a los ciclos de las grandes planificaciones de la red de transporte. En cualquier caso, Transición Ecológica también ha acortado los plazos para aprobar esas grandes planificaciones eléctricas para evitar la pérdida de nuevas plantas energéticas o industriales por la tardanza en adaptar las redes a las necesidades de inversión que van surgiendo.

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Hasta ahora, las planificaciones para ampliar la red eléctrica de alta tensión se hacen cada cinco años, pero el ‘macrodecreto’ con medidas ‘antiapagón’ establece que a partir de ahora se realizarán cada tres años y el Gobierno también se autoimpone a hacer modificaciones de aspectos puntuales del desarrollo de eléctrico cada dos años. El Ministerio para la Transición Ecológica ultima la puesta en marcha de la tramitación administrativa de la próxima gran planificación eléctrica que inicialmente está pensada para cumplir el periodo 2025-2030, pero a la que ya se aplicará estos nuevos plazos y tendrá que ser revisada de manera integral en un trienio.

Contra la especulación

Los permisos para conectarse a la red eléctrica en España se han convertido en un bien cotizadísimo, tanto que ya son un objeto de compraventa y también caldo de cultivo para la especulación. Durante años, el acaparamiento de licencias se concentraba en el negocio de la generación eléctrica en plena expansión masiva de plantas renovables. Pero desde el sector eléctrico se ha venido alertando de que cada vez más la especulación ha dado el salto también a los permisos de conexión a la red para el consumo de electricidad. Miles de proyectos industriales ‘fantasma’ han hecho acopio de licencias pero no se ponen en marcha, perjudicando a otras iniciativas industriales viables que no encuentran dónde enchufarse.

El Gobierno ya aprobó a finales de 2023 dos medidas para intentar pinchar esta burbuja. Por un lado, obligó a los promotores de proyectos que se conecten a las redes a entregar un dinero mediante avales que, si no cumplen sus planes, no les será devuelto. Y por otro, estableció una caducidad automática de los permisos si en el plazo de 5 años desde su obtención no se presenta un contrato técnico de acceso por una potencia equivalente al 50% de la capacidad solicitada. Pero el Ejecutivo decidió aplicar estas medidas solo a proyectos de muy alta tensión de más de 36 kilovoltios (kV), lo que ha hecho que muchos promotores opten por la picaresca y se presenten muchas solicitudes por debajo de ese tope.

Para intentar atajar la burbuja especulativa que no ha dejado de crecer, ahora el Gobierno ha generalizado la caducidad a los cinco años de los permisos de acceso a la red a todos los proyectos con una tensión de más de 1 kilovoltio. Si los titulares de los permisos no han formalizado en cinco años un contrato de acceso por una potencia de al menos de la mitad de la concedida en la licencia, perderán el derecho de acceso. Y si la empresa no aprovecha toda la potencia del derecho, también perderá esa potencia sobrante para poder adjudicársela a otra compañía interesada.

El Gobierno no ha atendido en este campo una de las exigencias de las grandes eléctricas con redes de distribución, que venían reclamando establecer hitos intermedios para comprobar la madurez de los proyectos sin esperar a que se cumpla el plazo de cinco años. Esto es, las eléctricas pedían que los proyectos estuvieran obligados a dar una especie de ‘fe de vida’ cada año o al menos cada dos años, para poder conceder los permisos de acceso a otras empresas si los proyectos no avanzan o dan muestras de que son ‘fake’.