El 85% de las viviendas compradas por la Generalitat en dos años para alquiler social eran de Divarian, Inmocaixa y BBVA

En los años 2024 y 2025 la Generalitat ha formalizado la compra de 1.966 viviendas para incorporarlas al parque público protegido. Los tres principales vendedores, que han representado el 85,14% de esos inmuebles, han sido la gestora de activos inmobiliarios Divarian (822), InmoCaixa (450) y el BBVA (402). En total, en el último año y cuatro meses, hasta abril, estos grandes tenedores se han desprendido de 1.674 de los 1.966 pisos que ha adquirido la Agència de l’Habitatge de Catalunya y el Incasòl por unos 180 millones de euros.

Esta aplastante mayoría de pisos por parte de estas tres entidades se explica por la importante compra a Divarian de 743 pisos del pasado febrero, al que se destinaron 72 millones por parte de la Agència de l'Habitatge. También por la adquisición, en el caso del Incasòl, de otros 450 a finales de 2024 a Inmocaixa, que es la inmobiliaria de Criteria (cuyo principal accionista a su vez es CaixaBank) por 30,4 millones. Tanto esta última operación, anunciada por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, como el resto de compras menores, se circunscriben al plan del Govern de lograr 50.000 nuevas viviendas de alquiler protegidas en 2030.

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Nuevas operaciones en julio

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, en las próximas semanas se podrían anunciar dos nuevas operaciones de gran calado por parte del Ejecutivo de Salvador Illa. Son adquisiciones de una decena de promociones de edificios propiedad igualmente de Inmocaixa, como ya ocurrió el año pasado, que sufragaría el Incasòl y sumaría más de 400 pisos al parque social. Fuentes de la empresa pública recuerdan que estas compras se pueden realizar gracias a los depósitos de las fianzas, que en 2023 alcanzaron los 121 millones de euros netos. La ley permite que el Incasòl se gaste estos importes (excepto el 5% del total de las fianzas) tanto en construcción como en adquisiciones de vivienda pública.

Las mismas fuentes admiten que "constantemente se reciben propuestas, muchas veces hay que desestimarlas porque no encajan por situación, número de viviendas en un bloque o precio de explotación y el trabajo técnico es buscar que encaje". Ahora mismo desde el Govern se cuenta con una radiografía bastante fiel de la situación del mercado inmobiliario, pero las negociaciones son continuas con las entidades bancarias o los fondos de inversión, considerados grandes tenedores. Con el presupuesto de la Generalitat prorrogado, la capacidad de maniobra no es demasiada.

Proteger a las personas

En el caso de la Agència de l'Habitatge, se utiliza el derecho de adquisición preferente por parte de la administración en los procesos de tanteo y retracto, como el de Divarian de abril, que permitió garantizar la vivienda de familias que la habían perdido por ejecuciones hipotecarias y que ahora continuaban residiendo en ellos de alquiler, amparados por el programa Reallotgem. "Intentamos romper con la especulación de bienes que habían pertenecido a personas vulnerables y que ciertos fondos pretendían", describe la secretaria de Habitatge de la Conselleria de Territori, Lídia Guillén.

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La responsable de estas políticas desde el mes de agosto pasado asegura que la compra de pisos, tanto sueltos como en bloques de edificios, varía en función de la capacidad económica de ambas entidades: "Cuanto más presupuesto tienes, mejor y antes puedes negociar". Además, añade, se trata de una "política de efectos inmediatos", ya que se trata de activos que rápidamente se pueden poner a disposición de las familias, porque la construcción de nuevas promociones públicas tiene unos plazos más largos.

Barcelona y Terrassa al frente

Con los más de 400 nuevos pisos que probablemente entrarán en la cartera de la Generalitat en las próximas semanas, se superarán las 2.000 adquisiciones entre 2024 y 2025. Durante este año, el Incasòl todavía no había hecho efectiva ninguna operación, mientras que en 2024 se gastó 34 millones de euros, 30,4 de los cuales fueron para Immocaixa, con protagonismo para bloques en Vic (78 pisos), en Salou (77) o Girona (72).

No obstante, un análisis detallado de los datos facilitados por la Agència de l'Habitatge de Catalunya y el Incasòl sobre los 1.966 pisos adquiridos mayoritariamente a Divarian, Inmocaixa y BBVA permiten confirmar que Barcelona, con 133 inmuebles, Terrassa, con 120, y Girona, con 109, son las tres ciudades catalanas donde se han llevado a cabo más operaciones, sumando tanto la Agència de l'Habitatge como el Incasòl. En cuanto al presupuesto más elevado, coincide ese mismo ránking, con más de 11 millones de euros para la capital catalana o 9,3 millones para la cocapital del Vallès Occidental.

Fuentes de la Agència explican que la mayoría de los inmuebles que adquieren están en zonas tensionadas, sobre todo de la demarcación de Barcelona, y, a pesar de que la Generalitat es la que tiene prioridad en el tanteo y retracto, muchas veces ceden la compra a ayuntamientos o bien a entidades del tercer sector. En el caso del Incasòl, calculan que solo un 30% de los 500 pisos adquiridos en 2024 contaban con una persona inquilina.

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