Las comunidades del PP 'copian' la medida estrella de vivienda de Ayuso

Diferentes comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) han sacado adelante este año nuevas normativas en materia de vivienda ante el acuciante problema existente en algunas zonas de accesibilidad tanto en venta como en alquiler. Estas regulaciones han tomado como base las diferentes políticas puestas en marcha previamente en la Comunidad de Madrid, pionera en esta materia del partido conservador. Entre ellas, las regiones populares han copiado la norma puesta en marcha en la capital que permite la construcción de vivienda protegida sobre suelos cuyo destino original era otro, como edificios de oficinas, medida que en sus primeros meses de aplicación ha permitido el desarrollo de más de 1.500 inmuebles de carácter asequible.

En los tres primeros meses del año, los ejecutivos Juanma Moreno y Marga Prohens aprobaron sus reformas de la regulación residencial, a las que se unió la del gobierno de Fernando Clavijo (de Coalición Canaria, pero apoyado por el PP) en abril y María Guardiola en mayo. El último en sumarse ha sido López Miras, que además pretende reformar próximamente nuevas leyes. Las regulaciones tienen como base la ley 3/2024 de la Comunidad de Madrid, que permitió el cambio de uso durante dos años de suelos, incluso ya edificados, de uso terciario de oficinas para permitir la construcción de vivienda protegida en arrendamiento.

En febrero, Andalucía aprobó la 1/2025 para permitir los cambios de uso de parcelas ideadas para alojar edificios de oficinas o alojamiento turístico, siempre y cuando se destinen a vivienda protegida en venta o alquiler, además de dar vía libre a transformar terrenos dotacionales titularidad de privados también en inmuebles residenciales siempre que se destinen al arrendamiento. La ley 3/2025 de Canarias lo autoriza en parcelas terciarias, comerciales e industriales, normativa similar a la de Extremadura, aunque en caso de esta región el decreto no ha sido convalidado en el parlamento por los votos en contra de Vox.

La legislación aprobada (ley 3/2025) en Baleares es la más ambiciosa, ya que contempla la creación de los Proyectos Residenciales Estratégicos en suelos urbanos y urbanizables, que permitirá eliminar de un plumazo una buena parte de la burocracia urbanística que limita el desarrollo de vivienda en el caso concreto del Ayuntamiento de Palma. Esta ley permitirá también la construcción con condiciones sobre suelo rústico, uno de los puntos que ha levantado más polémica por las potenciales consecuencias medioambientales que pueda tener la medida.

La última en salir adelante ha sido la de Murcia, que no está solo enfocado en vivienda, sino que busca la simplificación administrativa de la administración regional. Esta normativa pone en marcha en la región la figura de la licencia básica o las declaraciones responsables, mecanismos y herramientas ya en vigor desde hace años en el Ayuntamiento de Madrid. El Ejecutivo de López Miras espera reformar también en los próximos meses el reglamento de vivienda protegida, un cambio que también tiene en marcha la Comunidad de Madrid.

Más de 1.500 viviendas protegidas en medio año

En los primeros meses de aplicación de la norma, la ley 3/2024 de la Comunidad de Madrid ha permitido la puesta en marcha ocho proyectos que suman 1.525 viviendas protegidas en régimen de alquiler. La mayoría de estas se han localizado en una única zona, el barrio de Valdebebas, un desarrollo urbanístico en el noreste de la capital, salvo una urbanización, que será en el municipio de Arroyomolinos. Adicionalmente, según los datos que maneja la Asociación de Promotores y Constructores de Madrid (ASPRIMA), habría en marcha otros 1.350 pisos en diferentes fases de estudio, que esperan que se pongan en marcha, permitiendo rozar o superar los 3.000 inmuebles en el primer año desde la aprobación de la regulación. Estas cifras se han logrado a pesar de que un grupo de ayuntamientos ha decidido no aplicarla y otros han impuesto severas restricciones.

Fe de erratas: En una primera versión no se hacía referencia a que el Decreto-ley 2/2025, de 19 de mayo, de la Junta de Extremadura, no fue convalidado en la asamblea tras no contar con el apoyo de Vox. Se procede a modificar y matizar el artículo.