Solo uno de cada cuatro euros recaudados se reinvierte en políticas habitacionales en Catalunya

En 2023, las administraciones públicas recaudaron en Catalunya cerca de 5.000 millones de euros relacionados con la vivienda: desde transmisiones y construcciones hasta otras tasas urbanísticas. Sin embargo, solo 1.500 millones se reinvirtieron en gasto habitacional. Es decir, solo se destina a vivienda uno de cada cuatro euros generados por el mercado inmobiliario. Esta es una de las principales conclusiones del informe “El gasto público en vivienda en relación con la recaudación por el hecho imponible vivienda”, elaborado por la cátedra “Habitatge i Futur”, de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) y la cátedra Grupo Tecnocasa-UPF de Análisis del Mercado de la Vivienda.

Esta brecha se ha agravado en los últimos años: desde 2018, la recaudación fiscal por el “hecho imponible vivienda” muestra una tendencia creciente entre 2018 y 2023, mientras que la inversión pública en este ámbito no ha seguido el mismo ritmo, manteniéndose por debajo del 30% del total recaudado en el periodo analizado. Concretamente, en 2023 se dedicó a gasto en vivienda el 25,1% del total recaudado, porcentaje que cae hasta el 15,9% si se excluyen los fondos europeos Next Generation.

El estudio, centrado en 51 municipios catalanes con más de 25.000 habitantes - que concentran cerca del 70% de la población y de las transacciones inmobiliarias-, revela una preocupante desconexión entre lo que se recauda del mercado inmobiliario y lo que se invierte para garantizar el acceso a la vivienda.

Una inversión desigual entre administraciones y municipios

Si se segmenta por administraciones, la fotografía es desigual: la Generalitat de Catalunya recaudó unos 2.100 millones de euros y destinó un 13,3% a políticas de vivienda, los ayuntamientos ingresaron 2.300 millones y reinvirtieron un 22,2%, mientras que la administración estatal, con algo más de 213 millones de recaudación, destaca con una ratio de gasto del 168,1%, debido a que en muchos municipios la recaudación neta fue negativa por efecto de deducciones fiscales, especialmente en el IRPF.

El análisis territorial también muestra importantes disparidades. Si bien Barcelona encabeza el ranking en términos absolutos – con más de 1.900 millones de euros recaudados y 350 millones invertidos-, al ajustar el análisis al número de viviendas, municipios como Olot, Salt o Santa Coloma de Gramenet destacan por su esfuerzo inversor y superan a la capital catalana al destinar una proporción significativamente mayor de sus ingresos a políticas habitacionales.

En el extremo opuesto se encuentran Sant Cugat del Vallès o Sitges que, a pesar de recaudar hasta 2.500 € por unidad habitacional, en alguno de los casos reinvierten menos del 15% en vivienda.

Estas diferencias reflejan, según los autores del estudio, la ausencia de criterios redistributivos o de corresponsabilidad fiscal en la asignación del gasto habitacional.

España, muy lejos del estándar europeo de vivienda social

El informe señala que España se sitúa a la cola de Europa en vivienda social. Como muestran las cifras, solo el 1,13% del parque residencial español está destinado a alquiler social, muy por debajo de la media de la OCDE (7,75%) o de países como Países Bajos (37,7%) y Austria (23,6%). Faltan 1,5 millones de viviendas sociales para alcanzar niveles comparables a la media europea, una escasez que se ha visto agravada por la caída sostenida de la producción de vivienda protegida desde la crisis financiera de 2008.

A ello se suma que, tal y como muestra el informe, 4 de cada 5 visados que se otorgan para construir obra nueva de vivienda protegida son de empresas promotoras privadas. Entre 2014 y 2022, solo el 20% de las viviendas protegidas fueron promovidas por entidades públicas.

La vivienda como derecho

¿Es posible acabar con esta falta de vivienda social? ¿Cómo reequilibrar la relación entre recaudación e inversión para incrementar estas cifras y lograr una política de vivienda más equitativa?

El estudio propone una hoja de ruta ambiciosa pero clara: si durante la próxima década se destinara el 75% de los ingresos generados por el “hecho imponible vivienda” a políticas habitacionales, España podría corregir el déficit estructural de vivienda social y alinearse con los estándares europeos.

Para lograrlo sería necesaria una transformación profunda que, además de mecanismos de corresponsabilidad fiscal entre los diferentes niveles de gobierno, debe contemplar un marco financiero estable y sostenido para planificar la ampliación del parque público de vivienda, con objetivos cuantificables y mecanismos de seguimiento. También son necesarias mejoras administrativas para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, reducir los plazos de tramitación, revisar la estructura de tasas para evitar duplicidades y fomentar una mayor transparencia en el uso de los recursos recaudados.

Por supuesto, todas estas propuestas se sustentan, como subrayan los autores del estudio, sobre un cambio de prisma fundamental: la vivienda requiere de planificación pública, inversión sostenida y voluntad política. Es hora de que el gasto en vivienda refleje el esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos.